La decisión del peronismo de separar su bloque en el Senado para contrarrestar la maniobra de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo de la Magistratura dio en el blanco, a juzgar por la reacción de los dirigentes de la oposición, embanderados sin tapujos con el máximo tribunal y su titular, Horacio Rosatti. Significa, también, una esperada reacción política: dejar el rol pasivo de comentarista/víctima para disputar el poder en el territorio que habilitó el adversario. Se trata, sin dudas, de una apuesta arriesgada, cuyo final está abierto.
A continuación, las claves para leer la jugada que impulsó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner:
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En una sola maniobra, CFK puso a la oposición a discutir un tema que está muy lejos de la agenda de problemas urgentes, justo cuando el gobierno anunció un importante desembolso de recursos para paliar el aumento de precios extraordinario de las últimas semanas. Un contraataque que le da aire al Frente de Todos cuando por momentos parecía quedar contra las cuerdas.
Al mismo tiempo, obliga a Rosatti a decidir bajo presión. Sin argumentos jurídicos para rechazar al senador o senadora que disponga Fernández de Kirchner escoger entre convalidar esa decisión o incurrir nuevamente en incompatibilidades manifiestas: sería, como mínimo, extraño que Rosatti, el presidente de la Corte, le ordene a Rosatti, el titular del Consejo, que rechace el juramento de un consejero legalmente apuntado.
El ejercicio de la unidad
La idea surgió del despacho de la vicepresidenta el lunes temprano y se trabajó con José Mayans en el mayor de los secretos. Se coordinó entre 35 senadores y una veintena de gobernadores, con conocimiento de Casa Rosada y de las autoridades oficialistas en la Cámara Baja. No hubo filtraciones ni heridos. Se logró el golpe de efecto y dio resultados. Un ejercicio gratificante para una coalición que hace mucho no se siente un equipo.
En los detalles puede observarse el trabajo fino: con la nueva división, el Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la UCR tiene 18, Unidad Ciudadana 14 y el PRO 9. Esos cinco diputados de diferencia son suficientes para que el PRO, sumando algunos aliados permanentes, no llegue a disputarle el lugar de segunda minoría, que de acuerdo con la ley restaurada por la Corte es quien debe designar el cuarto consejero.
Un ojo puesto en 2023
Aunque el consejero del senado no alcanza a volcar el equilibrio del Consejo en lo inmediato, porque ambas partes tendrán dificultades para alcanzar quórum propio y es prácticamente imposible reunir los dos tercios necesarios para sancionar a un juez, quienes llevan los cálculos finos sostienen que con 20 miembros es probable que después de las próximas elecciones la derecha obtenga una mayoría más importante.
El objetivo de la maniobra de Rosatti es doble. Garantizar la impunidad de las investigaciones por espionaje y persecución política que penden sobre piezas clave del Poder Judicial además de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri pero también, como explicitó de manera inmejorable Joaquín Morales Solá en el diario que muchos vinculan al expresidente, que empiece “la penuria judicial de Cristina”.
La otra pata de la mesa
Todos los ojos están puestos en lo que suceda en la cámara de Diputados. La decisión recae sobre su presidente, Sergio Massa. Aquí, quien se adjudica la segunda minoría es Mario Negri en nombre del bloque radical. El titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, pidió oficialmente que se demore la designación del consejero hasta tanto quede claro el criterio de selección. Por ahora, Massa piensa seguir esa línea.
Sin embargo, en el mediano plazo, su objetivo será conseguir los respaldos suficientes en una cámara polarizada para sancionar el proyecto de ley que llega con media sanción del Senado para sacar al Consejo de la Magistratura del pantano institucional en el que lo metió la Corte Suprema y establecer un nuevo modelo, con 17 miembros y sin la presidencia fija del titular del máximo tribunal.
En el peronismo señalan la contradicción de Juntos por el Cambio, que pretende que se los trate como un solo interbloque a la hora de negociar la composición de las comisiones pero como bancadas distintas para elegir consejeros.