Coronavirus en la Ciudad: Larreta debe hacer más por cuidar la salud y el bolsillo

La pandemia nos volvió a demostrar que en una sociedad nadie se salva solo. El COVID-19 no entiende de límites geográficos, y tampoco de competencias entre gobiernos. Para combatirlo se requieren estrategias globales que prioricen la salud y minimicen su impacto económico en los más desfavorecidos. Según cifras de la CEPAL este año hay 22 millones más de pobres en Latinoamérica y la Argentina no es la excepción: en 2020 por tercer año consecutivo aumentó la pobreza y hoy alcanza al 42% de los argentinos.

Para comenzar a revertir esta situación necesitamos del compromiso de todas las provincias y municipios. Sin embargo, el epicentro de la segunda ola de contagios, la Ciudad de Buenos Aires, relaja las políticas de confinamiento para el control sanitario e ignora las necesidades socioeconómicas de la población. Con un sistema de salud saturado, y mientras paradójicamente pide al gobierno nacional 50 respiradores, Rodríguez Larreta viola la Constitución Nacional al negarse a acatar un Decreto de Necesidad y Urgencia que busca evitar la propagación del virus.

Sabemos que reducir la circulación para frenar la propagación del virus implica que muchas familias pierdan ingresos y, en muchos casos, sus trabajos. Por eso, el gobierno nacional ante las nuevas restricciones para frenar al Covid-19, dispuso de un bono de $15.000 para las familias con menores ingresos al igual que otro de $6.500 para 740.000 trabajadores del sistema de salud. Medidas que se suman a los 3,5 puntos del PIB que destino el año pasado en gasto para ayudar a familias y empresas.

En particular, en CABA este año el bono llegará a casi 100 mil receptores de asignaciones familiares y monotributistas. Mientras en 2020, 366.200 familias porteñas recibieron el IFE y fueron asistidas 69.000 empresas de la Ciudad en el primer ATP y 67.000 en el segundo, sin contar con otros beneficios crediticios y moratorias implementadas por el gobierno. La gran ayuda del gobierno nacional le permitió al gobierno porteño disimular su inacción. Ya no hay margen, es hora de que la gestión del PRO destine recursos para los más golpeados por la pandemia.

Rodríguez Larreta aumenta año a año los impuestos, creando nuevos incluso como en el caso del tributo a las tarjetas de crédito, pero nunca redistribuye entre los y las porteñas esos beneficios. Esto se ve claramente en el presupuesto 2021, donde destina el menor porcentaje de gasto a educación en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras comienza a cobrarle IIBB a los bancos por los rendimientos que obtienen de las letras del BCRA. No es casualidad que esta merma en los recursos destinados a educación se traduzca en una alarmante falta de vacantes, en el recorte del Plan Sarmiento y una caída del 71% en la inversión en infraestructura escolar. Y estos números no se explican por la emergencia, sino que profundizan una tendencia de años. La educación pública y revertir de raíz la desigualdad nunca fue una prioridad para el gobierno del PRO en la Ciudad.

Sabemos que gestionar en una pandemia no es fácil, que cada decisión puede afectar directamente la vida de los y las porteñas, y por eso como oposición hemos estado siempre a la altura de las circunstancias, entregando propuestas y proyectos que pueden ser de utilidad para afrontar la crisis. La confrontación política no puede ser puesta por encima de la salud pública. La decisión de Rodríguez Larreta de no acatar medidas para contra restar la crisis sanitaria que atraviesa la Ciudad sólo se explica por una posición proselitista que busca sostener un relato negando la realidad.

Pero no se puede tapar el sol con la mano. La crisis sanitaria existe y por eso debe ser una prioridad acelerar la vacunación de los y las docentes en la Ciudad, hoy no llega al 15%. Es inviable un regreso sostenible a las clases presenciales sin avanzar en la vacunación de los trabajadores de la educación. En paralelo, se debe realizar una fuerte inversión en infraestructura escolar, y también garantizar conectividad y dispositivos a toda la población escolar.

Es necesaria una actitud más responsable del jefe de gobierno para atender la situación sanitaria extremadamente delicada que atravesamos hoy en la Ciudad. Brindar información precisa sobre el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva y transparentar el proceso de inscripción a la vacunación así como también mejorar las condiciones laborales del personal de la salud que sigue trabajando comprometidamente pero extenuado luego de un año en la primera línea de batalla.

A su vez, se necesitan medidas de apoyo económico a los sectores más golpeados. Durante los últimos meses se han recortado los bolsones de alimentos en barrios vulnerables, escuelas y comedores. No es posible pensar en una ciudad a futuro si no aseguramos la alimentación de nuestros jóvenes y niños. Por eso, proponemos lanzar el IFE porteño de forma urgente y financiarlo con el impuesto a los bancos. Es un momento de mucha angustia y las soluciones tienen que ser proporcionales a las capacidades de cada familia.

Es urgente la implementación de políticas globales, que cuiden la salud y el bolsillo. La Ciudad de Buenos Aires puede y debe hacer mucho más para cuidarnos, es cuestión de abandonar las fallidas políticas neoliberales de los últimos doce años y gobernar pensando primero en la gente.