Avanzan los acuerdos por suspensiones de trabajadores con reducción salarial. En este contexto, surgen críticas respecto a los puntos establecidos en el documento y al perjuicio que significa para el trabajador por el recorte en su poder adquisitivo ya golpeado por la inflación de más del 50% que dejó Mauricio Macri solo en 2020. Abogados laboralistas sugieren que así como el trabajador cede parte de su salario en el contexto de la crisis por coronavirus, también participe de las ganancias de los empresarios cuando la actividad productiva se recomponga.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, se produjeron en el país 5.386 cesantías, 7.223 suspensiones, 3.070 atrasos de pago de salarios, 54.030 reducciones de haberes, 8.480 suspensiones y 231.483 convenios obrero-patronales de baja de ingresos, y puntualizó que "no obstante la crítica realidad nacional no se percibió en ese período una cantidad numerosa de casos de despidos".
Esto generó que un acuerdo entre la CGT y la UIA, avalado por el Gobierno, para llevar a cabo suspensiones de trabajadores de empresas en crisis por la cuarentena con un recorte salarial del 25% del neto a cambio de una garantía de estabilidad que regirá para el período abril-mayo. El Destape consultó a los abogados laboralistas Héctor Recalde y Álvaro Ruiz y ambos compartieron críticas a los términos del acuerdo y al contexto en el que se dio cuando el Gobierno implementó medidas para garantizar el 50% del salario del trabajador, créditos y suspensión del pago de contribuciones patronales.
"La Constitución nacional en su art.14 bis establece que los trabajadores tienen derecho a participar en las ganancias de las empresas", aseguró Recalde. "No se puede admitir que se los los haga participar en las pérdidas", sumó.
"No está claro qué pierde el sector empresario y cómo compensa lo que pierden los trabajadores de acá para delante", consideró Ruiz y señaló que "comprometerse a mantener el personal no significa nada porque ya están prohibidos los despidos por decreto". Sobre esto, agregó: "El mantenimiento del puesto de trabajo tendría sentido como beneficio para el trabajador post pandemia. Si se comprometen de acá a un año a mantener el puesto de trabajo y a una devolución de lo que trabajadores pierden una vez que se reactive la actividad sería compensatorio. De eso no hay nada".
En la semana, en diálogo con Maldita Suerte (El Destape Radio), el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, expresó: “Es un mensaje, una suerte de carta de intención que avala la reducción de salarios”. Y siguió: “Veníamos en la defensa de que la crisis por el aislamiento no debía significar ningún tipo de pérdidas en el salario de ningún trabajador, va en el sentido contrario de lo que dicen los primeros decretos del Gobierno. Inclinan la balanza para un lado en la discusión de quién debe pagar los costos de la crisis”.
Por último, en cuanto al respaldo del acuerdo por parte del Gobierno, Ruiz objetó: "El gobierno no debería homologarlo porque no es una expresión sindical que se pueda tomar como general tal como se lo plantea. No es la expresión de una decisión de la central sino de algunos de los que están en el consejo directivo. Corrientes internas no han tenido partcipación. por lo que esto demuestra un debilitamiento del movimiento obrero".
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