Insólito. Lo que sucede en el Hospital de Niños de Córdoba en plena pandemia de coronavirus en Argentina no tiene explicación lógica: una enfermera con 18 años de antigüedad, delegada y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) está a punto de ser despedida de su trabajo por una protesta gremial de 2013, hace casi ocho años.
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La causa judicial
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La ciudad de Córdoba aún era un caos, producto del motín de poco más de 10 mil policías que el martes 3 y el miércoles 4 de diciembre de 2013 habían dejado a la Capital y las localidades del Gran Córdoba a manos de bandas que saquearon todo cuánto pudieron. El gobernador José de la Sota había regresado de urgencia desde Colombia a apagar el incendio en el que se había convertido la Capital.
El viernes 6 de diciembre, las enfermeras del Hospital de Niños de Córdoba hicieron varias asambleas y allí salió un paro, como los cuatro paros que realizaron los equipos de salud en el pasado mes de abril en toda la provincia de Córdoba: con atención de las guardias y sin atención de consultorios externos; lo que en la práctica fue una derivación de pacientes externos que ingresaron por la guardia.
“El cuadro de situación era terrible, veníamos del amotinamiento, imagínate esa tensión. En el hospital faltaban cosas básicas, no teníamos las jeringas, ni los sueros y las diluciones para diluir medicamentos; faltaban antibióticos y analgésicos básicos; tampoco teníamos los Paf, los disparitos de rescate respiratorio para broncoespasmos; imagínate. A veces esperábamos las ambulancias y cuando llegaban, les pedíamos un sachet de suero; ese era el cuadro de situación. En esa época, el presupuesto de cada hospital lo manejaba el director y nuestro director Néstor Perotti malgastaba ese presupuesto y nos quedamos sin insumos. Comenzó la protesta en el Hospital de Niños, pero luego se extendió a todos los hospitales y con todos los gremios, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), nuestra UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) y hasta el SEP (Sindicato de Empleados Públicos) se plegó. El paro fue por diez días más o menos, que incluyó asambleas, pero atendiendo todos los pacientes internados y los que ingresaban por guardia”, detalló a El Destape, Estela Giménez, delegada del Hospital de Niños y secretaria adjunta de la UTS.
Las asambleas se hacían de día y de noche. Los baños perdían agua. Los nebulizadores funcionaban con injertos de nariceras. A los reclamos por insumos, se le suman por la incorporación de mayor personal y aumentos salariales. Y que los presupuestos no los manejen más los directores, que lo hacían en forma discrecional.
A raíz de esa protesta, el director Perotti denunció penalmente a los líderes de la huelga, entre los que se encontraba la enfermera Giménez, que ahora tiene 18 años de antigüedad en el Hospital de Niños: los acusó de “turbación de la posesión”, un edicto de la dictadura que en la práctica es la toma del hospital y su paralización, algo que no ocurrió. Tras la imputación del fiscal Pedro Caballero, el ministro de Salud de entonces y actual legislador oficialista Francisco Fortuna inició un sumario interno de oficio que nunca tuvo curso. Cuatro de los imputados quedaron protegidos por la tutela sindical, por ser delegados, y sólo la acusación judicial y administrativa contra Estela Giménez siguió adelante porque según el Estado cordobés –la patronal-, ella no era delegada. Sin embargo, había sido electa en octubre de 2012, catorce meses antes de la protesta.
Reactivar la causa en pandemia
En 2020, en plena pandemia, lejos de toda lógica, el actual ministro de Salud cordobés, el oficial subinspector de la Policía de Córdoba, Diego Cardozo, decidió reactivar la sanción administrativa contra la enfermera Giménez, delegada del Hospital de Niños y secretaria adjunta de la UTS. En el Ministerio le sugirieron que no moviera el expediente “porque el Hospital está funcionando bien, todo el mundo está enfocado en combatir el Covid, no hay que generar problemas innecesarios”. El ministro atendió las sugerencias.
En abril pasado, el ministro Cardozo volvió a la carga: durante ese mes, los trabajadores de la salud de Córdoba de todos los hospitales de la Capital y el interior realizaron cuatro paros contundentes. La respuesta del ministro fue descontar a todos, sin importar si habían trabajado ese día, si cubrieron guardias o si estaban de vacaciones. La represalia salarial, en tiempos de inflación, fue durísima. Pero también, Cardozo reactivó el expediente contra la enfermera Estela Giménez y se puso nuevamente en marcha el juicio para desaforarla y despedirla: En una resolución de 36 páginas del 27 de abril pasado, el ministro Diego Cardozo solicita al Juzgado de Conciliación y Trabajo de 9ª Nominación la exclusión de tutela sindical; a la vez que en otro escrito, el ministro resuelve disponer la cesantía de la dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud.
“Nuestras protestas estaban amparadas por el derecho constitucional de huelga; pero además, no tuvimos un solo inconveniente, no dejamos a un paciente internado sin atender, y los que venían externos, fueron atendidos por Guardia. Somos trabajadores esenciales, no vamos a dejar pacientes sin atender. No lo hicimos en 2013, no lo hacemos ahora. Esta es una persecución no sólo a mí, contra mi persona; sino a todos los equipos de salud que venimos denunciando el vaciamiento del sistema público de salud”, describió la enfermera acusada.
La acusación contra la dirigente sindical fue tomada como un apriete por los trabajadores de salud: “El gobernador Juan Schiaretti ha tomado la decisión de impulsar el desafuero y la exoneración de Estela Giménez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS)”, denunció la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud (Fesprosa), que en un comunicado agregó: “El Gobierno de Córdoba tiene una larga historia de represión contra los trabajadores de la salud pública provincial”. La agrupación gremial nacional acusó al ministro de Salud cordobés de “criminalizar la protesta y el derecho a huelga”.
La CGT Rodríguez Peña, que agrupa a los gremios combativos de Córdoba, como el Sindicato de Luz y Fuerza, también denunció que “es inevitable relacionar estos ataques con la lucha que viene dando la compañera Estela Giménez y los trabajadores de la salud, que denuncian desde hace años, las precarias condiciones con las que trabaja el sistema público de salud, situación agravada por la pandemia”.
El abogado Lucas Cocha, defensor de Estela Giménez, le dijo a El Destape que “esta reactivación de la causa judicial en plena pandemia es una clara decisión política del Gobierno y una medida impulsada por el ministro de Salud, Diego Cardozo, que muestra un ensañamiento contra una dirigente que defiende los derechos laborales; pero además defiende los derechos de los pacientes a recibir una atención de calidad. Pero también es un ataque porque Estela es una mujer que se le planta al poder. En las resoluciones del sumario, en cada instancia en que Cardozo iba ascendiendo de jerarquía dentro del Ministerio, él fue quien impulsó el sumario. El sumario se inicia con la firma de Cardozo cuando era secretario de Servicios Esenciales y finaliza solicitando la elevación a juicio con la firma de Cardozo siendo ya ministro de Salud”.
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