A las 20, sorpresivamente, en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país comenzaron a sonar cacerolas y bocinas contra las prisiones domiciliarias a detenidos en este contexto de pandemia. La operación llevada adelante por los medios hegemónicos hizo que una parte importante de la población creyera que asesinos y violadores iban a ser liberados. Ésto pese a que el Gobierno, en todos sus niveles, desmintió semejante fake news y negó que haya una política orientada en este sentido. Así, desde los principales canales y páginas opositoras, buscaron golpear la creciente imagen positiva de Alberto Fernández y movilizar a la población en su contra.
Ayer, el Presidente cuestionó la postura que tomaron algunos comunicadores, los que llevaron las banderas de la operación: “Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”. Y aclaró que "la solución del problema (sobrepoblación de cárceles y prisiones domiciliarias) está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema".
En el mismo sentido, Axel Kicillof afirmó que "es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales".
Ésto no bastó para cortar con la ola de fake news y operaciones político-mediáticas que intentan cimentar la imagen del Gobierno y se plasmó en los balcones.
La Cámara Federal de Casación Penal, que aborda delitos federales, dictó el 13 de abril la acordada 9/20 en la que fomenta el “despoblamiento” de las cárceles federales. Sugirió, por ejemplo, medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria “con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder” para casos puntuales.
En la acordada, se explicitó que la decisión debe alcanzar a: personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos; condenados por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta; con penas de hasta 3 años de prisión; personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas (algo que ya venía sucediendo); personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades, inmunodeprimidas o con condiciones crónicas.
Para los delitos graves, estableció que se merite “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”.
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