Los problemas que desnudaron los cambios a la Ley Bases y pacto fiscal

El radicalismo apoyó una hoja de ruta que hizo sonar la alarma en el Senado. No todos tienen la misma posición sobre los cambios a aceptar o rechazar, algunos manejan bronca con los representantes de las provincias y otros los escuchan.

21 de junio, 2024 | 00.05

Las negociaciones por los cambios a la Ley Bases y el paquete fiscal desnudaron dos problemas. Por un lado, el incumplimiento de algunos acuerdos políticos improvisados, individuales y a las apuradas entre el Gobierno y ciertos senadores para conseguir el voto de oro, el necesario para lograr la sanción de la ley. Por el otro, la desconexión en la UCR. El partido no pactó en conjunto entre ambas Cámaras y ahora una de ellas está a tiro de rechazar las modificaciones.

El blanqueo y la moratoria, así como los cambios al RIGI, forman parte de un acuerdo con la Casa Rosada que no se va a romper. Al menos ese es el punteo que trabajaron los dialoguistas con el Ejecutivo en las últimas horas. Sin embargo, sí se habló de restituir Ganancias y Bienes Personales, ambas dentro del paquete fiscal, porque llegaron con dictamen de comisión y fueron rechazados en el recinto, no eliminados previamente.

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En la UCR, el bloque dialoguista que motorizó cambios, las posiciones no son uniformes. Hay enojo, de un sector, con los senadores que rechazaron Ganancias y le tiraron el fardo a Diputados para pagar el costo político, dejando a los gobernadores también en un escalón incómodo, señalados por el gobierno como los responsables del regreso del tributo. Otro sector, sin embargo, se detuvo a escuchar lo que plantearon los colegas de la Cámara Alta.

“Lo de privatizaciones está complicado, nuestro bloque de Senado dijo que hubo un acuerdo sobre eso para que la ley saliera” aprobada, sostuvo una fuente parlamentaria de Diputados. Pero no es la postura de todos. De hecho, uno de los que deberá votar la semana que viene se mostró “chocho” por el regreso de ciertas empresas a la grilla de compañías estatales a privatizar. 

Estos conflictos, a la hora de definir un sentido común del voto, se deben a dos cuestiones fundamentales. La primera, que es un problema del gobierno, no de los legisladores, hace referencia al acatamiento de los pactos políticos. “Si no respetan los acuerdos que hicieron con los senadores y vuelven para atrás, van a tener la ley ahora, la que quieren, pero no van a aprobar (otra) nunca más”, advirtió una fuente parlamentaria.

Sería, una vez más, una promesa incumplida por parte de las autoridades. Pero, al ser un problema de la Rosada, poco le importa a quienes no se sintieron alcanzados por los acuerdos políticos. Por eso, hay quienes están muy contentos con el regreso de algunas privatizaciones y con la reincorporación de la discusión de Bienes Personales para darle sentido al blanqueo de capitales. 

Con la discusión de Ganancias, muchos diputados decidieron no acompañar la eliminación de la cuarta categoría el año pasado. Es la posición, por ejemplo, de Martín Tetaz, una de las referencias económicas del bloque. Él rechazó el proyecto enviado por Sergio Massa y no acompañó su restitución. Así, le tiró la responsabilidad al gobierno dado que, hace unos meses, fue el propio Javier Milei el que dio su voluntad positiva a la quita del tributo para los trabajadores. 

La otra cuestión a destacar es la falta de trabajo conjunto entre los senadores y lo diputados. Algunos de quienes deben que definir el futuro de las leyes la semana que viene tienen bronca con los representantes de las provincias, puntualmente sobre Ganancias. Se leyó que, para quedar bien, votaron su eliminación mientras, en forma contradictoria, piden fondos coparticipables para sus provincias. El costo político volvió a estar sobre la mesa, ahora intra partido. “¿Por qué no respetan ellos los cambios que negociamos nosotros?”, se preguntó un diputado boina blanca.

El problema es que las negociaciones en el Senado parecieron ser más personales que de conjunto. Los acuerdos fueron hechos individualmente, cada uno pidió lo que consideró necesario y así se construyó un Frankenstein. Esto se debió a que la votación, al ser tan ajustada, no podía definirse más que por un voto. Cada voluntad pasó a valer oro, y por eso se avanzó con cada senador prometiendo lo que hizo falta para conseguir la aprobación.

A los gobernadores, en tanto, “solo les importan los recursos” económicos. Quieren Ganancias, no tanto Bienes Personales. Pero es una solicitud también de Nación, algo que la Rosada no cuenta, adjudicándole el problema sólo a los mandatarios provinciales. Los acuerdos de los territorios también pesan sobre los diputados que no quieren poner en riesgo la recaudación de Nación para mantener las obras en sus distritos. 

En esta discusión no está presente el debate jurídico sobre los artículos que el gobierno quiere resucitar. La posición del oficialismo y aliados sobre este dilema es clara. Martín Menem compartió una nota que el abogado Carlos Laplacette publicó en Infobae, donde explicó que, para él, “el rechazo en general (de una ley) equivale al rechazo total (especificado en el) del artículo 81 CN; el rechazo en particular, en cambio, nos sitúa en ámbito de las correcciones o enmiendas. Lo ocurrido en el Senado se encuentra dentro de la segunda hipótesis”. 

La Libertad Avanza, por lo tanto, no respetará la posición de conocedores de las leyes como Andrés Gil Domínguez, Raúl Zaffaroni o el ex juez y actual diputado de la UCR, Fernando Carbajal. Todos ellos entendieron que el rechazo de una de las dos Cámaras inhabilita el tratamiento de ese apartado del proyecto por un año. El oficialismo sostiene, sin embargo, que la supresión de los artículos es un mero cambio y, por lo tanto, puede revertirse.