La sanción a los diputados que visitaron genocidas al Penal de Ezeiza se demora más y más. El plenario de comisiones de poderes, peticiones y reglamento y de asuntos constitucionales a cargo de Silvia Lospennato (PRO) y Nicolás Mayoraz (LLA) debía dictaminar hoy una definición sobre la reunión negacionista ocurrida hace tres meses, pero decidió que en el encuentro de hoy irá con otro temario. Se postergó para, tal vez, la semana que viene.
Las instancias del debate institucional se agotaron y es tiempo de que se emita un dictamen para que sea tratado por el pleno de la cámara en la siguiente sesión. El principal obstáculo para avanzar es la reticencia de La Libertad Avanza (LLA) a acompañar siquiera una tibia resolución de repudio.
Hasta el momento las propuestas son tres. La de Unión por la Patria (UP) es avanzar en una comisión investigadora que determine las responsabilidades de las instituciones involucradas, sus conducciones políticas y ministros a cargo. Incluye indagar en la participación de Luis Petri, Patricia Bullrich y Martín Menem en la provisión de logística y recursos para que los 6 diputados accedieran al servicio penitenciario sin restricciones.
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El radicalismo en tanto propone una sanción a los diputados que participaron del encuentro procesista, que incluya la suspensión de sus dietas por un periodo determinado. Al momento ninguna de las dos alternativas cuenta con el respaldo del oficialismo y sus aliados del PRO.
En ese entuerto, la macrista Silvana Giudici le acercó a los libertarios un proyecto de resolución para que la Cámara Baja emita un repudio (tibio) y reafirmar el compromiso de los diputados con la democracia. Hasta ahora el texto no cuenta con el acompañamiento del oficialismo.
Su texto expresaba la “defensa irrenunciable y sin condicionamientos del sistema democrático, los derechos humanos, el orden constitucional y el debido respeto de las sentencias judiciales condenatorias y expresar su más firme e inquebrantable compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina frente a las sistemáticas violaciones de las garantías constitucionales perpetradas por la última dictadura militar entre los años 1976 y 1983”. Salva a los libertarios de la sanción dado “el derecho que asiste a los diputados nacionales de visitar a los detenidos aún aquellos que cometieron los delitos más aberrantes para nuestra Constitución Nacional (...) aunque merezca el repudio mayoritario de este cuerpo”.
Además recuerda que “los diputados electos juran o prometen respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, cumplir fielmente con sus deberes y trabajar en beneficio del pueblo argentino. Este juramento es un compromiso con la legalidad y la democracia, y simboliza la responsabilidad que los diputados asumen al representar a los ciudadanos en el Congreso”.
Finalmente sugiere a las autoridades de Diputados a que realicen una jornada de capacitación sobre la incorporación de los tratados de derechos humanos y sobre el artículo 36 de defensa del régimen democrático e invitar a todos los legisladores a asistir.
Aún esta expresión mínima encuentra el rechazo en el bloque de LLA, lo que dificulta que el Congreso emita una expresión institucional sobre lo sucedido. Entre los legisladores más pesimistas insisten en que los dos tercios necesarios no están en el recinto pero que se está trabajando en obtener las 16 firmas necesarias para que alguna sanción concreta salga de las comisiones.
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