El oficialismo buscará este jueves darle media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado, con la casi certeza que será imposible que la aprobación se consiga antes del plazo perentorio que fijó la Corte Suprema para el próximo 15 de abril. Así las cosas, luego de esa fecha el Consejo ingresará en un limbo que se buscará subsanar mediante un reglamento de emergencia para permitirle seguir adelante con sus funciones administrativas como, por ejemplo, pagar los sueldos del Poder Judicial. La duda que permanecía anoche en el bloque de senadores del Frente de Todos era si incorporaban ya la nueva modificación al proyecto que piden desde el bloque del lavagnismo en Diputados o si dejaban la discusión para la Cámara baja, con lo que todo se podría demorar aún más.
Este tema arrancó en diciembre pasado, cuando en un llamativo fallo, la Corte Suprema estableció la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura -que venía funcionando con 13 miembros desde hacía más de una década- porque interpretó que le da mayor peso al estamento político. Estableció un plazo de cuatro meses para que el Congreso reformule el Consejo respetando el equilibrio entre los distintos estamentos o, de lo contrario, se deberá volver a su anterior estructura -que rigió entre 1997 y 2006- de 20 miembros y con la presidencia ejercida por el propio presidente de la Corte.
El primer asombro fue que, a través de un fallo, la Corte Suprema ordene la posibilidad de volver a poner en vigencia una ley derogada por el Congreso hace más de 15 años. El segundo, que el Tribunal apunte -sin sonrojarse- a sumar más poder retomando el manejo del organismo que designa y remueve jueces y fiscales. "La Corte le dio un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes”, reaccionó en aquel momento el Gobierno a través del ministro de Justicia, Martín Soria. Existían más de 20 proyectos de reformas del Consejo dando vueltas por el Congreso, la mayoría estableciendo una nueva integración de 17 miembros. Pero, luego del fallo, Juntos por el Cambio giró en redondo y pasó a defender la idea de la Corte de un Consejo de 20 miembros presidido por el propio Horacio Rosatti, titular del Tribunal. La estructura del lawfare: Justicia, el establishment económico, medios concentrados; toda una conjunción a la que es tributaria el macrismo.
Con el condicionamiento del plazo perentorio y la necesidad de reunir votos necesarios, el Frente de Todos trabajó contra reloj. El proyecto del Ejecutivo lleva el organismo a 17 miembros, sumando dos abogados, un juez y un académico. Para conseguir el respaldo del rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana se le incorporaron modificaciones sobre la igualdad de género y una estructura más federal. De esta manera, el oficialismo se aseguró para la sesión prevista para hoy a las 14 los 37 votos justos que necesita para la media sanción, a pocos días de que opere el vencimiento. Todavía debe pasar por Diputados.
Dudas en Diputados
"Si en el Senado hubo tantas idas y vueltas, acá en Diputados es todavía más complejo", comentaba un integrante de la bancada oficialista que encabeza Germán Martínez. Dado que ni siquiera consiguieron consenso para conformar las comisiones por las que debería pasar el proyecto -Asuntos Constitucionales y Justicia- y que están los feriados de Semana Santa en el medio, nadie veía posible que la ley se apruebe antes del dichoso 15 de abril. Además, tampoco están los votos.
"Yo cuento por ahora 122 respaldos con los del oficialismo y los de los partidos provinciales. Nos faltarían por lo menos cinco diputados más", explicaban en el Frente de Todos. Dada la posición que tomó el macrismo, lo más a mano es el apoyo del Interbloque Federal, de ocho integrantes, que ya mostró todas las facetas. Los tres cordobeses que responden a Juan Schiaretti anticiparon su rechazo mientras que el líder político del espectro, el ex ministro Roberto Lavagna, se pronunció a favor de que la Corte presida el Consejo, en ambos casos cada vez más afines a Juntos por el Cambio. Sin embargo, la diputada Graciela Caamaño -integrante del Consejo- dijo que hacía mucho tiempo que no veía a Lavagna y que ella no pensaba que la Corte debiera presidir la Magistratura. Pero -atención- sí que debe integrarlo como un miembro más.
Por eso, anoche en el Senado barajaban la posibilidad de incorporar ya mismo esta modificación al proyecto oficial: es decir, que en vez de un juez, uno de los nuevos miembros sea un ministro de la Corte Suprema mientras que quien ejercerá la presidencia quedaría a consideración del Consejo. De esa forma, se podrían conseguir los cinco votos que faltan desde el Interbloque Federal. La otra posibilidad, ya muy encima de la sesión, era que el proyecto se votara como está, que luego se incorporen en Diputados las modificaciones que hicieran falta, y que volviera a la Cámara alta para su aprobación definitiva. De esa manera, podría sumarse alguna otra semana de tratamiento más hasta la aprobación de la reforma, dejando al país con un Consejo de la Magistratura en un limbo, sin ley que lo sustente pero con un reglamento de emergencia que lo habilitaría a pagar sueldos en la Justicia. Difícil que algún juez falle que no puede pagarle.
Cerrar sesión