La pandemia generó un nuevo desafío a las políticas asistenciales. La urgencia evidenció que había millones en la más absoluta informalidad, pero también una red comunitaria dinámica y activa de contención social que extiende las fronteras del Estado.
La rápida reacción del gobierno nacional con medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia se complementaron con el esfuerzo de la economía social y popular que impulsan las organizaciones sociales arraigadas en los territorios.
En el gobierno trabajan en el diagrama de la próxima etapa, más allá de la pandemia, para institucionalizar las herramientas de contención y atender la demanda ante la pérdida de ingresos y el aumento de la pobreza.
El anuncio del endurecimiento de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires estuvo acompañado por la confirmación presidencial de que habrá un tercer pago del IFE, el bono de $10.000 que otorga la Anses al sector informal, aunque en esta tercera etapa estará enfocado en las zonas más afectadas por la pandemia, AMBA y Chaco, más “alguna otra zona que entendamos que lo necesita".
Alberto Fernández destacó que el IFE “evitó que entre 2,5 y 4 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia”. El organismo que conduce Fernanda Raverta ya comenzó la segunda ronda de pago bajo un esquema de bancarización.
Pero esta tercera etapa deja afuera a muchas familias que necesitan esa asistencia en el resto de las provincias que, aunque ya avanzan hacia una mayor apertura económica, seguirán hundidas en la crisis. La situación social ya era crítica en todo el país luego de los años de ajuste y exclusión durante el ciclo macrista, con un índice de pobreza que trepó hasta el 35,5% al cierre de 2019.
Hace una semana, el presidente aseguró en declaraciones a El Destape Radio que busca avanzar en la implementación de un ingreso universal. "Es una iniciativa muy interesante", dijo. Este viernes, la titular de Anses, Fernanda Raverta, confirmó que el Gobierno trabaja en el diseño.
Como anticipó El Destape, el plan oficial para el impulso de los sectores informales consiste en tres ejes que diagramó el ministerio de Desarrollo Social: la reconversión de los planes sociales en trabajo garantizado, con el programa Potenciar Trabajo, ingreso universal, más la urbanización de 4000 villas, asentamientos y barrios populares en todo el país.
En el ministerio que conduce Daniel Arroyo calculan que entre los 9 millones que cobran el ingreso familiar, hay 3 millones que están en situación de extrema vulnerabilidad. Esos serían los destinatarios del post-IFE.
El IFE se estableció al comienzo de la pandemia y se complementó con otros beneficios sociales, pero se trata de una medida urgente y transitoria. En el gobierno piensan que puede ser un antecedente para garantizar un piso de ingresos y transformarse en una política estable, como la Asignación Universal por Hijo, un derecho otorgado por el gobierno de Cristina Fernández en 2009.
El debate interno gira en torno a si se establece un ingreso mínimo por derecho básico, si debe ser condicionado a una contraprestación laboral, y a qué sectores puede alcanzar. Se estudia si se instrumentará por familia o por adulto. El mecanismo puede implementarse mediante una extensión de la AUH para abordar la pobreza infantil, aumentar la experiencia del IFE y generar un corte en los sectores con mayores vulnerabilidades, o una combinación de ambas. También se discute cómo se financia. Más allá de la voluntad política, los recursos se cuentan a uno.
Mientras el gobierno amortigua la caída, una de las preguntas es cuánto tiempo resiste la asistencia económica del Estado sin las reformas necesarias para fortalecerlo ante una crisis de magnitudes históricas para el mundo entero.
En ese sentido, un relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que las medidas dispuestas por el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia equivalen al 5% del PBI, si se suman la asignación de beneficios y las facilidades financieras para las empresas y monotributistas.
En medio de un debate global, ya hay esquemas de transferencias directa de recursos para la población más vulnerable y empobrecida que se aplicaron en varios países como España, Francia y Estados Unidos.
En la Argentina ya fue propuesto por UNICEF, con la proyección de que para fin de este año habrá más de 750.000 niñas, niños y adolescentes que caerán en la pobreza.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) solicitó a los gobiernos que garanticen “transferencias monetarias temporales inmediatas” para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo.
Mientras algunos diputados nacionales comparten proyectos en borrador, la necesidad de garantizar un piso de ingresos es una de las propuestas que le acercaron organizaciones sociales y sindicatos al presidente Alberto Fernández. También es un reclamo de los curas villeros, en línea con el planteo que ya hizo el Papa Francisco en ese mismo sentido.
Esta semana se realizó un debate en el que participaron el ministro Daniel Arroyo y el expresidente Eduardo Duhalde, junto a un grupo de investigadores, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Univerdad Católica Argentina (UCA) y la Revista Algoritmo.
Duhalde, autor del libro “Renta de Ciudadanía. De Tomás Moro al Hambre Cero", considera que "la idea de la renta básica universal tiene que ver con la libertad, que nadie dependa de otro para tener autonomía. Hoy es una utopía, pero a mi criterio esto puede ser una realidad del futuro".
Yanina Welp, Investigadora senior del Albert Hischman Centre describió desde Madrid la reciente implementación del ingreso mínimo vital español y en qué sentido esta política difiere de la idea de una renta básica universal aunque podría constituirse en un primer paso en esa dirección.
La investigadora del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, Laura Pautassi, insistió en la universalidad de la política para no profundizar brechas de género y contemplar los trabajos no remunerados en la mirada estatal respecto de los trabajos.
Para Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el eje debe estar puesto en el trabajo y en garantizar un acceso a un salario mínimo vital que focalice sus esfuerzos en la incorporación de los sectores excluidos en una agenda productiva.
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