La viralización de la disparatada teoría de Felicitas Beccar Varela, senadora de Juntos por el Cambio que aseguró que el Gobierno tiene un plan sistemático para liberar presos y convertirlos en "futuras patrullas que amenazan jueces", generó fuerte revuelo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, desmintió semejante operación y aclaró que los pedidos de prisiones domiciliarias son definidos por la Justicia sin ningún tipo de injerencia del Poder Ejecutivo.
Ante semejante disparate, Alak negó "categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias".
Para los despistados, explicó que "los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales".
Por eso, remarcó que "tanto el Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad".
Beccar Varela había asegurado que “los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan para tomar tu capital”, y agregó que "el coronavirus es una excusa para cerrar la economía, cerrar las fronteras y que todos los comercios e industrias fundan para luego empezar a estatizar. Compran las empresas a precio muy barato y si no te las pueden comprar te la sacan”, afirmó y lanzó que irán “por el sector agropecuario, que es lo poco que va a quedar en pie”.
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