Conflictos en Educación, Salud y Seguridad complican la campaña nacional de Schiaretti

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, está de campaña en medio de crisis de seguridad y huelgas por reclamos salariales docentes y trabajadores de la salud. Días atrás, desde Río Cuarto, le hizo un guiño al “campo” en el que apuntó que con la campaña agrícola 2021-2022 la provincia aportó a la Nación $ 400.000 millones a través de retenciones. A la misma hora, en esta Capital –a 220 kilómetros al norte de Río Cuarto- una nutrida marcha de docentes públicos y privados reclamaba por la discusión paritaria provincial frente al Centro Cívico, como cierre del paro convocado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

La huelga de las maestras y maestros cordobeses este lunes se resolvió mediante asambleas la semana pasada y logró un acatamiento de más del 90% en las escuelas estatales y al 70% en las privadas, según voceros gremiales. Desde el Gobierno de Córdoba señalaron que el acatamiento llegó al 55%. El secretario general del gremio estatal UEPC, Juan Monserrat, llevó a la Provincia la propuesta de un salario de $ 160 mil –para equiparar la Canasta Básica Alimentaria- mientras que desde el gobierno de Schiaretti ofrecieron los $ 108 mil vigentes y una actualización del 15% para febrero y marzo, además de $ 12 mil que aporta Nación a través del  Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID).

“El Gobierno no pudo construir una propuesta razonable antes de que comience la asamblea provincial. Estaban viendo lo que sucede en la paritaria nacional, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires. Ya estamos acostumbrados a estas situaciones. Después del paro vamos a tener una nueva reunión”, señaló Monserrat a los medios.

El paro docente impacta fuerte en el discurso de Schiaretti que se muestra como el gran gestor en su modelo nacional “por encima de la grieta”. Mientras en CABA, Horacio Rodríguez Larreta; y en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguraron el ciclo lectivo 2023 y se mostraron en escuelas de sus distritos; en Córdoba, las fotos de las escuelas vacías y de la movilización docente fueron puntos en contra del mandatario provincial.

Asambleas y paro en salud

Mientras que el martes, en los hospitales provinciales se realizaron asambleas convocadas por la Coordinadora Córdoba Salud Unida que nuclea al personal de la Salud agremiado en la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y distintos médicos autoconvocados. “Estamos entrando a marzo y no tenemos paritarias. El año pasado, el Gobierno se había comprometido abrir una mesa paritaria para que los trabajadores de la salud tengamos nuestro propio espacio de diálogo, y eso no está ocurriendo. Nuestro salario básico está por debajo de la línea de pobreza”, le dijo a El Destape la secretaria adjunta de UTS, Estela Giménez.

Los trabajadores de la salud, además reclamaron en las asambleas de hoy, por la reincorporación de una médica despedida en el hospital Elpidio Torres, y anunciaron dos paros para el 7 y el 5 de marzo. El 15 de febrero pasado, se realizó un masivo paro con movilización.

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba, el director de Hospitales de Capital, Carlos Giordana, informó que “no hay ningún salario por debajo del índice de pobreza” entre los trabajadores que cumplen entre 35 y 40 horas semanales. Sobre el despido de la médica del hospital Elpidio Torres, el funcionario schiarettista lo minimizó: “Es un caso único en un universo de más de 16.000 agentes”.

Además, los trabajadores reclaman por las condiciones edilicias de los hospitales y por mayor seguridad, como es el caso del Hospital Misericordia en esta Capital, que sufre derrumbes y además la ola de asaltos en la zona tiene como víctimas al personal y pacientes.

Crisis en seguridad

La seguidilla de robos, muchos de ellos violentos, asola a la Capital y las ciudades del Gran Córdoba, o Río Cuarto, Villa María y San Francisco, las tres principales del interior. Sin embargo, una fuerte protesta de vecinos de la apacible Villa General Belgrano –en el Valle de Calamuchita- reclamando mayor seguridad terminó en “fuego amigo”: el intendente de esta localidad turística del sudoeste cordobés, el delasotista Oscar Santarelli le reclamó a la Provincia respuestas a través de un video difundido por redes sociales. “La seguridad no es responsabilidad de la Municipalidad sino que hay una Policía y hay un Ministerio de Seguridad en la Provincia que es quien tiene que velar por la seguridad de todos los cordobeses”, afirmó.

El 19 de febrero pasado, una banda de asaltantes copó la casa de un comerciante de Villa General Belgrano y robó cerca de $ 800 mil y dólares. Tras maniatar a sus víctimas y mantenerlas cautivas durante una hora, cuando escapaban, los delincuentes llevaron de rehén a un niño de 9 años, hijo del matrimonio asaltado. El dueño de casa, al ver el intento de secuestro de su hijo, se liberó de los precintos y se trabó en lucha con uno de los delincuentes. Luego de ese violento atraco, los vecinos realizaron una marcha reclamando seguridad y se entrevistaron con Santarelli, ex funcionario de la Agencia Córdoba Turismo en tiempos de José de la Sota y actual intendente de la coalición schiarettista Hacemos por Córdoba.

Sobre las críticas de su socio político, el secretario de Seguridad, Claudio Stampalija le dijo a la radio Cadena 3 que “el delito tiene una dinámica enorme y el delincuente va buscando lugares donde hay más tranquilidad, donde la gente tiene más recursos económicos. La villa ha tenido recursos policiales muy altos”. Además defendió la gestión provincial: “Si usted dice queremos tener más policías, yo también lo quiero pero Córdoba tiene la cantidad de efectivos necesarios, todavía mantenemos niveles de cantidad de que están bien catalogados a nivel internacional”.

El juicio por el asesinato de Blas Correas, que ya se encuentra en la etapa de los alegatos, también pega en la línea de flotación de la política de seguridad del gobernador cordobés. Por caso, el fiscal Marcelo Hidalgo, solicitó a los jueces de la Cámara 8ª del Crimen que se investigue la participación como encubridor del ex ministro de Seguridad y actual legislador oficialista Alfonso Mosquera; de Lucas Messano -director General de Planificación Estratégica de Seguridad, y hombre de estrecha confianza del ex ministro- y del comisario mayor Gonzalo Cumplido, ex jefe de Seguridad de la capital al momento del homicidio del adolescente cordobés.

Desde el oficialismo confiaron a El Destape que “se pretende llegar a fin de marzo con los conflictos encausados hacia una posible solución, no es fácil, la inflación creciente impacta en los salarios y el Gobierno de Córdoba hace esfuerzos para que la crisis no afecte los ingresos de los empleados provinciales”.