Distintos referentes de la oposición avanzaron en denunciar al Gobierno por la supuesta intención del presidente, Alberto Fernández, de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires. La causa será unificada y recaerá en el juez Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.
La semana pasada, el jefe de Estado y 14 gobernadores firmaron un comunicado en el que anticipaban que el Poder Ejecutivo recusaría a los jueces de la Corte Suprema y presentaría un pedido de revocatoria "in extremis" por la cautelar que dispuso entregar a CABA el 2,95% de los fondos de coparticipación federal, un porcentaje cercano al que pedía la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
En ese mismo comunicado, el Presidente y los mandatarios provinciales afirmaron que el fallo del máximo tribunal era "de imposible cumplimiento", lo que derivó en una serie de denuncias penales por parte de referentes de Juntos por el Cambio y opositores en general, por considerar que se trata de un desacato de parte del Poder Ejecutivo
Los opositores mantuvieron sus denuncias a pesar de que, luego, el propio Fernández aclaró que no desea incumplir el fallo sino que no tiene recursos, y enviará al Congreso un proyecto para determinar de dónde provendría el dinero que se ordena pagar, posición que anunció este lunes a través de sus redes sociales.
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"Debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos", señaló el Presidente en un hilo de Twitter.
En se sentido, agregó que instruyó a "la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA". "Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos", especificó el jefe de Estado acerca de la obtención de los recursos para el pago.
Las denuncias de la oposición y la causa penal por la coparticipación
En concreto, desde la oposición presentaron al menos siete denuncias penales por el delito de "desobediencia" contra Alberto Fernández y otros funcionarios. Una de ellas es la formulada por Elisa Carrió y otros referentes de la Coalición Cívica, como Maximiliano Ferraro (presidente del partido), Juan Manuel López (titular del bloque de la CC en Diputados), Paula Oliveto (diputada) o Mariana Zuvic, entre otros.
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Al mismo tiempo fue presentada otra denuncia por parte de los referentes de Republicanos Unidos Roberto García Moritán (legislador porteño) y Yamil Santoro. También trascendió una denuncia de parte de Fernando Míguez, de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, al igual que una de Jorge Enríquez, ex diputado del PRO, entre otras.
La causa contra el Presidente y otros funcionarios por el delito de desobediencia en relación a estas denuncias recayó por sorteo en el Juzgado Nº 6, subrogado por el juez federal Daniel Rafecas, quien resolvió delegar la investigación en el fiscal federal Ramiro González.
Todas las denuncias similares presentadas serán unificadas y adjuntadas a la primera ingresada, por lo que serán acumuladas y tramitadas conjuntamente por el fiscal Ramírez. Aun asi, resta saberse si, finalmente, el cumplimiento del fallo anunciado por el Presidente lleva a la desestimación de la causa.
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