Cárceles: sigue vacante el cargo responsable de Asuntos Penitenciarios

La Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, el cargo que tiene bajo su responsabilidad la situación carcelaria, está vacante. No es un dato menor, dada la doble emergencia sanitaria y penitenciaria que generó la pandemia de COVID-19 y el impacto que puede tener en un sistema carcelario que desde antes de esta crisis ya arrastraba problemas de sobrepoblación, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias.

La vacancia es producto de una pugna sin resolver dentro del Gobierno. Mientras, la tarea a contrareloj para cuidar la salud de los presos recayó sobre el Secretario de Justicia Juan Martin Mena. No es fácil ya que, como informó El Destape, para paliar la situación depende del Poder Judicial, tan permeable a la opinión publicada por los medios comerciales que intentan instalar que el respeto a los derechos humanos de los presos es en realidad un capricho del presidente Alberto Fernández que desea una liberación indiscriminada. Nada más lejos de la realidad. Pero la designación de este cargo es una de las cuestiones a resolver dentro del ministerio que conduce Marcela Losardo.

El Destape publicó hace varios días que no se trata de liberar presos a discreción, sino de que la autoridades judiciales verifiquen y evalúen si todos los presos tienen que estar en las cárceles en función de los antecedentes de riesgo sanitario, si ya les quedaba poco de condena, si ya se cumplió el plazo máximo de su prisión preventiva o si se trata de delitos leves o situaciones que puedan resolverse con prisión domiciliaria. Bajo este esquema, ya lograron enviar a sus domicilios cerca de 600 privados de libertad en cárceles federales. El esquema se apoyo también en la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que, informó Franco Mizarhi, dictó “una serie de reglas y recomendaciones para fomentar el ‘despoblamiento’ de las cárceles, que se encuentran en una grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, un cóctel que puede ser fatal en plena pandemia del coronavirus. El máximo tribunal penal del país sugirió medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria, para afrontar la delicada situación actual”.

La demora en la designación del Subsecretario de Asuntos Penitenciarios es tire y afloje que lleva meses dentro del Gobierno. Un sector quiso nombrar allí a Emiliano Blanco, Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal desde 2014, pero otro puso fuertes reparos ya que bajo su gestión durante el macrismo se acumularon tejes y manejes de la persecución política a opositores. La reticencia tiene asidero. Los funcionarios del ministerio de Justicia que comandaba Germán Garavano fueron parte necesaria en el hostigamiento a opositores en general y, en particular, el trato en las cárceles a aquellos ex funcionarios que fueron detenidos de manera irregular distó de ser el correcto hasta que, entrado 2019, las autoridades penitenciarias vieron que las encuestas anticipaban el fin de la era Macri.

Durante el macrismo ese cargo lo ocupó Juan Bautista Mahiques, uno de los principales operadores de la persecución judicial a opositores cobijado hoy en la ciudad de Buenos Aires como fiscal general. En noviembre de 2016, el entonces el ministro Garavano firmó la resolución 1078 que creó una “Mesa de Trabajo” dependiente de Mahiques e integrada por Blanco y la Oficina Anticorrupción comandada por Laura “Técnicamente no es delito” Alonso. El objetivo formal era “articular las acciones destinadas a la regularización y planificación de las contrataciones en el Servicio Penitenciario Federal”. Mahiques y Alonso fueron arietes principales de la persecución a opositores, esa mesa de trabajo seguramente trataba otros temas. Blanco fue indagado en 2016 en una causa por una contratación de una firma de alimentos vinculada a su familia, pero fue sobreseído en 2019 por la Cámara Federal porteña.

El lobby para ascender a Blanco al cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios incluyó operaciones mediáticas donde daban por confirmada su designación pero decían que restaba la publicación en el Boletin Oficial al igual que buena parte de los funcionario del ministerio. Lo cierto es que el resto de los funcionarios del Ministerio de Justicia fueron designados y ese raviol sigue vacante. La nota la publicó Infobae el 18 de diciembre de 2019.

Según Clarín, la designación de Blanco se frenó por un tuit de la modelo Luciana Salazar. El tuit, también del 18 de diciembre de 2019, decía: “Escándalo en el Ministerio de Justicia por el intento de nombrar a Emiliano Blanco director del servicio penitenciario federal en lugar de su amigo Mahiques. Ambos piezas claves de la denuncia que formulo CFK en su descargo. Primera grieta con Losardo?” . La cuestión es más compleja que lo que simplificó Clarín con la modelo twittera como excusa.

Luciana Bertoia, por ejemplo, publicó en El Cohete a la Luna que “una de las posibilidades es que quien ocupe la subsecretaría de asuntos penitenciarios sea Emiliano Blanco, quien fue el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante los últimos años, cosa que provoca malestar entre los organismos defensores de los derechos humanos, dados sus negativos antecedentes”.

La vacancia de este cargo se da en una situación compleja. El CELS da los siguientes datos sobre la situación carcelaria en el contexto de la pandemia de COVID-19: “En este momento, el Servicio Penitenciario Federal está ocupado en más del 110%. En el Servicio Penitenciario Bonaerense la situación es peor: la ocupación es el doble de su capacidad de alojamiento. A la sobrepoblación en las unidades penitenciarias debe sumarse el desborde en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires, donde más de 4 mil personas están detenidas por tiempos prolongados en condiciones de hacinamiento extremo. Las recomendaciones de los expertos en salud penitenciaria dicen que los lugares con más del 75% de ocupación ya son muy difíciles de controlar ante epidemias”.

Con las cárceles pasa lo mismo que con muchas áreas del Estado. El Gobierno había heredado una situación compleja, la pandemia de coronavirus la profundizó. El Gobierno llevaba poco más de 100 días de gestión cuando llegó a territorio argentino el coronavirus y lleva los últimos 40 dias enfrentando una pandemia de un virus desconocido y que puso en vilo a toda la humanidad, con consecuencias sanitarias y económicas de las que aún no hay magnitud. Pero, en medio de esta situación por demás compleja, la cuestión carcelaria no es menor, y si bien hay funcionarios a cargo del tema la vacante no deja de ser real. Las cárceles son una olla a presión y los motines de los últimos días son solo el síntoma.

En este contexto, la realidad. El viernes pasado tanto el secretario de Justicia Mena como el director del Servicio Penitanciario Federal Blanco participaron de la mesa de dialogo que se conformó por el motín en la cárcel de Devoto. El domingo, en Clarín, Santiago Fioriti publicó que CFK “le otorgó a Juan Martín Mena, el secretario de Justicia, la facultad de negar los pedidos de acceso a la información pública, entre otras cosas para proteger los datos del Instituto Patria”. Lo que no explicó, porque no se puede, es como la vicepresidenta otorga algo que no tiene ni puede dar, sino que depende de la ministra Losardo. Hoy, el mismo diario encasilla a Mena con los que quieren liberar presos comunes, en una nota que no tiene nada que envidiarle a los comentarios de la senadora provincial Felicitas Beccar Varela cuando dijo que el Gobierno liberará presos para formar “patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”.

La situación carcelaria, y en especial la de provincia de Buenos Aires, no era la ideal en diciembre de 2015. La gestión de Daniel Scioli alcanzó en esos años record de presos. Pero todo eso fue multiplicado exponencialmente por la tríada Macri-Bullrich-Vidal. Solo en provincia de Buenos Aires hubo cerca de 3.500 presos nuevos por cada año de gestión PRO, y el saldo es el siguiente: hay 49.000 presos, de los cuales 44.000 están en cárceles provinciales y casi 4.000 en comisarías. Es el doble de lo que resiste el sistema. En el país pasó algo similar: durante el macrismo se pasó de 10.000 a 14.000 presos en cárceles federales.

El Destape publicó en reiteradas oportunidades sobre el impacto de la judicialización de la pobreza, mecanizada a través de la Ley de Flagrancia. Esa ley se aprobó en 2016, dentro del paquete de leyes que incluían, por ejemplo, la figura del arrepentido. Paquete que fue votado incluso por amplios sectores de la entonces oposición, que no supieron poner freno a las recetas Made in USA que se usaron para criminalizar la pobreza (flagrancia) y perseguir opositores políticos (arrepentidos). Si las leyes son la cristalización de de las relaciones de fuerza, en el caso de flagrancia es claro. Los pobres, vulnerables, los nadies, salieron perdiendo. Hoy, en emergencia sanitaria por el COVID-19 y emergencia penitenciaria que viene de arrastre esto impacta aún más. Y el nombre del funcionario para hacerse cargo del tema sigue vacante.