La legisladora Patricia de Ferrari de Juntos por el Cambio de Córdoba no pasa su mejor momento: abogados nucleados en la “Agrupación Dr. Julio Maier” la denunciaron ante la Justicia provincial por los presuntos delitos de apología del crimen e instigación para cometer delitos, previstos en los artículos 209 y 213 del Código Penal “por sus expresiones vertidas en redes sociales en las que promueve el uso de la metodología de los “Falcon verdes para “impartir” la justicia”, señaló el abogado Enrique Fernández Quintana, uno de los promotores de la acción penal contra la legisladora de la derecha radical cordobesa.
El jueves pasado, la legisladora del frente macrista Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter posteó: “Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para 'impartir' la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”; en medio del debate surgido por el Proyecto Artigas y la disputa de los campos entre Dolores Etchevehere y Juan Grabois contra Luis Miguel Etchevehere, líder de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri.
El abogado Fernández Quintana detalló a El Destape que “los dichos de esta legisladora, que además fue diputada nacional, es politóloga y vicepresidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) hacen que sus dichos y afirmaciones adquieran una repercusión significativa, mayor que la de cualquier ciudadano”.
En la denuncia que realizó Fernández Quintana junto al ex viceintendente cordobés Carlos Vicente y el penalista Claudio Juárez Centeno, entre otros abogados, destaca que “la referencia a los Falcon verdes se relaciona de manera directa a uno de los mecanismos más siniestros que la pasada dictadura militar utilizó para infundir el terrorismo de Estado en la Argentina, cuál es la desaparición forzada de personas”.
Fernández Quintana le dijo a El Destape que “no es la primera vez que esta politóloga, legisladora y representante de la alianza macrista Juntos por el Cambio se expresa en el sentido de avalar el terrorismo de Estado o negar el genocidio; ya en 2018 había publicado en Twitter que los desaparecidos eran poco más de 7.000 negando la cifra de 30.000 desaparecidos entre los que se encuentra mi padre. Y tampoco es casual que la publicación de los Falcon verdes haya ocurrido el jueves 22 de octubre, el mismo día en que se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en reconocimiento por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda y restitución de los bebés apropiados en plena dictadura”.
Don Vicente Fernández Quintana era un conocido escribano de Río Tercero, una ciudad industrial ubicada a 100 kilómetros. Cuando fue secuestrado el 14 de mayo de 1976, tenía 66 años, estaba jubilado y se dedicaba a la docencia en una escuela de la ciudad. Fernández Quintana era militante radical, había militado junto al ex gobernador Amadeo Sabattini y fue amigo personal de Arturo Illia. Es el único desaparecido que fue secuestrado en Río Tercero. “Mi padre, desaparecido, víctima del terrorismo de Estado, secuestrado en un Falcon verde, militaba en la UCR, un partido nacional y popular que nada tiene que ver con estos conservadores como la legisladora De Ferrari, nostálgicos de la dictadura cívico-militar”, resumió Enrique Fernández Quintana, hijo de Don Vicente.
Además, el propio Comité Central de la UCR cordobesa, “por mayoría, con el voto de los núcleos Fuerza Renovadora, Identidad Radical, Confluencia y Asamblea Radical” emitió un comunicado donde señala que “a 35 años de distancia, aún resuenan en la conciencia de las y los argentinos aquella contundente frase del “Nunca Más” con la que el fiscal Julio César Strassera cerrara su alegato en el histórico Juicio a las Juntas militares del Proceso llevado a cabo en nuestro país entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Es nuestro deber para con las presentes y las futuras generaciones, como fuerza política democrática, señalar repudio cada vez que una o un miembro de nuestro partido traspone la línea y vincula hechos del presente referenciándolos con circunstancias vividas en aquel oscuro y nefasto período de la historia argentina”.
El comunicado de la UCR cordobesa, que preside el ex intendente Ramón Javier Mestre, agrega que “”por ello, el Comité Central de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Córdoba repudia enérgicamente los dichos de la legisladora provincial Patricia de Ferrari, quien además ocupa el cargo de vice Presidenta de este cuerpo. Por último exigimos su formal descargo y retractación ante este cuerpo”.
¿La expulsan de la Legislatura?
Mientras que en la Legislatura cordobesa fue presentada por 12 legisladores del frente schiarettista Hacemos por Córdoba una cuestión de privilegio contra la legisladora de De Ferrari, “porque sus dichos ofenden al cuerpo legislativo en su conjunto y es en virtud de ello y amparándas en el artículo 99 de la Constitución Provincial y los artículos 129 y 130 del reglamento interno de la Legislatura, presentamos este pedido de tratamiento de una cuestión de privilegio”.
Una de las redactoras del proyecto, la legisladora albertista Tania Kyshakevych afirmó: “Repudio total y absolutamente los dichos de la legisladora Patricia de Ferrari de Juntos por el Cambio, reivindicando el terrorismo de Estado; una autoridad elegida por el voto popular, que representa la voz del pueblo, justo en la casa de la democracia, reivindicando sus dichos reinvindicación el terrorismo de estado. Podemos estar o no de acuerdo en ideas, proyecto incluso gestion, pero lo que jamás debemos discutir es la democracia”.
En tanto que la legisladora Nadia Fernández señaló que “esta frase utilizada por la legisladora de Juntos por el Cambio constituye no solo una provocación a todas las víctimas y familiares de la nefasta dictadura cívico militar, sino que además denotan un grado de irresponsabilidad por parte de quien la empleó, ya que de este modo y al banalizar sucesos s que rememoran la época más triste y oscura de nuestra historia se banaliza también el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y los Organismos de DDHH y eso no lo podemos ni debemos permitir”.
El legislador socialista Matías Chamorro expresó que “todo lo que se avanzó en materia de Derechos Humanos a partir del Nunca Más, del juicio a las Juntas y de todos los juicios contra los genocidas, es un piso inamovible alcanzado por la lucha de los organismos de DDHH, por las Abuelas, las Madres y los HIJOS y no puede ser utilizado para hacer política de baja estofa. El Nunca Más y la lucha por Memoria, Verdad y Justicia no pueden ser víctimas de la grieta como lo hizo la legisladora De Ferraris”.
En la sesión de mañana de la Legislatura se resolverá la cuestión de privilegio, y la sanción que le podría caber a De Ferrari puede ir desde un llamado de atención, una multa, una suspensión y llegar incluso hasta la expulsión. La voluntad que hay en el oficialismo, es de exigirle la renuncia.
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