Desde que el gobierno de Alberto Fernández decretó en marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país para hacer frente al coronavirus las principales compras que hizo tuvieron como fin fortalecer el sistema sanitario. Así queda demostrado en el informe “Contrataciones Públicas durante la Emergencia COVID19”, que la Sindicatura General de la Nación le presentó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con el objeto de fortalecer mecanismos de control, integridad y transparencia en las compras de la Administración Pública Nacional durante la emergencia.
Según el trabajo solicitado por Cafiero, un total de 41 organismos estatales ejecutaron 291 contrataciones, por un monto total de 7.373 millones de pesos. Las Jurisdicciones en las que se relevaron el 96% de esas adquisiciones fueron organismos vinculados con salud, desarrollo social, la provisión de alimentos, educación y seguridad en todo el ámbito nacional.
Entre las compras más relevantes, se destaca la de insumos médicos, de prevención, y de detección COVID-19, que alcanzó un 58% del monto total adjudicado, mientras que la compra de alimentos para hacer frente a la emergencia representó aproximadamente a un 26% del monto total de las adjudicaciones.
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Específicamente, las adquisiciones del Estado fueron las siguientes: elementos para prevención e insumos médicos (46.5%), compra de alimentos (26%), elementos para detección del COVID-19 (10,7%), impresiones de cuadernillos, folletería y distribución (8,9%) y equipamiento médico (2.9%). De este modo, los organismos que centralizaron los compras fueron el Ministerio de Salud, en un 43,3%; el Ministerio de Desarrollo Social, en un 26%; la Administración Nacional de Laboratorios (Malbrán), en un 11.5%; el Ministerio de Educación, con una afectación del 9.2%; y la Armada Argentina, con 1.7%.
El titular de la SIGEN, Carlos Montero, expresó que los relevamientos son parte del primer informe requerido por Cafiero e incluye el período comprendido entre el 20 de marzo y el 20 de julio de 2020. Además, adelantó que ya se encuentra en desarrollo el segundo informe, actualizado a Octubre. En una tercera etapa, la auditoría se extenderá hasta Diciembre. “Llevar adelante esta tarea es parte de nuestro compromiso cotidiano con el objetivo de fortalecer al Estado a través del control”, aseguró Montero.
Cabe añadir que, dentro de los lineamientos emitidos por Montero para la elaboración de los Planes Anuales de Trabajo 2021 de las Unidades de Auditoría Interna, se incorporó la obligatoriedad de auditar los procesos de compras y contrataciones enmarcados en la emergencia en aquellas jurisdicciones u organismos que correspondan.
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