El debate de la nueva ley Bases sumó algunos ruidos que enturbiaron el desenlace del tratamiento. La interna en La Libertad Avanza tendrá, pese a los rumores previos, particular protagonismo el jueves, cuando la comisión de juicio político se reúna para (re) elegir autoridades, desconociendo la designación hecha la semana pasada y considerada legal por varios diputados. Además, la reforma laboral de la UCR se pasó, para algunos, dos pueblos y la brusquedad de las medidas no cosechó los apoyos esperados y negociados por el Gobierno.
Marcela Pagano fue electa presidenta de la comisión de juicio político pero, a causa de una feroz interna dentro del oficialismo, Martín Menem desconoció el episodio. Un diputado de bloque dialoguista acusó que, pese al rechazo del línea directa con Karina Milei, la designación de autoridades es válida, al igual que la reunión de dicha comisión. Sea cual sea la resolución, el ruido interfirió en el ambiente de la Cámara Baja pese a los intentos de indiferencia de algunos espacios.
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La reforma laboral de la UCR tampoco cayó bien. Según confió una fuente parlamentaria, el gobierno le pidió al radicalismo que propusiera tres o cuatro puntos incluidos en el DNU pero en formato ley. Puntos no conflictivos, que no choquen con los reclamos de los sindicatos y que sean digeribles por otros bloques. El sector más cercano al gobierno “se cortó solo”, dijo la fuente ante la actitud de los boina blanca. “No pasa”, sentenció.
Las negociaciones
El Gobierno se había encargado de conversar con otros espacios políticos para garantizar la adhesión de la reforma laboral al dictamen de la ley Bases, pero el conocimiento del texto final llamó la atención de más de uno. El destino podría ser el rechazo en el recinto o la no aprobación de la inclusión de este texto al proyecto madre.
La intención del Gobierno es blindar el DNU con proyectos de ley que garanticen el espíritu del decreto. En Diputados se respira el rechazo de la herramienta, pero no ahora. Para lograrlo, se necesitan 129 legisladores para habilitar el debate y para votar en contra. Muchos de los que consideran que es inconstitucional no están, hoy por hoy, en condiciones para habilitar la sesión.
Se espera que después de la ley Bases los diputados puedan abocarse al rechazo del DNU amparados en el blindaje de puntos centrales del decreto – gracias a la aprobación del proyecto ómnibus – y ya por fuera de los alcances de las negociaciones de los gobernadores.
Los legisladores que responden a sus mandatarios provinciales no quieren meter ruido al toma y daca entre sus distritos y la Casa Rosada para sacar la mejor versión posible de la ley Bases. Por eso, una vez avanzado el proyecto, esperan poder voltear el decreto para no dejar un precedente tan peligroso, tanto por contenido como por extensión.
El tratamiento de la ley ómnibus se dilató unas horas. Los representantes del pueblo esperaron comenzar con el debate el martes, pero la cita se demoró hasta, en principio, el miércoles. Como el Gobierno tiene la intención de presentar un dictamen alternativo al proyecto ingresado el verano, se descuenta que el trámite parlamentario seguirá el mismo camino que en enero y no involucrará a más de tres comisiones.
La "oposición dialoguista"
En el radicalismo hay una posición muy dura frente al Gobierno. Martín Lousteau volvió a plantear que el DNU es inconstitucional y varios legisladores cuestionaron la delegación de facultades, reformas del Estado y privatizaciones, por mencionar algunos puntos en tensión. Este lunes, además, Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Marcela Coli y Manuel Aguirre impugnaron los dos candidatos de Javier Milei a la Corte Suprema. Los diputados, además, le pidieron al senador una reunión del Comité Nacional para tratar el tema.
“Estamos haciendo lo que hay que hacer”, confió una fuente de la UCR para describir la confrontación creciente entre la dirigencia del partido y Milei. Lousteau tiene la intención de mostrar una jefatura boina blanca bien contraria a las ideas del presidente, más allá de las posiciones que otros colaboracionistas centenarios puedan adoptar.
Hacemos Coalición Federal es, junto a Innovación Federal, una de las llaves mágicas para el Gobierno. En el bloque comandado por Miguel Ángel Pichetto hay dos posiciones. Una, mayoritaria, tiene la intención de acompañar la ley ómnibus en general y plantear modificaciones en particular. Algunas de ellas ya se hicieron, en parte fueron tomadas y en parte no.
MÁS INFO
La otra posición repetirá lo hecho en el verano. Los socialistas tienen la intención su propio dictamen de comisión en función del nuevo texto Bases y, con eso en mano, no acompañar el proyecto en general pero, una vez abordado el debate artículo por artículo, introducir modificaciones amparándose en la necesidad del gobierno de sumar votos. “Van a volver a pasar calor”, se resumió. "El gobierno sabe que no tiene los votos", dijo otra fuente. Sin embargo, el análisis del poroteo varía entre los que van a colaborar y los que prefieren no hacerlo.
Hay puntos conflictivos para el gobierno. Los socialistas comparten con la Coalición Cívica y cierta porción de la UCR un interrogante preocupante sobre las emergencias declaradas y la delegación de facultades. No quieren que Milei tenga vía libre para hacer lo que le de la gana. En el caso de los santafesinos, por ejemplo, no quieren avalar la fusión o eliminación de áreas creadas por ley como el INCAA, el INADI o el instituto del Teatro.
También hay objeciones sobre el tema privatizaciones. El libro cerrado no convenció a los más críticos, si bien el oficialismo redujo la lista de empresas estatales y no avaló la entrega total de todas ellas. Quieren, una vez más, que se mande pliego por pliego para debatir cada caso en particular y que cada uno pague el costo político que tenga que pagar.
Más tensión
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tampoco generó adhesiones. Al flexibilizar las importaciones, las provincias con industria nacional orientada a, por ejemplo, los hidrocarburos se verían perjudicadas.
Por si fuera poco, Ganancias tampoco apareció como una cuestión cerrada. En reuniones con los bloques, el gobierno comunicó un mínimo no imponible de bolsillo de $1.800.000 pero, a las pocas horas, lo bajó hasta $1.200.000. Así como está, pareció difícil intentar una reintroducción del tributo por lo que se confió en que habrá modificaciones para, al menos, subir la base inicial.
En este proceso, a diferencia del verano, se vio un intento gubernamental por hacer las cosas bien, con más diálogo. Pero la experiencia de Ganancias no revirtió la falta de confianza en el Ejecutivo. Los más críticos quieren diseccionar aún más el proyecto y que algunas cosas se trabajen aparte, como pueden ser los fideicomisos, dado el temperamento y la forma de ejercer el poder del presidente.
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