El presidente Alberto Fernández confirmó que en el AMBA sólo los trabajadores esenciales podrán usar el transporte público. La medida comenzará a regir a partir de la medianoche del jueves y tiene el objetivo de reducir el movimiento para controlar la curva de contagios por coronavirus. En este sentido, analizó que la suba de las infecciones está atada a las flexibilizaciones que se dieron en las últimas semanas y volvió a aclarar que no hay dilema entre economía y salud.
Tras una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en Olivos, el mandatario destacó que "ha aumentado la movilidad, los contagios y la ocupación hospitalaria de un modo que nos llama la atención. Hay que estar atentos y actuar en consecuencia".
En una entrevista con Telefe, remarcó que es menester "buscar que vuelva a bajar el tránsito de gente y el nivel de contagio" porque "en la medida que todos podamos quedarnos en casa, es el mejor remedio".
El objetivo es "ponerle un freno a la mayor circulación" porque quedó demostrado que el mayor movimiento generó un aumento de las infecciones en la Ciudad y Provincia. Por eso, anunció que a partir de la medianoche del jueves "solamente pueden utilizar el transporte público los trabajadores esenciales".
Fernández volvió a echar por tierra los cuestionamientos al aislamiento social obligatorio y destacó que "el problema que tenemos no es por la cuarentena, es por el coronavirus".
Al respecto, el mandatario resaltó que "el plan para el día después es una fuerte reactivación de la economía. En el mientras tanto lo que hicimos fue preservar el empleo para que después se enciendan las máquinas y los trabajadores puedan regresar" a sus puestos de empleo.
Frente al discurso pro economía, el Presidente aseguró: "Del problema económico sé cómo vamos a volver "querían salir a pasear, salgan a pasear, querían los locales abiertos, abran los locales pero ésta es la consecuencia", en relación a las flexibilizaciones que se dieron particularmente en la Capital Federal. "No tengo el dilema entre la vida y la economía, sé que estamos viviendo un momento muy dramático pero sé que las vidas de muchos argentinos corre peligro", aseguró.
Sobre este punto, pidió restringir aún más las salidas para realizar actividad física para "distanciar y minimizar la circulación de gente" en la Ciudad. Al respecto, el Gobierno porteño avanzó con controles mediante último número del DNI, tal como se informó en la entrevista.
El Presidente acotó sus actividades al ámbito de la quinta presidencial de Olivos por recomendación médica ante el crecimiento de los contagios pero aclaró que no tiene ningún tipo de síntoma.
Diferencias con bonistas
El presidente Fernández admitió esta noche que hay "diferencias" con los acreedores durante las negociaciones por la deuda y criticó que "algunos acreedores tomaron una actitud de dureza que no se entiende". El jefe de Estado consideró además que si el país no llega a un entendimiento, "en términos reales, no hay mucha diferencia".
"Va a haber problemas para que las empresas tengan acceso al crédito, pero ya los tienen", argumentó. Sin embargo, evaluó que "siempre es mejor acordar" e insistió: "Es mejor pagar la deuda que no pagarla, claramente. Hoy a la Argentina nadie le presta plata".
"Tenemos diferencias", reconoció el Presidente al referirse a los bonistas y apuntó: "No depende sólo de nosotros". En ese escenario, cuestionó que "algunos acreedores tomaron una actitud de dureza que no se entiende". Además, apuntó: "No entiendo muy bien el apuro para ver cuándo salimos del default o nos ponemos de acuerdo con los acreedores".
La cartera que conduce Martín Guzmán cuestionó algunos reclamos por ser "ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de la deuda". Según dio a conocer el Ministerio, la propuesta de los grupos Ad Hoc Bondholder Group and Exchange Bondholder Group busca que la Argentina comience a pagar intereses a partir del año próximo que varían entre un 0,50% y un 5,75% para los distintos tipos de bonos con vencimientos que se extienden hasta el 2045, aunque el Gobierno pidió tres años de gracia.
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