Lejos del rechazo expresado por Juntos por el Cambio al proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, hace tan sólo tres años el ministro de Justicia macrista Germán Garavano defendía y pregonaba una reducción en la cantidad de votos necesarios en el Senado para designar un Procurador General de la Nación. La iniciativa ya tuvo media sanción en el Senado y aguarda su tratamiento en Diputados.
"La mayoría absoluta es razonable, es más gravosa que la que que se le da incluso a los fiscales, con lo cual creo que hay una garantía adicional", dijo Garavano durante un debate en el Senado, en 2017. "Respecto de los dos tercios creo que es razonable por el rol que adquiere el procurador en el nuevo sistema, los invito a olvidarse del pasado porque esto implica un cambio hacia el futuro", sostuvo en ese momento. Para justificar el cambio, pidió "mirar las experiencias, no ya internacionales, sino en las provincias, que me parece que la mayoría absoluta es razonable y es incluso más gravosa que la que se utiliza para elegir fiscales y ofrece así una garantía adicional".
Casi como una falla en la memoria, tres años más tarde Juntos por el Cambio rechazó estas modificaciones defendidas por quien fuera su ministro de Justicia. El viernes, después de que el proyecto obtuviera media sanción, lanzaron un comunicado en el que denunciaron una supuesta eliminación de la "independencia y autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal".
Según entendieron, el proyecto avala una "intromisión" de la política sobre la Justicia y "afecta gravemente el ordenamiento institucional" lo que le impediría al organismo cumplir con sus funciones. Dijeron que con esto se "debilita" la figura del Ministerio Público Fiscal" que pasará a ser un "anexo del oficialismo avanzando sobre un poder que debe ser independiente".
Con 42 votos a favor -del Frente de Todos- y 27 en contra -de Juntos por el Cambio y aliados- el proyecto recibió la media sanción la semana pasada. Propone la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta -37 votos sobre los 72 del pleno- en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes que funciona actualmente. Además, elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.
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