La Cámara de Diputados designó como miembros del Consejo de la Magistratura a los legisladores del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, del PRO Álvaro González, y del radicalismo Roxana Reyes, quienes serán los cuatros representantes del cuerpo legislativo ante ese organismo clave. La resolución se conoció un día después de que el Senado aprobara una resolución con los nuevos integrantes de la Cámara alta para este organismo.
Siley ya venía desempeñándose como miembro de ese organismo -dedicado a la designación y remoción de jueces y a la administración del Poder Judicial- mientras que Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia de diputados reemplazará a la legisladora Graciela Camaño.
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En el caso de Juntos por el Cambio, el PRO reemplazó a Pablo Tonelli y propuso en su lugar al diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro González, mientras que la Unión Cívica Radical impulsó la reelección de Reyes, quien había asumido el 19 de mayo.
La resolución también designó como suplentes a los oficialistas Juan Manuel Pedrini y José Herrera, a la macrista Soher El Sukaria, y al radical Francisco Monti. En la resolución firmada por la jefa del Departamento Legal de la Dirección Legal y Técnica de la Secretaría Administrativa del cuerpo, Fernanda Mongiardino, se solicita que se comunique esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y al Senado.
De esta manera, el Poder Legislativo terminó de definir sus representantes en el Consejo de la Magistratura. El miercoles, el Senado aprobó la designación de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate por parte del Frente de Todos y Eduardo Vischi, radical de Eco + Vamos Corrientes.
La Cámara alta aprobó estos nombres solo con los votos del oficialismo y aliados, ya que Juntos por el Cambio repudió esta nueva nómina de senadores. Esta nueva terna fue impulsada por el fallo de la Corte Suprema que inhabilitó la división de los bloques del Frente de Todos para obtener un asiento más en el organismo, dictaminando que le correspondía al senador Luís Juez.
Con la votación del Senado, la nómina cuenta con el aval del Poder Legislativo, por lo que el máximo tribunal debería impulsar una acción más profunda sobre otro poder de la República, ya que el fallo por el integrante del Consejo fue - según afirmaron los senadores del Frente de Todos- "una extralimitación de la Corte Suprema y sus facultades constitucionales".
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Rechazo de la oposición
Al igual que en la sesión del Senado, la oposición salió a repudiar la decisión del Frente de Todos de avanzar en una nueva terna de senadores, pese al fallo de la Corte Suprema que inhabilitó la división de los bloques de la Cámara alta.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que denunció una "grave situación institucional" a raíz de "la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de alzarse contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia". Según la alianza opositora, esta fue una "maniobra urdida para obtener la mayoría de la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura"
"Se está poniendo en peligro el orden institucional del país en procura exclusivamente de favorecer la situación personal de alguien procesado por gravísimos hechos de corrupción, que ya deberían estar resueltos para la salud de la República si no se estuviera intentando permanentemente evitar el pronunciamiento de la Justicia", opinaron, para luego afirmar que "los argentinos no nos merecemos semejante manoseo".
"Las máximas autoridades del país no pueden actuar como delincuentes acorralados y arrastrar en sus intentos de impunidad a los pilares de la institucionalidad del país", concluyeron.
Por otra parte, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert presentó una denuncia penal contra la Vicepresidenta y todos los Senadores que acompañaron la nueva terna para el Consejo de la Magistratura. Según el legislador de derecha, los que impulsaron la terna habrían incurrido en el delito de "desobediencia agravada", estipulado en el artículo 230, inciso 2 del Código Penal por "desconocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
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