El bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura respaldó a la jueza Ana María Figueroa, cuyo pliego fue aprobado por el Senado la semana pasada y firmado por el presidente Alberto Fernández el martes último. En el escrito que difundieron, apuntaron contra los medios de comunicación opositores y contra la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, consideraron "nula" la decisión del máximo tribunal por considerar que se tomaron atribuciones que no le correspondían.
Vanesa Siley, María Inés Pilatti Vergara, Hector Recalde, Mariano Recalde, Gerónimo Ustarroz y Rodolfo Tailhade son los consejeros que firmaron el escrito que compartieron el jueves por la tarde. El comunicado fue difundido en las redes sociales de los firmantes.
"Con el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación el pasado 28 de septiembre y la publicación del correspondiente decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 4 de octubre, se completó el procedimiento constitucional requerido por el art. 99 inc. 4 último párrafo de la Constitución Nacional para un nuevo nombramiento como vocal de la Cámara Federal de Casación Federal por el término de cinco años de la jueza Ana María Figueroa", comenzaron los dirigentes del bloque oficialista.
El documento expresa que la jueza Figueroa "se encuentra legitimada para continuar ejerciendo su función jurisdiccional por el plazo y en el Tribunal antes mencionados", en referencia a los cinco años en la Cámara Federal de Casación.
Los firmantes cuestionaron que la Corte Suprema impusiera de manera precoz una interpretación estricta de la ley como no lo había hecho con ningún otro magistrado. Indicaron que no son los supremos, además, los que tienen que intervenir en estos casos. En esa línea, advirtieron "que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es totalmente ajena al procedimiento de designación y de remoción de los jueces, razón por la cual la resolución administrativa 2328/2023 de fecha 6 de septiembre pasado, resulta nula de nulidad absoluta por haberse dictado vulnerando los límites de la competencia del máximo Tribunal y las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación", señalaron y agregaron: "Resulta cuanto menos repugnante a la Carta Magna y al Estado de Derecho, y además revelador de su estado de descomposición y decadencia, que la Corte se arrogue la facultad de hacer cesar, por sí y por vía administrativa, a un magistrado judicial en su cargo. Ello resulta una elemental contravención al orden público constitucional".
Además, criticaron notas de medios opositores en las que, denuncian, se afirmó que el Consejo de la Magistratura "dejó de considerar jueza" a Figueroa. "Configuran una operación berreta que sólo busca confundir a la opinión pública y continuar abasteciendo el infame ataque que Magnetto y Saguier vienen desplegando contra la magistrada desde hace meses. Solo se trató de una decisión administrativa respecto de un concurso para cubrir vacantes judiciales en la ciudad de Rosario, cuestión que no guarda absolutamente ninguna relación con su nuevo nombramiento por el término de 5 años", apuntaron y concluyeron: "La posición institucional del Consejo de la Magistratura respecto de la situación de la jueza Ana María Figueroa quedará definida en la próxima reunión de la Comisión de Selección, una vez que ponga formalmente en consideración este asunto".
Cerrar sesión