El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se reunió en la Provincia este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para alzar una serie de reclamos y hacerle frente a la crisis económica que atraviesa su territorio debido al mayor ajuste del sector público nacional (SPN) de los últimos 64 años, establecido por el Gobierno nacional en el primer semestre del 2024.
Llaryora hizo énfasis en el reinicio de las transferencias de la Anses a la Caja de Jubilaciones. Por la deuda acumulada entre enero y junio de este año, el Gobernador le reclama al presidente Javier Milei un monto de 68 mil millones de pesos. Desde hace varias semanas, el cordobés, junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), profundiza las exigencias.
Para intentar apaciguar las aguas, Caputo le hizo algunos guiños a la gestión de Llaryora durante una presentación ante empresarios. Sin embargo, la paciencia se agota: ya entrado el segundo semestre, las cuentas provinciales sufren la profunda recesión impulsada por el recorte del gasto público y la caída de la caja jubilatoria crece mes a mes como consecuencia de las falsas promesas de Milei sobre el envío de recursos.
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Llaryora reclama respecto de una “pata productiva” en el plan e insiste en que el Estado “debe tener un rol” para impulsar la actividad económica. Hace algunas semanas, volvió a pronunciar un efusivo reclamo al libertario. "Ni siquiera nos cumplen con el envío de los fondos que tienen que ser automáticos. Esto no pasó nunca. Porque los impuestos se pagan, llegan a la Anses, pero nos están mandando cero pesos”, dijo durante un encuentro que tuvieron los demás mandatarios de la Región Centro.
Ante la falta de respuestas, estudia el modelo de reclamo santafesino para replicarlo. A través de la vía judicial, el gobierno que encabeza Pullaro cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del Decreto N.º 28/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de los pagos de la Caja. Asimismo, exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que el Presidente debe cumplir.
Llaryora busca avanzar con el acuerdo por la obra pública y de los subsidios al transporte
La obra pública fue otro ítem abordado. Córdoba ya firmó el convenio de traspaso de las obras con la Nación, pero se espera que se terminen de definir algunos aspectos como la resolución de la deuda que hay en los proyectos y sobre la que vienen insistiendo los empresarios.
El mandatario provincial advirtió que se necesita "una recuperación económica porque no se puede sostener una caída constante" y remarcó la importancia del sector de la construcción para generar empleo: “Yo me propuse, no digo obviar las dificultades, pero sí no parar. Nosotros tomamos la acción de no parar la obra pública. No perdimos ni un solo empleo en el último mes. Esto es gracias a los intendentes que empujan", afirmó hace algunas semanas.
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A su vez, ratificó la decisión de no interrumpir las obras de infraestructura, con el convencimiento que “generan progreso y trabajo para nuestra gente”, a la vez que destacó que esta medida tiene un impacto directo en la generación de puestos de trabajo.
Otro punto de la agenda fue el de los fondos para el transporte del interior. Hubo insistencia en que se debe buscar un mecanismo “equitativo”. En el Congreso hay una propuesta avalada por un grupo de intendentes sobre la base de la recaudación del impuesto al combustible. El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, no vio al ministro Caputo, ya que se tomó unos días de descanso.
Por la quita del Fondo Compensador, Córdoba aumentó el boleto de colectivo urbano un 34%. El año pasado, $102 mil millones fueron destinados a cubrir parte del monto, pero, a partir de su eliminación, "el sistema de transporte público es sostenido exclusivamente por la Municipalidad de Córdoba y los usuarios", aseguraron desde el Municipio.
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