El senador Adolfo Rodríguez Saá propone la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental de la República Argentina (CONESARA) como órgano consultivo del Poder Ejecutivo Nacional, que permita desarrollar “políticas públicas a largo plazo”, algunas de las cuales podrían dar soluciones en situaciones de crisis como ocurre en la actualidad con la pandemia del COVID-19.
La iniciativa ingresada por la mesa de entrada del Senado establece la actuación del organismo “en materia socioeconómica, laboral y ambiental”, que promueva la participación ciudadana mediante “la concertación y el consenso de los distintos sectores sociales”, gremial, industrial, que fomenten “la producción sostenible” en todo el país. Desde ese contexto, se hace hincapié en el compromiso con “el progreso económico y social a través de la generación de fuentes de trabajo sostenibles, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas”. Además de un enfoque destinado a “consolidar el federalismo, los valores democráticos, la convivencia y la unidad nacional, con especial énfasis en las problemáticas regionales, a efectos de diagramar estrategias comunes”.
La necesidad de contar con un Consejo Económico y Social para el Desarrollo va en línea al planteo que el propio presidente Alberto Fernández formalizó durante la Asamblea Legislativa del pasado 1° de marzo, donde habló sobre la necesidad de “abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”.
Al respecto, Rodríguez Saá se remitió a expresiones del Jefe de Estado, que en esa oportunidad se pronunció sobre un futuro órgano consultivo de reactivación al sostener: “(...) Queremos que sea el motor no sólo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad. Los sectores del trabajo, de la empresa, de los movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica también serán convocados”.
En el proyecto que impulsa el senador del Frente de Todos se detalla que el CONESARA estará conformado por ministerios del gabinete nacional (Trabajo, Desarrollo Social, Economía, Salud, Interior y Desarrollo Sostenible) legisladores de ambas cámaras, junto a representantes de los distintos sectores: agropecuario, comercio, servicios, construcción y de las micro, pequeñas y medianas empresas. Las organizaciones sindicales, movimientos sociales, universidades nacionales y representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), formarán parte del órgano consultivo.
Por último, Rodríguez Saá consideró necesario un órgano consultivo nacional, en línea con experiencias de algunas provincias –como San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras–, que ya poseen Consejos Económicos y Sociales en sus respectivas jurisdicciones.
La iniciativa le otorga al Consejo funciones y atribuciones de “emitir recomendaciones y dictámenes facultativos sobre los asuntos de su competencia”, como así también “elaborar estudios e informes para el desarrollo de políticas económicas y sociales” que den respuestas a las “necesidades y demandas de la sociedad”. Además, podrán desarrollar “una gestión sostenible y adecuada del ambiente para la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible”.
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