Silvio Robles, asesor del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, señaló ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que ha "recibido acusaciones sin fundamentos reales" por parte de algunos legisladores en el marco del proceso que se sustancia en el Congreso a los cuatro integrantes del máximo tribunal. Lo dijo al declarar en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
"Han dado como ciertos y legítimos chats cuya veracidad, existencia y legitimidad deberá ser discutida judicialmente", afirmó y denunció amenazas contra integrantes de su familia. "Han atacado a distintos miembros de mi familia, tanto es así que uno de mis hijos por ser un pasante monotributista figura en los fundamentos de este juicio político y mi otro hijo recibió en su domicilio la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad".
"Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", denunció. "Me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse a distinats acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que se me hagan en el día de hoy hayan sido o no judicializadas", avisó y se amparó en el artículo 18 de la Constitución de la Nación respecto de que "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo".
Uno de los diputados que respondió a Robles fue el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, quién dijo que el mano derecha de Rosatti fue con respuestas "formateadas". "Hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte del testigo que no hacen fácil esta situación. Yo no se si tiene claro que es funcionario público Silvio robles, el sueldo se lo paga el pueblo argentino".
Esta mañana El Destape contó que otro de los convocados a declarar, el ex ministro de Seguridad y justicia porteña Marcelo D'Alessandro requirió una nueva fecha para declarar en el Congreso "por problemas personales".
Las causales por las cuales se abrió la investigación es, en primer lugar, por el fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires; la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura; la sentencia del 2x1 para beneficiar a un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (Ospjn). Para el mismo día, desde las 13 hs, fueron citados el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez -que no asistió el 11 de julio pasado y pidió reprogramar- y Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP. Todos fueron notificados dos semanas antes, estos últimos dos confirmaron su asistencia.
Cabe recordar que D'Alessandro y Robles quedaron envueltos en el escándalo de chats filtrados donde coordinan diversas sentencias judiciales, razón por la cual buscan que profundicen lo dicho así. La hipótesis del oficialismo es que hubo tráfico de influencias entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Corte. El Poder Judicial, en aquel momento, lanzó una medida cautelar donde la propia CSJN dictó a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación donde ordenó ampliar en miles de millones de pesos las arcas administradas por el ahora precandidato presidencial en medio de un año electoral. Estos habían sido redistribuidos previamente por la gestión de Alberto Fernández.
En el primer testimonio de la jornada comenzó a exponer el contador público Alejandro Otero, que participó del debate legislativo de la última actualización de la legislación referida a la ley de coparticipación. Consultado sobre esa cuestión por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, afirmó: “En el decreto 194 no surge cuál es el fundamento del incremento del porcentaje de coparticipación de la Ciudad; en el posterior, el 399, se detalla que el incremento correspondía al servicio de seguridad”.
En ese sentido, agregó: “En la cautelar de la Corte Suprema no se conoce el cálculo para la obtención del coeficiente del 2.95. Si bien no se altera la coparticipación secundaria, sí fija, mediante un fallo, algo que tiene que ser fijado por ley”.
A continuación, expuso Alejandro Daniel Rodríguez, de la secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó: “El proyecto, que viene de alguna vocalía, es cargado en el sistema por la secretaría de jurisprudencia y el secretario lo que hace es visar para que a partir de ahí comience lo que sería la firma digital”.
La de hoy es la decimonovena reunión de la comisión de Juicio Político en el marco del proceso que se sigue a los cuatro miembros de la Corte por presunto mal desempeño de sus funciones.
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