Denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez que dejó entrar a contagiados de coronavirus a Formosa. Se trata del juez federal subrogante Fernando Carbajal, quien permitió que tres personas regresaran a la provincia aún teniendo la confirmación de que eran positivas de COVID-19.
Uno de los denunciantes es el diputado Rodolfo Tailhade, quien pertenece al Frente de Todos. "Venimos con carácter de preferente despacho y de muy urgente en virtud de la gravedad institucional a presentar formal denuncia por mal desempeño contra el Dr. Fernando Carbajal (M.I. Nº 16.746.828), Juez Subrogante del Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Formosa, en virtud de haber tomado conocimiento de la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones", afirma la denuncia.
Este jueves al mediodía, el gobierno formoseño que conduce Gildo Insfrán difundió el reporte habitual que publica durante cada jornada para indicar las cifras y actualizar los casos de COVID-19. El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, encabezado por el ministro de Gobierno, Jorge González, detalló que los primeros dos casos se tratan de ingresos ordenados por el magistrado “en el marco de los hábeas corpus patrocinados por los abogados Daniel Suizer y Gabriela Neme".
Asimismo, reveló que se trató de "un matrimonio, ambos de 24 años de edad, con domicilio en Río Gallegos (Santa Cruz), que habían enviado previamente constancias falsas de PCR negativos. Detectada esta irregularidad y expuestos a la misma, se realizaron un nuevo hisopado en la ciudad de Resistencia (Chaco), cuyos resultados serían negativos. Al ingreso a la provincia, se realizaron el hisopado de control pertinente y las nuestras dan resultado positivo a coronavirus, razón por la cual son derivados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19”.
En este marco, apuntaron desde Formosa contra el juez: “El tercer caso positivo del día se trata de otro ingreso ordenado por el juez federal subrogante en el marco de los hábeas corpus patrocinados por Suizer y Neme. Es una niña de dos años con domicilio en la provincia de Buenos Aires, que ingresa al territorio acompañada de su padre, personal de Prefectura que trabaja hace años en aquella provincia y que al presentar su pedido de ingreso por el programa ordenado y administrado afirma que el motivo era gozar de su licencia en Formosa”.
El juez Carbajal adoptó dichas medidas luego de declarar “inconstitucional” el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado que impulsó el gobierno formoseño desde el inicio de la pandemia.
Por ello, ahora ante el Consejo de la Magistratura se pidió que "se disponga la apertura del procedimiento de remoción del juez denunciado, se ordene preventivamente su suspensión y cese como Juez Federal Subrogante". El reclamo apunta contra el juez: "Debe ser sometido el análisis y valoración de su conducta como causal de “Mal Desempeño” pasible de sanciones inmediatas y de toma de razón de los actos de inconductas perpetrados en relación a la participación del mismo en distintos Concursos para ser seleccionado, alguna vez, como Magistrado de la Nación en algún juzgado o tribunal donde el mismo participa activamente y desde hace varios años".
El ministro González ayer fue con todo contra Carbajal: “¿Qué estamos haciendo con los fallos donde el juez federal nos ordena que ingrese la gente, no importando tiempo ni lugares? Trae listas de personas y nos ordena que ingresen las personas... Les ofrecemos a las personas la alternativa gratuita -por así decirlo- que implica el ingreso pero cuando tengamos disponibilidad. Eso se le dice a la persona. Tan mal no nos fue, somos la única provincia que está sentada en el banquillo de los acusados. Me parece que es extraño".
En el polémico fallo, el magistrado intentó justificar su decisión así: “He de coincidir con la representante Gabriela Neme (patrocinarte de varados) en declarar la inconstitucionalidad del programa, atento a que el mismo sigue sin hacerse cargo de que tiene que existir una consistencia necesaria, a los fines que se plantea, para adecuar los ingresos a través de medios efectivos a tales fines, con plazos razonables y en condiciones que respeten estándares legales”.
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