El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se opuso a la decisión de Alberto Fernández de pagar con bonos del Estado nacional el incremento de coparticipación que ordenó la cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Así, insistió en que el 2,95% se abonado en su totalidad con transferencias directas del Tesoro nacional.
"El Gobierno sigue sin respetar las instituciones", afirma el título del comunicado emitido por la gestión de Rodríguez Larreta que exige el cumplimiento de la decisión de los cuatro supremos. Asimismo, argumentaron su pedido en que "la sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias" y que "los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento".
Esta mañana, Alberto Fernández recusó a las autoridades de la Corte y comunicó que acatará el fallo y que el pago a la Ciudad lo hará a través de bonos. "Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer", planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter.
Luego de comunicar la semana pasada que el fallo de la Corte era de "imposible cumplimiento", en relación a ejecutarlo con transferencias directas, planteó: "Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos". Y aclaró: "Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes".
Pese al anuncio del Presidente, la Ciudad presentó un escrito en la Corte Suprema en el que notificó el incumplimiento del fallo y solicitó que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo. Asimismo, el comunicado recordó que se instruyó a la Procuración General "para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo". por último, apuntó: "Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan".
Si bien Rodríguez Larreta no habló públicamente sobre el tema, este lunes se expresaron en redes sociales la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el funcionario porteño Jorge Macri. La primera celebró la decisión del Gobierno de acatar el fallo y no mostró oposición al formato elegido. "¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional", afirmó la presidenciable del partido amarillo por Twitter. En la misma red social, el ministro de Gobierno de la Ciudad si bien ponderó la decisión de pagar, criticó la utilización de bonos: "Las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre el Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad".
Entre otras medidas ordenadas por Fernández se encuentra la instrucción al procurador Carlos Zaninni para que efectúe una presentación formal de recursos de revocatoria "in extremis" contra la decisión judicial, y además, ordenó recusar a los integrantes de la Corte que firmaron la resolución. Por otro lado, le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley.
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