Este domingo murió Sergio, de 63 años. Era diabético, y pasó la noche con fiebre y tos, según relataron otros dos hombres que lo conocían. Se le realizó un hisopado para determinar si tenía coronavirus, y se espera el resultado de la autopsia para confirmar la causa de su fallecimiento. Dormía en México y Sánchez de Loria, en el barrio San Cristóbal.
Hace una semana, el domingo 7, Leonardo Javier Macrino murió en la calle, luego de ser expulsado junto a su pareja del hotel La Florida en el barrio de Monserrat. Tenía 42 años y advierten que presentaba síntomas de Covid-19. Los dos tenían certificados de discapacidad. A su compañera le realizaron un hisopado que dio negativo. Aún se esperan los resultados de la autopsia de Leonardo.
Fueron desalojados un miércoles, junto a un grupo de personas, por falta de pago. Fue asistido por el gobierno porteño el sábado, tres días después de los reclamos de vecinos y organizaciones. El domingo lo encontraron muerto.
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También Agustín Lara, de 16 años, murió en la calle. Un pedazo de mampostería cayó sobre él y lo mató mientras dormía. Fue el sábado 30 de mayo.
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Las muertes exponen las deficiencias para atender a las personas en situación de calle, la falta de asistencia habitacional, y las fallas o ausencias de controles del gobierno porteño para evitar los desalojos, prohibidos en todo el país por el decreto 320/2020 dispuesto el 29 de marzo por el presidente Alberto Fernández.
Con el avance de la pandemia, en el epicentro nacional de los contagios, y mientras aparecen los primeros fríos en la llegada del invierno, la situación es aún más crítica.
El gobierno porteño adelantó la implementación del Operativo Frío para las personas que viven a la intemperie. Hay 43 Centros de Inclusión, conocidos como refugios o paradores. Había 32 permanentes a los que se agregaron 8 en marzo, dos habilitados en abril para personas mayores, y en mayo sumaron un centro de aislamiento preventivo. Con esas ampliaciones las plazas disponibles llegan a 3379, según informó el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.
El último censo popular, realizado en 2019 por organizaciones sociales y ONGs, registró que en la Ciudad hay 7.251 personas en situación de calle, un número que hoy calculan cercano a los 10 mil.
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Un informe de la Defensoría del Pueblo relevó que en la mayoría de los centros no hay personal de salud integrando los equipos. Detectaron dificultades para encontrar un espacio de aislamiento con baño propio para los casos de personas con síntomas de Covid, y para garantizar un espacio de aislamiento para las personas que recién ingresan al hogar.
Para quienes se quedan afuera de los Centros de Inclusión el gobierno porteño anunció el jueves en Plaza de Mayo, en el lanzamiento del Operativo Frío, que contempla una operatoria para los días de clima polar, cuando la temperatura es igual o menor a cinco grados.
Establece como “Centro de operaciones único y recorridas proactivas” a la sede del BAP (Buenos Aires Presente), aunque los propios trabajadores del programa que se ocupa del abordaje de las personas en situación de calle denunciaron las situaciones de precariedad laboral en la que se desempeñan.
A esta situación se suma un agravante: a pesar de la prohibición, continúan los desalojos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en viviendas.
En la mayoría de los casos, los contratos son informales o de palabra, un acuerdo entre las partes, con pagos diarios o semanales. Los propietarios, con absoluta discrecionalidad, argumentan que el decreto no tiene validez, aunque es un interpretación alejada de la letra y el espíritu del DNU, que además obliga a los distritos a intervenir con “la mediación previa y obligatoria, en forma gratuita o a muy bajo costo” para evitar los desalojos.
En otros casos, los dueños de los inmuebles realizan acciones intimidatorias como el corte de servicios básicos a las habitaciones. Una forma de hostigamiento para que las personas abandonen el lugar.
"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no adoptó medidas para proteger a la población afectada", advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales luego de la muerte de Leonardo Macrino. Y la acumulación de desalojos marca la responsabilidad de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, que debería evitarlos.
Esto ya fue señalado en los primeros días de abril por más de 50 organizaciones sociales, políticas y sindicales, legisladores nacionales y de la ciudad en una nota al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Ahí sugerían medidas como establecer un protocolo de intervención inmediata ante intentos de desalojo, comprometer a propietarios de hoteles familiares y pensiones a definir mensualmente una tabla de precios fija con el fin de evitar especulaciones y arbitrariedades y establecer una línea de subsidios especiales para contribuir al pago del alquiler por al menos los próximos seis meses.
Nada de eso ocurrió.
“No es tragedia, es desidia del gobierno porteño. Todas estas muertes son evitables”, advirtió la legisladora porteña del Frente de Todos, Lorena Pokoik.
“Todo esto pone en evidencia que no hay un abordaje integral ni articulación entre los ministerios y organismos del Estado, que en medio de una crisis como la que estamos viviendo pone en evidencia situaciones de mucha gravedad”, dice Pokoik, presidenta de la comisión de Promoción e Integración Social de la Legislatura, en diálogo con El Destape.
La Justicia administrativa porteña ya había advertido al ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño sobre la necesidad de realizar testeos en los hoteles familiares, similar al que se aplica en las villas.
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