La avanzada derechista que intentó imponer el título de Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a dos profesores de la Facultad de Derecho que participaron activamente como funcionarios civiles durante la pasada dictadura militar; tuvo un duro revés político cuando esta semana el Consejo Superior de la UNC rechazó masivamente la propuesta elevada a instancias del decano Guillermo Barrera Buteler.
Lo que parecía un trámite administrativo se convirtió en un debate político afuera de los claustros de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se generó un amplio rechazo al reconocimiento de los actores civiles de la pasada dictadura, impulsado por los organismos defensores de los DD.HH. a los que se sumaron militantes sociales y políticos: el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y la Comisión de Vigilancia y Reglamento del Consejo Superior de la UNC ya habían votado por unanimidad a favor de los docentes José Luis Palazzo y Jorge Edmundo Barbará; por lo que se descontaba una aprobación masiva.
A principios de diciembre, en una sesión virtual del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, se aprobó por unanimidad la nominación de Profesor Emérito –uno de los máximos reconocimientos de la UNC donde se destaca la labor académica, intelectual o cultural del candidato- a Palazzo y Barbará, dos ex funcionarios de la pasada dictadura militar y del gobierno neoliberal de Carlos Menem. A ambos los propuso el decano Barrera Buteler, un militante de la Democracia Cristiana y aliado al actual vicerrector Ramón Pedro Yanzi Ferreyra, un peronista que llegó al decanato en pleno menemismo, en una alianza con los sectores más conservadores del PJ cordobés.
“La votación en el Consejo Superior tiene un valor simbólico de enorme contenido: es la primera vez que la UNC no designa a un profesor emérito porque el mismo ha sido o ha participado como funcionario en la dictadura cívico militar de 1976 a 1983. Esto, sin ninguna duda, tiene una importancia trascendental y va a marcar un antes y un después en la vida de la Universidad de Córdoba. No es la primera vez que la designación de docentes y su participación en la dictadura es un tema de debate en el seno de la Universidad; en los primeros años de democratización de la UNC fue un tema de muchísimo debate, primero para impugnar los concursos que se realizaron durante la dictadura y después cuando se discutió la ordenanza de concursos en el gobierno democrático; y siempre hubo una enorme tensión. Por un lado, los sectores más democráticos, con la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) a la cabeza, reclamaban que quienes habían participado como funcionarios en cualquier nivel de responsabilidad de la dictadura, no pudieran ser docentes. Y hubo quienes pretendieron que hubiera un continuismo de lo que había sido la gestión autoritaria de la Universidad durante los años de dictadura. Esto, como fue durante el rectorado de Luis Rébora se resolvió posibilitando la impugnación en los concursos a quienes estuvieron ligados a la dictadura”, explicó Carlos Vicente, ex viceintendente de Córdoba, ex presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en plena dictadura, entre 1979 y 1983, y secretario general de la FUC entre 1981 y 1983, cuando Barbará era funcionario.
Vicente recordó que “en los 90, que fueron años de oscurantismo en la Universidad, como lo fue el menemismo a nivel nacional, las impugnaciones a funcionarios civiles de la dictadura militar fue dejado sin efecto. Por eso la importancia de este debate tan amplio realizado en el seno del Consejo Superior de la UNC, con voces tan importantes como la decana de Filosofía, Flavia Dezzutto, quién puso el eje que había que debatir si podía o no recibir una distinción honoraria a un docente, habiendo sido éste funcionario de la dictadura; poner eso en debate y que se resolviera por parte de la UNC el rechazo al proyecto de la Facultad de Derecho tuvo una importancia institucional que excede el ámbito universitario”.
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Claro que el veto a los docentes colaboracionistas excede los claustros: Palazzo y Barbará representan la derecha política cordobesa en la UNC. En la dictadura, José Luis Palazzo y la actual miembro del bloque de senadores del PRO, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, militaban en la Unión de Estudiantes Independientes (UNEDI), el brazo estudiantil que apoyaba al entonces dictador Roberto Viola.
También en dictadura, Palazzo fue director de Recursos Humanos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), y su paso por la compañía donde trabajó el líder del Cordobazo, Agustín Tosco, fue reconocido por el genocida Luciano Benjamín Menéndez, máximo responsable del terrorismo de Estado en Córdoba y nueve provincias del NOA, que dependían del Tercer Cuerpo de Ejército: “Conozco al doctor Palazzo dese hace muchos años, por ser sobrino de una tía política mía. Tenemos, pues, parientes comunes. Además lo he tratado permanentemente. No solo el doctor no tiene simpatías ideológicas izquierdistas, sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa de Energía de Córdoba. Allí en EPEC desactivó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco", escribió de puño y letra el propio general Menéndez, reconociendo la participación de Palazzo como actor civil de la dictadura.
Ya en democracia, Palazzo y Rodríguez Machado siguieron siendo socios políticos y en la actividad privada. Ambos recalaron en la Unión del Centro Democrático (UCeDe) de Álvaro Alsogaray y Germán Kammerath. Entre 1999 y 2003, cuando Kammerath fue intendente de Córdoba aliado a De la Sota, Rodríguez Machado fue funcionaria municipal y tejió alianzas con el sector desarrollista urbano. Ya en la actividad privada, Palazzo y la actual senadora Rodríguez Machado recalaron en Euromayor, una compañía constructora denunciada por estafas y con parte de sus directivos detenidos. El director de Euromayor era Palazzo y Rodríguez Machado fue gerenta de Relaciones Institucionales.
En el caso de Jorge Barbará, entre 1981 y 1983 fue subsecretario y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba en 1981, bajo el gobierno del interventor de facto Juan Rubén Pellanda.
Barbará, además avaló el genocidio, cuando en octubre de 1978 fue uno de los adherentes a la “Carta Abierta al embajador de EE.UU., Raúl Castro”, previo a la llegada a nuestro país de veedores de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que confirmaron internacionalmente las denuncias por genocidio realizadas por víctimas sobrevivientes y familiares de los detenidos desaparecidos.
Los firmantes de esa proclama a favor de la dictadura cívico militar señalaron allí que “grupos guerrilleros y activistas huyeron del país para refugiarse junto a sus amos buscando nuevas directivas” y que desde el exterior lanzaron la “campaña antiargentina por los derechos humanos con implicancias tales como el intento de boicot a eventos deportivos o congresos científicos mientras se callaba vilmente toda referencia a las víctimas que a diario cobró la violencia en la Argentina”.
La maratónica sesión del Consejo Superior de la UNC que debía tratar, entre otros temas, la propuesta de profesor emérito para Palazzo y Barbará estuvo presidida por el vicerector Yanzi Ferreyra –el rector radical Hugo Juri no estuvo y ya había adelantado su posición contraria a reconocer a los ex funcionarios de la dictadura- y se realizaron cinco votaciones que terminaron rechazando por amplia mayoría la propuesta del decano Barrera Buteler. Hasta el propio vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra que había aplaudido la moción a favor de Palazzo y Barbará, votó en contra.
La designación de Palazzo fue rechazada por 35 votos y se registraron cuatro abstenciones; y en el caso de Barbará, se opusieron a su designación 34 consiliarios y otros tres se abstuvieron. Entre las abstenciones se destacan las del propio decano de Derecho, Guillermo Barrera Buteler, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Pablo Recabarren y la conciliaria docente de Derecho, Alicia Morales Lamberti.
En Derecho y la Comisión de Vigilancia y Reglamento de la UNC, las nominaciones fueron aprobadas por unanimidad y se descontaba que pasaría lo mismo en el Consejo Superior; pero los consiliarios radicales -los decanos de Agronomía, Juan Marcelo Conrero; y de Ciencias Económicas, Jhon Boretto y los respresentantes de Franja Morada-, en una maniobra oportunista y presionados por el amplio debate puertas afuera; votaron en contra de Palazzo y Barbará.
La UCR cordobesa llegó a las elecciones provinciales de mayo de 2019 dividida: el sector macrista que dirige el diputado Mario Negri está aliado con el PRO de Rodríguez Machado; mientras que el sector del ex intendente capitalino Ramón Javier Mestre proponía un frente amplio con Cambiemos y sectores progresistas. Lejos del Gobierno provincial y derrotados en la Intendencia de la ciudad de Córdoba, el único centro de poder real que le queda al radicalismo es el gobierno de la UNC. Por eso oportunistamente cambiaron su voto en la última sesión del Consejo Superior, pese a haber votado a favor de Palazzo y Barbará en la Facultad de Derecho y en la Comisión de Vigilancia y Reglamento.
La profesora de la Cátedra de Derecho Constitucional, Marta Faur, valoró ante El Destape la votación en la UNC por su impacto en la sociedad: “Cada vez que aparece un escriba de dicttadura, el academicismo está detrás. Cada vez que jueces revictimizan mujeres abusadas está esta academia detrás, retardando un protocolo ILE o leyes pro derechos. Cada vez que aparecen sentencias que interpretan que en la sociedad hay subalternos que van tras rejas, ésta academia va detrás. El espacio institucional no es neutral, está cargado de simbolismos e ideología. Y merituar a quienes bregaron por un gobierno dictatorial, es debilitar y bastrdear lo que enseñamos sobre democracia”.
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