El cuidado y la prevención en los geriátricos es crucial. En varias ciudades del mundo se convirtieron en el punto cero de la propagación del coronavirus y el problema central radica en que en las residencias viven adultos mayores, que forman parte de la población de riesgo ante la pandemia. Apart Incas de Belgrano es una institución que quedó en el ojo de la tormenta luego de que se confirmaran cinco muertes por el virus, lo que llevó al Gobierno porteño a clausurarlo. Pero detrás de esa empresa hay un complejo entramado de sociedades, todas integradas por un número reducido de socios, con nombres repetidos y alternados, y una offshore que fue la que adquirió el inmueble ubicado en Avenida de los Incas 3083/3093.
Según se desprende de la investigación que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Ricardo Nissen, el inmueble donde se encuentra el geriátrico en cuestión es compartido por tres sociedades diferentes: “Apart Incas Sociedad de Responsabilidad Limitada”, “Vismeg SRL” y “Residencia Incas SRL”. El Destape pudo saber que la propiedad fue adquirida por la sociedad offshore española Compañía Ardenol S.A. constituida en Uruguay, Montenvideo particularmente. Luego se nacionalizó argentina y sus socios en ese momento fueron Edgardo Néstor Chouela y René Federica Reimann.
El matrimonio Chouela aseguró no poseer actividades en Uruguay y explicó que su único patrimonio estaba constituido por una finca, con frente a la calle Zapiola nº 1641 esquina Avenida de los Incas 3083 a 3093. Justo la dirección del geriátrico, donde constituyeron domicilio especial y donde también se fijó la sede social que se identificó como “continuadora” de la compañía uruguaya. Posteriormente, cambiaron esta última dirección a la calle José Evaristo Uriburu 1590, en enero del año pasado.
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En ese inmueble adquirido por la sociedad offshore es donde funciona la residencia Apart Incas, una S.A. constituida en 1995. Justamente, Edgardo Chouela es uno de sus fundadores, junto a Manuel Zajac. La misma se creó para la explotación de establecimientos geriátricos, neurosiquiátricos, de rehabilitación, clínicas y/o sanatorios dedicados a toda clase de especialidades. Como se verá más adelante, esta fue la punta del ovillo de un entramado de empresas que se caracterizan por tres cuestiones centrales: un directorio muy escueto; nombres repetidos, que se alternan entre una y otra compañía y una semicapitalización importante, con un capital social muy bajo.
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Con el tiempo, hubo algunos cambios en la dirección de la empresa con nombres que se repiten: Manuel Zajac y Norma Alicia Ideces de Zajac, René Reimann de Chouela, Ezequiel Chouela, Edgardo Néstor Chouela. Estos últimos tres registraron domicilio en Uriburu 1590, el último establecido para la sede social de la offshore que adquirió el inmueble del geriátrico Apart Incas de Belgrano.
El 3 de abril de 2018 se transfieren el 100% de las acciones a Daniel Megyes y Hugo Eduardo Visca. Con esta nueva composición, se designó como presidente de la sociedad a Daniela Alejandra Gonzalo (esposa de Visca ), empresaria, y como vice a Alicia Haydee Allegue (esposa de Megyes ), también empresaria, siendo los accionistas los suplentes. Algo que quedó en familia, según se desprende de la investigación que realiza la IGJ a pedido de la Justicia.
Tal como reconstruyó El Destape, estos nombres son los que desencadenaron la catarata de sociedades, ya que son los apoderados de la institución en la que se desató la tragedia. Todas tienen el mismo objeto (explotación de geriátricos), los mismos personajes y un bajo capital accionario, lo que llamó la atención del organismo fiscalizador que el Gobierno de Mauricio Macri buscó trasladarla bajo la competencia del Gobierno porteño.
Se trata de un vasto grupo societario integrado por nueve compañías, dos S.A. y siete de responsabilidad limitada. Las mismas son: “Apart Incas Sociedad Anónima” ( 1995 ); “Vismeg Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2010 ); “Finosa Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 1981 ) ; “Medical View Sociedad de Responsabilidad Limitada ( 2005 ) ; “Megall Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2001 ); “Residencia Incas Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2014 ); “Ancient Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2015 ), “Residencias Cullen Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2018 ) y “Cedafa Sociedad Anónima” ( 1982 ).
Esta enumeración no incluye a la compañía uruguaya nacionalizada argentina, que compró el inmueble donde funciona el geriátrico, porque está integrada sólo por los dueños del inmueble y alquila el predio a tres sociedades del grupo: Apart Incas SA, Vismeg SA y Residencia Incas SRL.
En su mayoría, las personas que integran los grupos societarios son Luis Megyes, Alicia Allegue, Hubo Visca y Daniela Gonzalo, que se combinan como accionistas, socios o integrantes del órgano de administración. Según la investigación, también aparecen otros personajes vinculados a éstos, de forma circunstancial, como Cristian Megyes (socio en Ancient S.R.L.) y Pablo Duprerre (socio en Residencias Inca S.R.L.).
Un detalle que llamó la atención es que siempre se trata de sociedades de un número reducido de socios, con las mismas personas físicas integrantes de ellas, pero alternándose los cargos en dichas sociedades y que están infracapitalizadas o semicapitalizadas. Entre todas, tienen un capital social de tan sólo $752.000.
Además, algunas de estas empresas comparten la misma sede social. Apart Incas SA la tiene en Avenida de los Incas 3083/3093 CABA, donde también está registrada Vismeg SRL. Residencia Incas SRL funciona muy cerca, al lado de hecho, en la Avenida de los Incas 3096. En tanto, Residencia Cullen SRL registró sede en la calle Cullen 5849, al igual que Cedafa SA (Cullen 5849/51). Esta última fue constituida en 1982 y el grupo Megyes-Visca se incorporó en 2015. Sus directores, Luis Daniel Megyes, Hugo Eduardo Visca y Daniela Alejandra Gonzalo, constituyeron domicilio especial también en Cullen 5849.
Por si fuera poco, dichas sociedades no registraron nuevas inscripciones en el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia, más que su acto constitutivo, y el cumplimiento con las obligaciones con la IGJ es nulo, asegura la investigación. La sociedad Cedefa SA presentó sus últimos estados contables en el año 1996 y abonó por última vez la “Tasa de Inspección” en el año 2006. En tanto, “Apart Incas SA” presentó sus últimos estados contables en el año 2005 y la última tasa pagada es del año 2000. Finalmente, la originalmente offshore uruguaya, dueña del inmueble del geriátrico, nunca presentó estados contables ni abonó tasa de justicia, a pesar de haberse nacionalizado en el año 2006.
Cuando la tragedia del geriátrico salió a la luz, Megyes, su apoderado, aseguró que desde el primer día consideraron “derivar a los pacientes” y apuntó contra el Gobierno porteño, que les planteó que “no era lo apropiado”. El abogado de las víctimas, Ignacio Trimarco, le dijo a Infobae que las muertes se enmarcan en la figura de abandono de persona, “un delito que implica una pena de hasta 15 años de prisión. Por eso solicitamos la detención de las autoridades del geriátrico como de la directora médica, la doctora Raffo”.
Ante la situación, desde la Ciudad resolvieron la clausura del lugar. En un comunicado sostuvieron: “En virtud de que los dueños del lugar no informaran ni colaboraran con la crítica situación de los internados, la Ciudad procedió a evacuar el geriátrico y se hicieron presentes en el lugar los organismos de contralor a efectos de realizar los procedimientos inspectivos correspondientes y proceder a la clausura inmediata y preventiva”.
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