Río Tercero, una ciudad agroindustrial del sur cordobés, tiene una herida que sangra desde hace 25 años: el 3 de noviembre de 1995 a las nueve de la mañana estalló la Fábrica Militar (FMRT), la ciudad se convirtió en un campo de batalla donde caían miles de proyectiles que causaron siete muertes, heridas físicas a más de 300 personas, daños psicológicos a otros miles y pérdidas millonarias.
El principal sospechoso de las explosiones del 3 de noviembre de 1995 –se repitieron el 24 de noviembre en una segunda tanda de explosiones de bombas recuperadas- es el senador y ex presidente Carlos Menem, quién habría ordenado la voladura para encubrir el faltante de armamento que había sido vendido ilegalmente a Ecuador y Croacia.
Recién el 24 de febrero del año próximo Menem, que tiene 90 años de edad, se sentará en el banquillo de los acusados, cuando se inicien las audiencias en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba. Los jueces encargados de determinar si el ex presidente tuvo responsabilidad en la voladura de la FMRT son Carolina Prado, Noel Costa y Jaime Díaz Gavier.
“Este 3 de noviembre se cumple un cuarto de siglo en que el poder encubre sus actos de corrupción con un atentado criminal. Es muy grave este atentado, una ciudad bombardeada en la que se perdieron siete vidas humanas, cientos de heridos y miles de vecinos, ancianos, adultos y niños con secuelas psicológicas, además de casas destruidas y millones de pérdidas materiales. El principal responsable de este acto criminal, el ex presidente Carlos Menem, todavía está impune”, le dijo a El Destape, Pedro Salazar, un ex juez que sobrevivió a la tragedia e integra el colectivo cultural y edicacional “3 de Noviembre”.
Salazar señaló que “Río Tercero no volvió a ser lo que fue, después del atentado. La gente ya no fue la misma, nos convertimos en una ciudad que sufrió una guerra en tiempos de paz, nos bombardearon. Siempre supimos del peligro del polo petroquímico y de los explosivos; pero nunca imaginamos que el propio Estado nos iba a bombardear, porque el ex presidente Carlos Menem y los directivos de fabricaciones Militares fueron los responsables de esta tragedia que provocaron semejante daño a la vida, a los bienes y a la tranquilidad de nuestra ciudad. Fue un atentado para encubrir actos de corrupción del gobierno de Carlos Menem y 25 años después, aún esperamos justicia”.
El devenir de la causa por la voladura de Río III
En diciembre de 2014 ya habían sido juzgados y condenados por la tragedia directivos de Fabricaciones Militares, acusados de ser “autores mediatos” del delito de “estrago doloso agravado por muerte de persona”. Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, quienes ocupaban cargos directivos en la planta de Río Tercero; y Carlos Franke y Edberto González de la Vega quienes se desempeñaban como directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Capital Federal fueron condenados, mientras que Menem fue excluido de ese juicio.
Cornejo Torino, Franke y De la Vega recibieron condenas a 13 años de cárcel, mientras que Gatto fue sentenciado a 10 años.
Los abogados querellantes Ricardo Monner Sans, Horacio Viqueira y Aukha Barbero, en representación de las hermanas Julia y Eugenia Dalmasso Gritti habían solicitado penas de 17 años de prisión. Mientras que el fiscal Alberto Lozada había pedido condenas de 15 años. La madre de las chicas, Ana Gritti, batalló en soledad contra el aparato estatal menemista y logró llevar el caso a juicio. Murió en abril de 2011, esperando justicia por su esposo muerto por las heridas recibidas por las bombas, Hoder Dalmasso: “Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”, sentenció Gritti semanas antes de morir.
Hoder Dalmasso era profesor de química en la ENET 1, una escuela técnica de la que salieron la mayoría de los empleados de la FMRT y del complejo petroquímico de Río Tercero. La ENET 1 queda muy cerca de la fábrica militar, por lo que cuando escuchó las primeras explosiones, Dalmasso evacuó a los alumnos y fue el último en abandonar el edificio. Minutos después le dio un infarto y murió.
Ese 3 de noviembre de 1995, también murieron bombardeados Aldo Aguirre, Romina Torres, Leonardo Solleveld, Elena de Quiroga, Hoder Dalmasso, Laura Muñoz y José Varela, gente que vivía en la ciudad y ni siquiera trabajaba en la planta.
“Con este fallo, hoy la Argentina es un país un poquito más justo. Es un día histórico para Río Tercero y Argentina”, aseguró días antes de la Navidad de 2014, el abogado querellante Aukha Barbero tras conocer la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 que condenó a cuatro ex militares a penas de 10 a 13 años de cárcel por la explosión intencional de la FMRT.
Menem había quedado fuera de ese juicio porque un fallo de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba del 12 de febrero de 2014 revocó su procesamiento y lo sobreseyó. Según la querella “quedó demostrado que la explosión fue intencional y amparada por una estructura política para encubrir el faltante de material bélico que había sido enviado ilegalmente durante el gobierno de Menem a Croacia y Ecuador”, señaló Barbero.
En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) porteño había condenado al ex presidente Menem a 7 años de prisión por el contrabando ocurrido entre 1991 y 1995. También fueron condenados ex directivos de Fabricaciones Militares.
Gran parte del armamento vendido de contrabando a Croacia había sido recolectado antes de unidades del Ejército en todo el país. En Río Tercero, cañones y proyectiles fueron repintados para ser vendidos como nuevos; según lo demostró la Justicia.
En 2018, tras una serie de apelaciones, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó devolver el expediente de Menem a Córdoba; y el juez Carlos Ochoa, del Juzgado Federal de Río Cuarto –allí se instruyó la investigación en 1995- volvió a procesar y a elevar a juicio a Menem.
“Gracias a la lucha insobornable de la doctora Ana Gritti, única querellante de la causa, sabemos que lo acaecido aquel 3 de noviembre de 1995 fue un atentado. Pese a las dilaciones y artilugios propios de quienes intentan sembrar impunidad, en diciembre de 2014 el Tribunal Federal II de Córdoba finalmente dictó sentencia condenando a un pequeño grupo de militares por la voladura de los polvorines. Sin embargo, hasta tanto la justicia no alcance a los máximos responsables, seguiremos solicitando firmemente justicia definitiva”, señala una solicitada que firmaron, entre otros, el ex juez Salazar; los ministros nacionales Eduardo “Wado” De Pedro, Juan Cabandié, el diputado nacional Eduardo Fernández del Frente de Todos; gremios, organismos defensores de los Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, APDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Central de los Trabajadores Argentinos, ATE y partidos como el Frente de Todos, la UCR, Izquierda Socialista, y colectivos como Córdoba Nuestra Tierra Lucha; la Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero, La Luciérnaga, Río Tercero un Cauce Común, Contagiando Carnaval, Las Nietas de las Brujas, Nosotras Mujeres Necesarias, Fundación Juntos a la Par y la Municipalidad de Río Tercero.
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