Coronavirus: por qué las restricciones a la movilidad no son inconstitucionales

Ningún derecho es absoluto y siempre prima el de las mayorías. Cada provincia tomará sus propias decisiones en base a recomendaciones generales. 

08 de enero, 2021 | 15.19

Desde la oposición no esperaron siquiera a la publicación de la norma para salir a atacarla. La confirmación del Poder Ejecutivo, mediante conferencia de prensa, alcanzó para criticar una medida tendiente a controlar el crecimiento en los contagios por coronavirus. Ya sea producto de las fiestas de fin de año, de las vacaciones o el adelanto de una segunda ola esperada para marzo, la Argentina duplicó las infecciones en tan sólo dos semanas y el Gobierno apunta a frenar ese índice con restricciones a la movilidad, algo a lo que Cambiemos se opuso bajo el título de “es inconstitucional”. Las medidas, finalmente, sólo serán recomendaciones para que las administraciones locales tomen medidas frente a ciertos indicadores de riesgo sanitario.

Frente a los ataques opositores, una aclaración: la norma no va contra la Constitución. Una lectura de la Carta Magna y una charla con sus intérpretes alcanza para notar que, en una suerte de puja entre derechos fundamentales, siempre prima el derecho de las mayorías, en este caso a la salud y la vida, según explicaron distintos abogados a El Destape.

Ningún derecho es absoluto. No sólo son regulados y tienen ciertas limitaciones sino que también se puede priorizar la protección de uno sobre otro – como una cuestión de “figura – fondo” – en casos  excepcionales. Este sería uno de ellos. Afectar el derecho a la circulación durante la madrugada, afectar el derecho de los bares a trabajar más horas, para contribuir a garantizar el derecho a la salud y la vida de todos los ciudadanos.

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De hecho, en marzo de 2020 comenzó una cuarentena total y estricta que fue acompañada por los mismos que hoy critican un cierre nocturno por un pico de contagios importante, al nivel de las peores épocas. En ese momento, figuras de la oposición como Patricia Bullrich llamaban a quedarse en las casas y no salir, algo que cambió con el tiempo ya que fue parte de las convocatorias a marchas anticuarentena. Como en las viejas épocas del troll center, desde Cambiemos salieron a atacar esta medida en redes sociales, con tuits y comunicados partidarios para tildarla de inconstitucional, con llamamientos a incumplirla. 

El partido opositor mayoritario enarboló el supuesto fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno nacional sin tener en cuenta que Europa, por ejemplo, avanza a paso firme hacia una segunda cuarentena estricta por la fuerte crecida de casos. Lo que ocurre en el viejo continente es casi una bola de cristal para saber qué podría pasar en la región.

El objetivo del Frente de Todos es poder garantizar la campaña de vacunación sin sobresaltos y con la menor cantidad de contagios posible para inmunizar a la población. Pero es un proceso que llevará meses, si no todo 2021, por lo que recuerdan la necesidad de cuidarse con barbijo, distancia social y lavado de manos.

El decreto finalmente no fue un DNU, con fuerza de ley, sino que fue simple, una cuestión reglamentaria. Algo así como decir qué es lo que debería hacerse pero dejando la decisión final en los gobernadores para respetar las diferencias epidemiológicas según la región. De este modo, cada mandatario podrá determinar en qué horarios se impondrá la restricción.

Sin embargo, el Gobierno nacional estipuló dos indicadores de riesgo sanitario frente a los cuales solicita a las autoridades locales que apliquen medidas para disminuir los contactos, priorizando la limitación de la circulación nocturna. El primero sostiene que deberán aplicarse medidas cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra). El segundo, cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150.