Los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, integrantes de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, lo volvieron a hacer. En un fallo que provocó el repudio de organizaciones de DD.HH. y familiares, beneficiaron a otro represor con la excusa de la pandemia del coronavirus. Se trata del exjefe de inteligencia militar Cinto Courtaux, detenido en el marco de la causa Contraofensiva. La unidad penal en la que está alojado no tiene superpoblación ni hacinamiento y posee un hospital.
A pesar de que la máxima instancia penal del país rechazó el 90% de los planteos de “excarcelación” que le llegaron por el COVID-19, Mahiques y Yacobucci hicieron lugar al planteo de Courtaux y ordenaron al tribunal inferior que había rechazado su domiciliaria que revise su fallo, dado que consideraron que el militar es grupo de riesgo. Para estos jueces debe validarse el pedido de domiciliaria en un country, que hizo el genocida. No obstante, dejaron que esa decisión la firmen los integrantes del TOF 4 de San Martín. Es que tanto Mahiques y Yacobucci ya se ganaron el repudio de los organismos de DDHH luego de firmar, en el marco de esta pandemia, el arresto domiciliario del represor Lucio Nast, condenado a 22 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. Ni Courtaux ni Nast son casos extremos que ameriten una urgente excarcelación, tal como expresó en su voto disidente en ambos casos, el camarista Alejandro Slokar. Es decir, esa decisión choca con la acordad 9/20 que firmaron los propios jueces de la Casación.
Courtaux fue el jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que funcionó en Campo de Mayo. Está detenido en el marco de la causa Contraofensiva, que integra la megacausa Campo de Mayo, por su rol central en la inteligencia militar. Según testigos de la época, participó varios operativos en la zona norte del conurbano bonerense. Cuando fue citado a indagatoria en 2014 no se presentó y fue declarado en rebeldía por la jueza federal de San Martín Alicia Vence. Se pidió por él una recompensa de 500 mil pesos. Recién se lo apresó tres años más tarde, en 2017. Por esta razón se cree que hay peligro de fuga.
“El fallo en esa sala era previsible porque sabemos que Mahiques y Yacobucci comulgan ideológicamente con las ideas de Cinto Cortaux”, aseguró a El Destape el abogado querellante, Pablo Llonto. “Mahique es un juez liberador de asesinos igual que Yacobucci. Ya lo han hecho en anteriores oportunidades”, señaló. “En la resolución hablan de reevaluar la situación de la unidad carcelaria donde esta Courtaux. Pero está en una unidad carcelaria que es un privilegio. No tiene hacinamiento. Allí hay menos gente de la que podría estar, todo lo contrario de algunas otras cárceles. Y hay un hospital a poca distancia. Además no tiene un solo caso de coronavirus. Su fundamento es político y no jurídico”, añadió Llonto. Según un informe del Servicio Penitenciario Federal, la U.31, donde está detenido este genocida, tenía una tasa de ocupación a fines de marzo del 55%, es decir, tiene la mitad de los detenidos que puede albergar.
Por su parte, Gustavo Molfino, familiar de víctimas de la Contraofensiva, aseguró que analiza pedir el juicio político de los dos jueces que firmaron este fallo. Y aclaró, ante la consulta de este medio, que como familiares no fueron notificados de esta resolución.
Tampoco pasó desapercibido entre familiares que esta decisión se tomó en un nuevo aniversario de las Madres de Plaza de Mayo.
Cuando fue el fallo de Nast, las agurpaciones HIJOS, APDH y también Justicia Legítima cuestionaron a estos magistrados. La asociación de jueces tituló su comunicado “La pandemia como coartada”.
Argumentos
La acordada 9/20, donde se recomienda descongestionar las cárceles en el marco de la pandemia, fue firmada por 11 de los 13 jueces de la Casación Federal (entre ellos, Mahiques y Yacobucci). Respecto a las personas que cometieron delitos graves, allí se especificó que se debe meritar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad" de excarcelaciones y domiciliarias, "conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”. Algo que ninguno de estos dos jueces hizo en los fallos Courtaux y Nast.
En la reciente resolución por la que favoreció a Courtaux, Mahiques esgrimió la pandemia como excusa y lejos de restringir la excarcelación en casos graves como este consideró que “corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Cinto Courteaux puesto que el tribunal de grado omitió valorar debidamente y con sujeción a lo antes expuesto, todas las circunstancias relevantes, lo que priva a la resolución de una adecuada -y no sólo aparente- fundamentación. En consecuencia, debe anularse la decisión impugnada (NdelR: el tribunal inferior había rechazado la excarcelación y la domiciliaria) y remitir las presentes actuaciones a la instancia anterior, a fin de que se dicte una nueva resolución conforme a derecho y a las pautas aquí establecidas”.
Yacobucci compartió el voto de su colega. Ambos destacaron que Courtaux integra el listado de grupo de riesgo al COVI-19 que elaboró el SPF como si ese fuera un pasaporte directo a la domiciliaria.
Quien no estuvo de acuerdo con este criterio fue el juez Slokar, quien remarcó los hechos que se le achacan a Courtaux son homicidios agravados; privaciones ilegales de la libertad; abusos deshonestos y torturas. También se refirió a los riesgos procesales de darle una domiciliaria a una personas que estuvo más tiempo prófuga que detenida. Y se hace eco de la situación de las víctimas. Además, resaltó que anteriormente la misma sala le había rechazado la domiciliaria al mismo genocida y que la cárcel donde está alojada está “subpoblada”.
A su vez, Slokar recordó el pasaje de la acordada 9/2020 donde se resalta que debe ser restrictivo y prudente el beneficio de la domiciliaria en casos graves. Y que la propia CIDH, que fomenta la descongestión de las cárceles en plena pandemia, pone reparos en favorecer a genocidas. Por todo esto, rechazó el planteo del represor. Pero su voto quedó en minoría.
Mahiques y Yacobucci
Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y era juez de la Casación ordinaria cuando en mayo de 2017 pasó a la Casación federal a dedo, es decir, sin concurso ni aprobación del Senado, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri.
Yacobucci escribió en la revista Cabildo, entre 1977 y 1978, mientras estudiaba Derecho. Cabildo fue un medio que defendió a ultranza del terrorismo de Estado. En coherencia con ese pensamiento, en 2008, Yacobucci falló a favor de la libertad de 12 represores de la ESMA, entre ellos “El Tigre” Acosta y Astiz, las que finalmente no se concretaron. Llegó a la Casación federal durante el gobierno de Macri.
Ahora estos mismos camaristas deberán resolver en los próximos días la situación de la patota de la ESMA, como Alfredo Astiz y el Tigre Acosta, entre otros.
*La fotografía que ilustra esta nota fue gentileza de Gustavo Molfino
Cerrar sesión