El genocida de la ESMA, Jorge Radice, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en dos procesos judiciales, tiene latente la posibilidad de lograr su prisión domiciliaria. Lo que puede provocar un "efecto dominó". Es que los camaristas de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, atendieron un planteo de su abogado y ordenaron al Tribunal Oral en lo Federal N° 5, que ya había rechazado su detención hogareña, que revea su caso. ¿La razón? Un agente penitenciario de la Unidad 31 en la que está alojado dio COVID-19 positivo. En la misma unidad penal se encuentran los represores Alfredo Astiz y Jorge “El Trigre” Acosta. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y dijo que con esta resolución se “infunde temor”.
Radice está condenado a prisión perpetua en los procesos ESMA II y ESMA “Unificada”, por privaciones ilegítimas de la libertad, es decir, secuestros; tormentos; asesinatos; y sustracción de menores, contra más de 350 víctimas.
Este viernes, Mahiques y Yacobucci hicieron lugar al planteo de este importante represor de la Escuela de Mécanica de la Armada (ESMA) y ordenaron remitir las actuaciones al TOF N° 5 para que se analice de nuevo su situación atento que se produjo, a su criterio, “un hecho nuevo”, esto es, el contagio de un agente del Servicio Penitenciario Federal.
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No obstante, según fuentes judiciales no hay casos sospechosos en el penal en la actualidad. Tampoco hay indicios de detenidos contagiados. Además, la Unidad N°31 está subpoblada: tiene una ocupación del 40% por lo que puede aplicarse el distanciamiento social sin problema. A esto se suma que los tribunales de Mar del Plata rechazaron un planto similar por parte de Miguel Etchecolatz, alojado en el mismo penal; y que en otras cárceles donde se produjeron casos de COVID-19 positivo no se procedió a otorgar domiciliarias, como sucedió en Devoto o en una penitenciaría correntina. Menos aún cuando los involucrados son personas privadas de su libertad por haber cometido crímenes aberrantes. Los organismos internacionales aconsejan ser muy restrictivos a la hora de otorgar ese beneficio en casos de delitos graves.
Ante estas circunstancias, el camarista Slokar salió al cruce de sus compañeros de sala. En primer lugar, destacó que Radice tiene 68 años y no reúne los requisitos legales para la concesión de la domiciliaria. Remarcó que está condenado a prisión perpetua.
Respecto de la Unidad N° 31 del SPF, Slokar resaltó que tiene una de las tasas de ocupación más bajas del servicio: se encuentran alojadas 101 personas cuando su capacidad operativa es para 249 detenidos, “razón por la cual se encuentra ocupada sólo en un 40,56 %”.
En su voto en disidencia, consideró que lo alegado por la defensa del represor “no reúne la mínima base -y sólo contribuye a generar temor y perjudicar la situación emocional de las personas allí alojadas y su entorno, en el grave contexto general de pandemia-, atento la verificación de la inexistencia en la fecha de casos comprobados, ni tampoco sospechados, de personas privadas de la libertad con COVID-19 en la Unidad 31, de acuerdo a la información oficial disponible en el Servicio Penitenciario Federal”.
Slokar también destacó que la unidad penal comunicó que adoptó diversas “medidas de resguardo conforme a los protocolos vigentes sobre la materia, por caso, la licencia excepcional preventiva respecto de aquellos agentes penitenciarios que tuvieron contacto con casos positivos, medidas de desinfección y limpieza diaria, distribución de elementos de higiene y prevención entre los detenidos, revisión médica de los internos”. Acto seguido, señaló que es “indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente”.
Los jueces Mahiques y Yacobucci, una vez más, tuvieron una posición diferente a la de su colega.
Mahiques, en su voto, sostuvo que tras el rechazo de la domiciliaria por parte del TOF 5, “se habría confirmado que personal del Servicio Penitenciario Federal que mantiene trato frecuente con los internos alojados en la U. 31 ARAM-SPF, estaría afectado por el virus COVID 19. Dicha circunstancia -ahora invocada por la defensa- no pudo ser considerada por el a quo al momento de resolver la incidencia”. Por eso considera necesario que “se dicte un nuevo pronunciamiento”. Yacobucci acompañó este voto a pesar que la mentada relación frecuente con los internos no habría sido tal.
Los dos camaristas, que ya beneficiaron a diversos represores con la excusa del coronavirus, se habían pronunciado en igual sentido este jueves con otros dos detenidos de ESMA: Ramón Zanabria y Carlos Carrillo. Para ambos, el Ministerio Público Fiscal y las querellas habían pedido la reclusión perpetua.
Ante este cuadro de situación es de esperar que se repliquen los planteos por parte de otros genocidas que están detenidos en el mismo penal como Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre Acosta”.
Mahiques y Yacobucci
Ambos magistrados ya beneficiaron a otros represores, en el marco de la pandemia, y fueron repudiados por organismos de DD.HH. y hasta por sus colegas de Justicia Legítima.
Tanto Mahiques como Yacobucci ya otorgaron la domiciliaria al genocida Lucio Nast, condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad, y habían dejado a un paso de irse a un country al represor Cinto Courtaux, por citar dos ejemplos.
Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y era juez de la Casación ordinaria cuando en mayo de 2017 pasó a la Casación Federal a dedo, es decir, sin concurso ni aprobación del Senado, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Es el padre de Juan Bautista Mahiques, funcionario macrista a quien se acusó de impulsar el Lawfare contra dirigentes opositores en tiempos en que gobernaba Macri.
Yacobucci escribió en la revista Cabildo, entre 1977 y 1978, mientras estudiaba Derecho. Cabildo fue un medio que defendió a ultranza del terrorismo de Estado. En coherencia con ese pensamiento, en 2008, Yacobucci falló a favor de la libertad de represores de la ESMA, entre ellos “El Tigre” Acosta y Astiz, la que finalmente no se concretó. Fue nombrado en la máxima instancia penal del país durante el gobierno macrista.
Estos mismos jueces deberán definir en los próximos días la suerte de “El Tigre” Acosta y del exmédico de la Armada, Carlos Capdevila. Respecto al primero, su defensa solicitó la domiciliaria días atrás. En lo que hace al segundo, el Tribunal Oral Federal le otorgó el beneficio de la prisión hogareña, lo que fue recurrido por el fiscal y las querellas.
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