Ante el crecimiento acelerado de los contagios en el comienzo de la segunda ola de contagios en la Argentina, las organizaciones sociales exigen recomponer los ingresos de la economía popular, garantizar el acceso a alimentos y vacunas para las trabajadoras sociocomunitarias.
También saldrán a profundizar los cuidados en los barrios y fortalecer las redes comunitarias mientras, dicen, “muchos alientan la crisis desde la TV y otros se acomodan el traje para la campaña electoral que se aproxima”.
Los movimiento populares relanzan la campaña en el territorio con 150.000 voluntarias y voluntarios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y cuidados. El despliegue será para acentuar y redoblar en todos los barrios del país actividades de promoción sanitaria y apoyo educativo, con la instalación de 5000 postas sanitarias.
Van a profundizar cinco ejes principales: la prevención de contagios, la promoción de la vacuna, el refuerzo educativo, campañas contra la violencia hacia las mujeres y la seguridad comunitaria.
Las tareas sociales en miles de comedores, merenderos y centros comunitarios y educativos fueron fundamentales para expandir la llegada del Estado en el peor momento de la crisis, tanto en el aspecto sanitario como en el social y económico, en actividades reconocidas como esenciales.
Las organizaciones explicaron que “mientras nuestro país avanza en la campaña de vacunación, es fundamental profundizar los cuidados y la prevención para ganar tiempo”.
“Los movimientos populares asumen este desafío sabiendo que existen intereses políticos que una y otra vez se oponen a las medidas propuestas por las autoridades nacionales, tratando de sacar rédito electoral de una crisis sanitaria sin precedentes”, según informaron.
En un comunicado difundido este viernes, la UTEP marcó también tres puntos centrales de reclamo frente a la segunda ola de contagios y las nuevas restricciones dispuestas por el gobierno nacional.
En primer lugar, la necesidad de recomponer los ingresos de la economía popular y ampliar las políticas paliativas durante la emergencia “ante el crecimiento de la pobreza y de una inflación que castiga a los más necesitados”. Advierte que existen políticas públicas que “demandan más presupuesto y que pueden actuar como mecanismo de reactivación desde el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras mientras impulsamos el crecimiento económico desde abajo, incentivando la producción popular y el trabajo con derechos”.
El segundo punto es garantizar el abastecimiento alimentario aquellos que “no pueden llenar el plato de comida en su propia casa”. Destacan que los movimientos populares asisten a 2 millones de familias en todo el país a través de comedores, merenderos y viandas domiciliarias.
“El Estado no puede poner excusas, el hambre es un crimen y no seremos cómplices de la desidia y el abandono”, señala la UTEP.
Por último, reiteran el reclamo “estratégico” de vacunar a las trabajadoras sociocomunitarias que se mantuvieron activas desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, “cocinando en sus casas, expuestas al contagio, desarrollando tareas de cuidado, organizando las campañas de sanitización, ayudando a que los vecinos se registren para ser vacunados, demostrando que la solidaridad no es una consigna”
Estas organizaciones, cercanas al gobierno, no tienen previstas movilizaciones ni protestas en las calles, como realizaron otras, vinculadas a partidos de izquierda, que esta semana colmaron el centro porteño con cortes frente al ministerio de Desarrollo Social.
El Gobierno toma nota de los piquetes. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó que al Gobierno le "preocupa bastante" la concentración de manifestantes en momentos en que comenzó a regir un nuevo decreto con mayores restricciones para intentar bajar los casos de coronavirus en el país.
"El decreto no suspende el derecho a la manifestación, cualquiera sea el manifestante, el derecho no está suspendido", afirmó Frederic.
Mientras tanto, el gabinete económico destaca el “muy buen funcionamiento” de políticas sociales como la AUH, la Tarjeta Alimentar y el plan Potenciar Trabajo, aunque no anunciaron mayores recursos para esos programas luego de la reunión de este viernes.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció esta semana que se aplicará “un refuerzo de la asistencia alimentaria” que reciben comedores y merenderos para fortalecer el acompañamiento de las familias.
“Este año aumentamos 50 por ciento el monto en Tarjeta Alimentar, que llega a un millón y medio de familias. Ahora vamos a reforzar las partidas de los comedores. Es algo en lo que veníamos trabajando porque si bien empezó a haber un poco más de changas, hay gente que sigue yendo a comedores porque no le alcanza lo que gana por el precio de los alimentos”, dijo Arroyo.
El gobierno focalizará los recursos, por ahora, en la asistencia del Programa de Recuperación Productiva (REPRO II) para los sectores considerados críticos. Elevará la asistencia económica a $ 18.000 por trabajador, un 50% más de lo que se abona en la actualidad.
“En este contexto de segunda ola de contagios, es fundamental continuar tomando medidas para seguir protegiendo la salud de argentinas y argentinos y para seguir protegiendo al trabajo, la producción y los sectores vulnerables”, destacó en la reunión el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Las organizaciones sociales advierten que “el FMI no es prioridad”
En su último comunicado, publicado este viernes, la UTEP señala que “cuatro años de macrismo, una recesión económica que se prolonga desde el 2013 y este brutal colapso de la economía mundial, producto de la pandemia, han profundizado en Argentina todas las desigualdades”.
Advierten que “el delito macrista con un endeudamiento irresponsable” puso sobre la Argentina “un condicionamiento insostenible”.
Frente a la nueva etapa de negociación con el FMI, a quien señalan como “partícipe principal de la estafa”, expresaron que no es posible “volver a pagar deuda con más hambre y pobreza”. En el cuarto trimestre de 2020, según datos oficiales del Indec, la pobreza llegó al 42% en 2020 y afecta a 19 millones de argentinos.
“Los sectores populares ya pagamos antiguos acuerdos con nuestro descarte”, señalaron las organizaciones. “No podemos pagarle al FMI mientras sufrimos esta lacerante realidad social. El Fondo no puede ser la prioridad”, finalizan.
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