En medio de la disputa entre el Gobierno y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables y luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó elevar a 2,95% los fondos coparticipables que recibe CABA, tanto el bloque de la URC como del PRO en la Cámara de Diputados decidieron, a pesar del movimiento del Presidente, insistir con medidas en su contra. Mientras el bloque que conduce Mario Negri optó por presentar un pedido de juicio político contra Alberto por "mal desempeño y eventual comisión de delitos", el que conduce Cristian Ritondo presentó un proyecto para crear una comisión que investigue cómo fue la distribución de fondos desde que inició esta gestión del Frente de Todos.
El lunes a la tarde, después de que Alberto anunciara que acataría el fallo, el bloque de la UCR había dejado en "suspenso" el pedido de juicio político en su contra entendiendo que había dejado atrás su intención primera de "incumplirlo". Según pudo saber El Destape, una vez que Alberto aclaró que los fondos serían pagados con bonos, el partido centenario hizo consultas con abogados constitucionalistas y especialistas en materia de coparticipación y entendieron que esa decisión del Presidente es similar a "incumplir la sentencia".
"Intentar pagar la copartipación de CABA con bonos es un ardid malicioso para solapar la desobediencia al fallo de la Corte Suprema", definió Negri en Twitter, al compartir el pedido de juicio político.
El proyecto presentado por los diputados radicales estipula en su único artículo: “Promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
Sobre la decisión del gobierno nacional de pagar con bonos a CABA, el diputado nacional de la UCR Fabio Quetglas señaló que esa "actitud sintetiza una visión autoritaria del Estado" y que de esa manera "pretende desconocer el fallo porque no se alinea con sus pretensiones, además en la defensa pública de la desobediencia argumenta con datos falsos". Para el legislador bonaerense "son signos evidentes de falta de visión y de conducción política". Por último, el autor del libro Deconstruir el populismo: Claves para recuperar el futuro argentino afirmó: "El debate de fondo sobre la coparticipación es, en realidad, un debate sobre la responsabilidad política, en un país donde muchos liderazgos provinciales se han adaptado a sostener políticas de control social a través del gasto público, en vez de promover el desarrollo".
Por su parte, la fuerza que conduce Ritondo presentó un proyecto de resolución que busca crear una comisión que se dedique a investigar "la vigencia, el cumplimiento y la aplicación" del marco jurídico que regula la coparticipación y que abarque todo el período del gobierno del Frente de Todos. Los firmantes del proyecto argumentaron: "Busca determinar si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”.
Asimismo, el proyecto avala la posibilidad de hacer modificaciones en materia de coparticipación. La Comisión estaría integrada por 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías. El presidente correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja.
Entre las facultades, plantea que podrá recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación; requerir y recibir declaraciones informativas o testificales; remitir oficios, solicitar informes, ordenar peritajes o requerir documentación, sobre los hechos que sean objeto de investigación; denunciar ante la justicia cualquier intento de entorpecimiento, obstrucción, demora, ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación.
El proyecto lleva las firmas de Cristian Ritondo, Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.
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