Con la excusa de la pandemia, los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, volvieron a favorecer a un genocida. Este jueves beneficiaron a Luis Ambrosio Navarro, condenado a prisión perpetua en el marco de la causa ESMA.
Los dos integrantes de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anularon la decisión del TOF 5 que había rechazado el pedido de arresto domiciliario del represor, quien se había amparado en la expansión del COVID-19. El Ministerio Público Fiscal y las querellas se habían opuesto al recurso del abogado defensor. El restante integrante de la sala, el juez Alejandro Slokar, votó en disidencia con duros cuestionamientos a sus pares.
Si bien la Casación Federal rechazó el 90% de los planteos que le llegaron en el marco de la pandemia, Mahiques y Yacobucci ya favorecieron con la domiciliaria –tal como publicó El Destape- a los represores Lucio Nast, condenado a 22 años de prisión; al militar de inteligencia que estuvo prófugo hasta 2017, Cinto Courtaux; y a José Maidana. A otros dos imputados por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército, Adalberto Bonini y Ricardo Gandolfo, los dejaron a un paso de la libertad.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Este jueves favorecieron a Navarro, aviador naval que integró el emblemático Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, entre 1978 y 1979. Teniente de fragata, Navarro fue juzgado y condenado a prisión perpetua por su participación en los vuelos de la muerte. Se lo consideró coautor en más de 150 hechos, entre los que se cuentan secuestros, torturas, 21 homicidios y cuatro casos de sustracción de menores de edad.
Entre las víctimas por las que fue condenado, figuran Franca Jarach, Sebastián Rosenfeld, Miriam Lewin, Carlos Lordkipanidse, Thelma Dorothy Jara de Cabezas y Alicia Elena Alfonsín de Cabandié, entre otros.
MÁS INFO
El fallo
Este jueves, Mahiques y Yacobucci anularon la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOF 5) que rechazaba el pedido de domiciliaria que había realizado la defensa de Navarro. Y le ordenaron dictar una nueva resolución en ese sentido, por lo que le dejaron muy poco margen de acción al tribunal para fallar en sentido contrario.
En el fallo de este jueves, Yacobucci resaltó que el genocida Navarro tiene 67 años de edad y “que, conforme lo alegado por la defensa y lo referido por las autoridades de la Unidad 31 del SPF, presenta diversos problemas de salud”, por lo que es un preso de “alto riesgo” frente al COVID-19. Por eso consideró que merece la domiciliaria. En esa línea, propició "anular la resolución impugnada y reenviar al tribunal a quo a fin de que dicte una nueva resolución conforme a derecho y a las pautas aquí establecidas, para un nuevo juicio de razonabilidad sobre la medida peticionada que integre toda la información pertinente".
En su voto, Mahiques destacó razones humanitarias y al igual que Yacobucci -adhirió a su voto- basó su argumento en la pandemia del coronavirus.
Si bien ambos camaristas citan lo que recomiendan los organismos internacionales para personas en situaciones de encierro en el marco de la pandemia olvidan resaltar lo que esas mismas entidades resaltan respecto a las personas que cometieron delitos graves: piden análisis restrictivos. Además, el mandato de instituciones como la OMS, la CIDH o la ONU se basa en que las cárceles están sobrepobladas y con hacinamiento. Pero la unidad 31 donde se encuentra Navarro está subpoblada. Según un informe del Servicio Penitenciario Federal, la Unidad 31, donde está detenido este genocida, tenía una tasa de ocupación a fines de marzo del 55%, es decir, tiene la mitad de los detenidos que puede albergar.
En su disidencia, Slokar se hizo eco de esta evidencia: “El sector del establecimiento carcelario en donde está alojado Navarro se encuentra subpoblado”, escribió.
Y recordó que la propia Casación había resaltado la necesidad de ser muy cuidadosos a la hora de analizar los casos de detenidos que habían cometido delitos graves y piden la domiciliaria por el coronavirus: “En los estrictos alcances de la Acordada N° 9/20 de esta Cámara, operan pautas de ponderación que exigen ‘meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso’”.
En ese orden, no puede soslayarse que Navarro se encuentra condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Incluso, para Slokar “las patologías que presenta Navarro, en la actualidad, aparecen sometidas al control y tratamiento prescripto por los médicos tratantes”.
La preocupación de los organismos de DD.HH., que ya repudiaron a Mahiques y Yacobucci porque están beneficiando a diversos genocidas en el marco de la pandemia, es que hay numerosos pedidos de prisión domiciliaria que tiene que resolver esta sala. El de Navarro no es el único de la causa ESMA. También pidieron este beneficio Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta.
Mahiques y Yacobucci
Ambos magistrados ya habían beneficiado con la domiciliaria a otros represores en el marco de la pandemia y fueron repudiados por organismos de DD.HH. y hasta por sus colegas de Justicia Legítima.
Tanto Mahiques como Yacobucci otorgaron pocos días atrás la domiciliaria al genocida Lucio Nast, condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad, y dejaron a un paso de irse a un country al represor Cinto Courtaux. Los dos camaristas habían considerado que ambos criminales integran los grupos de riesgo ante el COVID-19 y merecen dejar los penales donde están detenidos, a pesar que la acordada 9/2020 de la Cámara Federal de la Casación Federal así como las disposiciones internacionales que emitieron la ONU o la CIDH son muy restrictivas a la hora de otorgar ese tipo de morigeraciones a quienes cometieron delitos graves. Más aún a quienes perpetraron genocidios.
Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y era juez de la Casación ordinaria cuando en mayo de 2017 pasó a la Casación federal a dedo, es decir, sin concurso ni aprobación del Senado, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Es el padre de Juan Bautista Mahiques, funcionario macrista a quien se acusó de impulsar el Lawfare contra dirigentes opositores en tiempos en que gobernaba Macri.
Yacobucci escribió en la revista Cabildo, entre 1977 y 1978, mientras estudiaba Derecho. Cabildo fue un medio que defendió a ultranza del terrorismo de Estado. En coherencia con ese pensamiento, en 2008, Yacobucci falló a favor de la libertad de represores de la ESMA, entre ellos “El Tigre” Acosta y Astiz, las que finalmente no se concretaron. Ese mismo día, en un acto realizado precisamente en la ESMA, la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente el fallo y dijo que era “un día de vergüenza para la Argentina y la humanidad y también para nuestro sistema judicial”. Yacobucci llegó a la Casación federal durante el gobierno de Macri.
Cerrar sesión