El Senado comenzará a analizar este martes el proyecto Emergencia Covid que establece los parámetros epidemiológicos en base a los cuales se les facultará al Presidente y a los gobernadores para decidir restricciones. Desde su gira europea, Alberto Fernández ya dejó trascender que quiere que la ley esté aprobada antes del próximo 21, cuando vencerá el DNU que está vigente, cuestión de evitar una nueva discusión pública acerca de qué cerrar y qué no. "Son parámetros objetivos que no diferencian jurisdicciones", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Sin embargo, y pese a que el proyecto es cuidadoso en resaltar que las medidas se resolverán "previa consulta" con gobernadores y jefe de gobierno, desde la oposición insistieron en hablar de "superpoderes" y adelantaron una calificación de "inconstitucional" para la medida.
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"Empezaron a criticar el proyecto antes de que lo hayamos mandado, eso es porque insisten en hacer política con la pandemia", remarcó por la noche Cafiero, a cargo de la Casa Rosada. Tal como había prometido, el Ejecutivo envió el lunes el proyecto al Congreso que ingresó a través del Senado, la cámara donde tiene mayoría y puede asegurarse un tratamiento rápido. La iniciativa, de 34 artículos, replica el DNU en cuanto a los parámetros para resolver la situación de bajo, medio o alto riesgo epidemiológico de cada distrito. Reserva para la calificación más grave -de Alerta Epidemiológica y Sanitaria- para los aglomerados urbanos de más de 300 mil habitantes que acumulen en los últimos 14 días más de 500 casos cada 100 mil habitantes y la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%. El AMBA se encuentra en esa situación.
Dentro del capítulo dedicado a esta calificación de "alerta", que es cuando el sistema sanitario se encuentra en riesgo serio de colapso, el artículo 21 del proyecto establece la suspensión de las clases presenciales, el principal punto de conflicto con la oposición y el gobierno porteño. El texto faculta al Poder Ejecutivo, en base a consultas con los gobernadores o el jefe de gobierno, a morigerar o dejar sin efecto esta suspensión en caso de observar mejoras en la situación epidemiológica. Como es obvio en cualquier proyecto que se envía al Congreso para su tratamiento, desde el Gobierno hicieron saber que el semáforo epidemiológico puede ser modificado si la oposición consideraba que debían tenerse en cuenta otras variables. Cafiero explicó que la iniciativa apuntaba a lograr un "equilibrio" en las medidas y que buscaban no frenar la reactivación económica que se observa en el país.
Oposición que se opone
En su habitual reunión por zoom de los lunes a la mañana, la conducción de Juntos por el Cambio avisó que no votaría "superpoderes" para el Presidente, pese a que el proyecto todavía no había salido de la Casa Rosada y no tenían idea de qué se trataba. La decisión había sido adelantada desde la tapa de Clarín: "La oposición rechaza darle superpoderes al Presidente para enfrentar a la pandemia", fue el título principal del lunes. El proyecto y sus fundamentos recién fueron conocidos a las 18, pero parecía todo decidido.
"Que no se confunda el Poder Ejecutivo, que no pretenda actuar como si éste fuera un poder unitario", expresó el jefe del interbloque opositor en Diputados, Mario Negri, ahora sí, después de pegarle una leída a la propuesta. "El Poder Ejecutivo no sólo pretende cerrar aulas. Quiere que el Congreso vote una delegación de facultades que es inconstitucional. Quiere avasallar la división de poderes y la autonomía de las provincias y de la CABA", insistió Negri, que actuó como vocero del macrismo.
En el Gobierno no podían entender la reacción opositora. "Hasta ahora las restricciones las decidían el Presidente y sus ministros a través de un DNU. Ahora enviamos un proyecto para que los bloques del Congreso debatan y aprueben las medidas y nos dicen que es una muestra de poder unitario. ¿Cómo puede ser?", se preguntaba un funcionario que había trabajado en la redacción de la propuesta de la que destacaba lo minucioso y riguroso del trabajo que se habían tomado. Por ejemplo, estudiando las legislaciones similares que se habían adoptado en una docena de países en el mundo, tanto regionales como Chile, Uruguay y México como europeos como Reino Unido, España, Francia, Italia, Países Bajos y, principalmente, Alemania, el caso "paradigmático", como lo define allí en los fundamentos del proyecto enviado al Congreso.
Respecto a la delegación de facultades -los "superpoderes" con los que, todo indica, que machará la oposición-, en Gobierno citaban el artículo 76 de la Constitución Nacional: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca". Afirmaban que en este caso se cumplían todas las premisas, que la ley sólo regirá hasta el 31 de diciembre y que los gobernadores apenas podrán decidir restricciones por un máximo de 21 días. Con más de 66 mil muertos, la emergencia pública está más que fundamentada. "Esto ya se hizo en muchas partes del mundo, tuvimos especial cuidado en cubrir todos los flancos posibles. La verdad es que no sé de qué se va a agarrar la oposición en el Congreso para no votar esto", concluían en Gobierno.
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