La Corte unifica a Juntos por el Cambio y reperfila la táctica en el Congreso

El proyecto está guardado, todavía no se hizo público y se espera que ingrese por mesa de entradas del Senado en los próximos días, sin embargo Juntos por el Cambio ya anticipó su postura frente a uno de los temas clave a debatir, según las intenciones oficialistas, durante las sesiones extraordinarias de febrero, la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura. La iniciativa fue acordada entre los legisladores de ambas Cámaras y también fue debatida en la mesa nacional de la alianza opositora que le dedicó una reunión exclusiva y un extenso comunicado para ratificar que no acompañarán el texto del Frente de Todos para, en su lugar, impulsar uno propio con la necesidad de que el órgano que nombra y sanciona jueces tenga como máxima autoridad al presidente de la Corte Suprema.

Cuatro días después de la magra marcha pro Corte, una movilización convocada indirectamente por la dirigencia cambiemita pero con pocos acompañamientos civiles y referencias políticas, la coalición hizo pública su postura respecto de un debate importante para el mundo judicial. El máximo Tribunal resolvió la inconstitucionalidad de la ley que redujo de 20 a 13 los miembros del Consejo y tanto oposición como oficialismo coincidieron, dado los tiempos impuestos, en la urgencia del tratamiento del proyecto. El oficialismo, con ese fin, presentó uno para ampliar el órgano a 17 integrantes con mayor presencia de abogados, magistrados y representantes del sector académico. JxC, por ahora, no dio los detalles precisos de su iniciativa pero ya está redactada y se espera que ingrese en los próximos días.

El proyecto de la oposición, a diferencia del presentado por el oficialismo, no estará habilitado para su tratamiento en sesiones extraordinarias por lo que ante un bloqueo de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta - donde comenzará el debate - recién podría avanzarse a partir de marzo, salvo algún acuerdo para llegar a una postura común entre todas las fuerzas políticas y arribar a una modificación del texto habilitado por el Gobierno. En el Senado, el oficialismo es mayoría pero necesita de dos aliados para garantizar el quórum. En Diputados, con el hemiciclo partido al medio, las alianzas también serán clave.

La jugada de Cambiemos comenzó a gestarse poco antes de conocer el temario de sesiones extraordinarias, con la certeza de que el Consejo de la Magistratura sería un punto infaltable, pero se aceleró cuando Alberto Fernández firmó el decreto y oficializó la convocatoria. En ese entonces, desde la oposición remarcaron la necesidad de debatir la composición del órgano con premura pero marcaron diferencias. Hubo coincidencia en la urgencia pero no en la línea propuesta por el oficialismo por lo que se inició el no poco trabajoso proceso de unificar posturas. Con varios textos presentados en ambas Cámaras, los dos interbloques se pusieron de acuerdo y confeccionaron una iniciativa única con nueve puntos centrales.

Esto se trabajó en el Congreso y se llevó a la mesa nacional que convocó a una reunión el miércoles de la semana pasada, encuentro que se contaminó con el debate en torno a la postura a adoptar frente al acuerdo con el FMI. Sin embargo, hubo tiempo para abordar el motivo del ágape y se aprobó avanzar con la iniciativa que iba a comunicarse el viernes pero se demoró hasta el lunes.

Sin difundir la letra chica del proyecto, la mesa nacional lanzó un comunicado para señalar "algunos puntos fundamentales que deberán tenerse en cuenta a la hora de la discusión parlamentaria". Después de hacer una suerte de racconto histórico del Consejo de la Magistratura y la independencia de los magistrados, la alianza reconoció un punto nodal de su estrategia: pidió "respetar" la opinión del Máximo Tribunal y sostuvo que "la presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento" del órgano en cuestión. En caso de que el proyecto del Ejecutivo no avance, la derogación de la ley actual devolverá el estado de situación a una realidad similar a la propuesta por JxC.

Horacio Rosatti, en la cosmovisión opositora, se convertiría así en el jefe de la Corte y del órgano que nombra y sanciona jueces. Rosatti fue, junto con Carlos Rosenkrantz, uno de los magistrados que Mauricio Macri nombró por decreto para ocupar un lugar en el Tribunal Supremo, obviando los pasos establecidos por la Constitución. 

La oposición también pidió representación igualitaria en materia de género y federal de los estamentos, cada uno de los cuales deberá, según anticiparon, ser elegido directamente por sus representados. Dentro de los puntos también se encuentra la prohibición de la reelección, caminos más veloces para el régimen de concursos, incluso la existencia de algunos anticipados para tener una suerte de backup de magistrados con el fin de acelerar designaciones. A su vez, consideró no admisible la existencia de investigaciones indefinidas por un largo tiempo, la necesidad de contar con estadísticas para medir los desempeños de los tribunales, capacitaciones para actualizar conocimientos y un sometimiento al control de la Auditoría General de la Nación.

Pocos temas lograron la unidad indiscutida de la oposición, de hecho el acuerdo con el FMI no fue uno de esos tópicos de amistad. El Poder Judicial, sin ningún inconveniente, pudo mostrar posturas similares en un Cambiemos que considera que el Gobierno ataca a los tribunales que no deciden según los deseos oficialistas.