El gobierno nacional amplió la recusación a los jueces de la Corte Suprema en la controversia por los fondos coparticipables redirigidos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en una presentación en la que además pidió que por "decoro" los miembros del tribunal "se excusen de intervenir" en este planteo y que, en cambio, el caso sea resuelto por "conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país".
Con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en esta ampliación de la recusación impulsada en diciembre último, el gobierno liderado por Alberto Fernández incorporó el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Al mismo tiempo, se señaló -en gran parte de la presentación- la filtración de los supuestos chats que se enviaban un estrecho colaborador del titular de la Corte, Silvio Robles, y el exministro porteño Marcelo D´Alessandro.
En el texto, desde Nación resaltan: "La existencia de ese tipo de vínculos entre un alto funcionario que asiste de manera próxima al Presidente del Tribunal (Rosatti) y representantes políticos del Gobierno de la CABA -parte demandante en esta causa-, resultaba contraria a la prestación de un buen servicio de administración de justicia". Y tras destacar el estado público de las comunicaciones entre el exministro y Robles, que motivaron el pedido de juicio político, insistieron: "Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso".
A fines del año pasado, el presidente Alberto Fernández solicitó la recusación de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti; mientras que, al mismo tiempo, el Gobierno presentó también un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que se destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la jurisdicción liderada por el jefe de Gobierno y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien la Corte no resolvió la cuestión de fondo, avaló una medida cautelar pedida por la gobernación de CABA que en establecía que los pagos de ese 2,95% se hicieran "en forma diaria y automática" desde el Banco de la Nación.
Dicho conflicto se originó luego de que Mauricio Macri aumentara en dos oportunidades la coparticipación de la Ciudad durante su mandato (de 1,4% a 3,75%) y luego, se realizara una "correción" por un Pacto Fiscal con las provincias -disminuyendo la alícuota a 3,5%-. Ya en 2020, durante la gestión del Frente de Todos (FdT), se declaró dicho traspaso como "inconstitucional" por lo que se retrotrajo el coeficiente de la Ciudad a su porcentaje original. Allí fue cuando Rodríguez Larreta acudió a la Corte y creó un gravamen del 1,2% sobre las transacciones con trajetas de créditos para compensar la pérdida de ingresos.
Tras la determinación de la CSJN, el Gobierno reiteró su convicción de que los argumentos esgrimidos constituyen un "anticipo de definiciones jurisdiccionales sobre el fondo de la cuestión debatida" y que, por ello, el máximo tribunal "no tendrá ya la objetividad necesaria para el ulterior tratamiento del caso". Mientras que sostuvieron que la decisión cautelar "fue adoptada sin que concurrieran en el caso los presupuestos de admisibilidad y procedencia consagrados jurisprudencialmente", previstos en la Ley 26.854 (Ley de Medidas Cautelares).
Desde Nación, además de la presentación en cuestión, presentaron un pedido para que los miembros del alto tribunal "se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional". En ese sentido, advirtieron: "Existe un cuadro de situación de gravedad inédita, en el que está bajo severas sospechas el ejercicio de sus cometidos por el máximo tribunal".
Por este motivo, se solicitó que se aplique lo establecido legalmente para casos de recusación de integrantes de la Corte Suprema (Art. 19 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Art. 22 del Decreto-Ley 1285/58 ratificado por la Ley 14.467, y normas complementarias). Este último artículo prevé que en los casos de recusación o excusación de alguno de los miembros de la Corte Suprema, este tribunal será integrado, hasta el número legal para fallar, "mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias". Por último, concluyeron: "Y si la integración no pudiera concretarse de tal modo se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar".
Con información de Télam.
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