Luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó elevar a 2,95% los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) puso en suspenso la presentación del proyecto de resolución con el pedido de juicio político al jefe de Estado.
Los días anteriores, el jefe de esa bancada, Mario Negri, había anunciado que entre este lunes o martes presentaría el proyecto de resolución en la Cámara baja y habló en varias oportunidades de "sedición" y "juicio político". Y este lunes, después de conocerse la posición de Alberto, afirmó con ironía: "Parece que alguien reflexionó en Navidad". Fuentes de la bancada de la UCR dijeron a El Destape que dieron marcha atrás dado que "el Presidente anunció que pagará parte de la sentencia con bonos a CABA y cumplirá así parcialmente con el fallo de la Corte Suprema".
Sin embargo, al anunciar el Presidente que el pago sería con bonos, el bloque analiza los hechos para ver los pasos a seguir. "No se archiva", alertaron sino que se prevé que pueda haber una nueva presentación con otro objeto que la motive luego de consultas a constitucionalistas y especialistas en coparticipación.
Por otro lado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también retiró la denuncia que había presentado por sedición. "¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional, dijo en Twitter.
Quien sí presentó un pedido de juicio político es el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert alegando "desacato y desobediencia". El economista liberal ingresó el proyecto antes de que Alberto Fernández anunciara que saldaría la deuda con la Ciudad de Buenos Aires a través de bonos. .
"El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático, porque ahora, los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", argumentó en el proyecto de resolución.
En ese sentido, Espert indicó que "dichos desconocimientos en los hechos se traducen en la asunción arrogante de facto el poder total sobre los destinos del país, debido a que no reconocen a los demás estamentos de poder diseñados por la Constitución para limitar el poder de las mayorías momentáneas", algo que "constituye un claro ataque al sistema representativo, republicano y federal". Y sumó: "El desconocimiento de este fallo configura un delito contra la Constitución, en el artículo 36, arrogarse la suma del poder público. Al presidente se lo puede catalogar como un delincuente contra la Constitución".
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