El plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados emitió dictamen en favor del proyecto de ley del Frente de Todos para el abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios, por lo que quedó en condiciones de ser debatido por el pleno del cuerpo.
El oficialismo consiguió dictamen de mayoría con el respaldo del Frente de la Concordia de Misiones, en tanto que el radicalismo y el PRO se expresaron a través de un dictamen de minoría y la Coalición Cívica rechazó el proyecto. La representante de la Izquierda y el del interbloque Federal estuvieron ausentes.
"Tenemos la voluntad de que se apruebe un texto consensuado y todavía queda la instancia del recinto para poder llegar a esa posibilidad, porque creemos que es un tema que amerita un respaldo contundente del Congreso", anticipó la titular de la comisión de Seguridad Interior y cofirmante de la iniciativa, Paula Penacca, al dejar en claro las expectativas del oficialismo de sumar el respaldo de Juntos por el Cambio. En el inicio de la reunión, la diputada oficialista destacó también que "se llegó a esta sexta reunión de abordaje del tema luego de un trabajo muy importante, con un proceso de escucha de significativo valor".
Su compañera de bloque, la chaqueña Elda Pértile, señaló: "Buscamos no solo la erradicación de la violencia como objetivo sino también la prevención. Y esa respuesta es a la que pusimos un especial propósito: poder medir, hacer el seguimiento en la etapa de implementación y evaluación". Asimismo, la vicepresidenta segunda de la comisión de Seguridad Interior sostuvo: "Me genera un beneplácito muy particular que en el capítulo tercero se haya incorporado la creación del observatorio nacional de violencia institucional".
Leonardo Grosso, del mismo espacio, admitió que "si bien esta ley no es la panacea, y que seguramente es perfectible, no es un problema de partidos políticos, sino que es un problema de la sociedad". El legislador aseveró: "Necesitamos que esta ley sea aprobada por unanimidad porque se trata de un tema que necesita repuestas contundentes".
Por la UCR, la diputada Karina Banfi consideró que "este proyecto ha sido mejorado pero no modifica ningún artículo del Código Penal o alguna ley cuyo articulado funcionan como una justificación para el abuso policial. Por ejemplo el artículo 239 del Código Penal que está en el último DNU". Banfi agregó: "Además, buscamos modificar el capítulo de sistema de participación en manifestaciones de las fuerzas de seguridad ya que debe de forma categórica proteger la libertad de expresión".
El puntano opositor Alejandro Cacace argumentó que por el tratamiento que se dio "con el texto propuesto, algunas de las disposiciones que están en la ley pueden terminar quedando como de carácter meramente enunciativo y podría permitir que los Gobiernos provinciales sigan sin hacerse responsables de las competencias que tienen, de su rol de comando sobre las fuerzas de seguridad provinciales y también de su control".
A la jornada de trabajo de hoy se llegó luego de que expusieran, ante los diputados, familiares de víctimas de abuso policial, trabajadores de prensa, sindicatos, integrantes del LGTBIQ+, organismos de derechos humanos, integrantes del Servicio Penitenciario Federal, del Comité Nacional para la prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la CABA, el Ministerio Público de la Defensa de la CABA, la Defensoría General de la Nación, la Senaf, Sedronar y el Inadi.
Qué dice el proyecto
El proyecto promueve "generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional". En ese sentido, habilita una instancia administrativa para "solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional".
Son también objetivos "afianzar políticas de bienestar del personal policial: se debe garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional".
La iniciativa propone "la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela". Señala, además, que "se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión".
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