Germán Darío Facchín, exintendente de Dean Funes, provincia de Córdoba, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por envenenar y matar a 211 perros en su localidad durante fines de abril del 2013. Su argumento, en aquel momento, fue que se trataba de una solución a la supuesta superpoblación de animales implementando un potente agroquímico para llevar a cabo la matanza masiva.
La sentencia fue dictada por unanimidad por la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, integrada Eugenio Pérez Moreno, Juan Manuel Ugarte y Marcelo Jaime, en el juicio al que el ex funcionario llegó como acusado por "instigador del envenenamiento y la muerte" de los perros mencionados. También fueron condenados a tres años de prisión en suspenso los cinco empleados municipales coautores de los mismos delitos: Diego Oscar Allendes, Juan Santos Márquez, Darío Mercedes Palomeque, Pablo Daniel Palomeque y Roque Enrique Quinteros Nievas.
Por su parte, Facchín continuará en libertad hasta que la condena quede firme. Es el segundo juicio realizado al exintendente, luego de ser absuelto por el mismo delito durante el 2015 a causa de falta de pruebas. Tras dicha absolución, el Superior Tribunal dispuso que fuera nuevamente juzgado y allí se pudo probar que fue el autor intelectual del hecho.
Al mismo tiempo, se comprobó que se utilizaron cebos preparados con Metomil, un agroquímico de elevada toxicidad esparcido por las calles de la localidad durante la madrugada del 28 de abril de 2013. Se trata de un compuesto químico insecticida perteneciente a la familia de los carbamatos, un sólido blanco cristalino similar a la azúcar con un ligero olor a azufre.
Por lo tanto, el exintendente Facchín fue condenado por "instigador penalmente responsable de los delitos de daño calificado e infracción a la ley 14.346 por malos tratos y actos de crueldad a los animales, ambos en concurso ideal".
La presidenta de la Protectora de Animales, Lilian Lourdes Luna, expresó: "Se hizo Justicia, esperamos nueve años para que esos pobres animales descansen en paz. Esperemos que esto sirva de precedente para que no se vuelvan a cometer estas matanzas”. Mientras que Pedro Despouy Santoro, abogado querellante, afirmó: "Sienta precedente a nivel país porque se vienen escuchando casos similares en distintos puntos de la Argentina".
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