"No aceptamos una política extorsiva", avisó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, respecto al ofrecimiento del gobierno de Javier Milei para que le aprueben el combo DNU-ley ómnibus en el Congreso. Si los gobernadores consiguen que los legisladores las voten, el Ejecutivo aceptará cargar con el costo político de reponer el impuesto a las Ganancias para los trabajadores, eliminado por decisión del Congreso hace unos pocos meses.
Pero la mayoría no quiere saber nada con esa reposición y ya plantearon que el agujero fiscal que sufrieron sus cuentas debe ser reparado con la coparticipación del impuesto al Cheque y del impuesto Pais. Y menos todavía quieren verse sometidos respecto a esa especie de chantaje de un gobierno políticamente débil, sin gobernadores ni bloques legislativos de importancia, que -entienden- debería cortejarlos en vez de amenazarlos. Esa mirada es compartida en Unión por la Patria, pero también por mandatarios de Juntos por el Cambio y de partidos provinciales, como quedó demostrado en el comunicado que ayer emitieron los patagónicos.
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La situación es atípica porque los gobernadores sienten que ni siquiera tienen un interlocutor adecuado, algo que sufren también otros actores del poder político como la CGT. Tienen diálogo frecuente con el ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien le cortaron atribuciones antes de asumir cuando le quitaron el manejo de los fondos discrecionales que el Ejecutivo envía a las provincias. Milei se los transfirió al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que avisó que se reducirían al mínimo. Es decir, los gobernadores hablan con Francos de sus problemas coyunturales -por ejemplo, ayer hizo una declaración sobre el manejo del fuego en el sur- pero le faltan herramientas para hacer política y negociar.
Es más, Francos llegó a admitir ante alguno que se le quejó por no haberle adelantado contenido de las propuestas del Ejecutivo, que él no formaba parte de la mesa chica del Presidente, por lo que no estaba al tanto de esos detalles, ni tenía influencia como para realizar modificaciones. En definitiva, perdió bastante encanto como interlocutor para los gobernadores, jugadores políticos de peso por más necesidades económicas que tengan.
Los jefes provinciales tuvieron un encuentro de presentación con Milei en la Casa Rosada, donde les repitió en reiteradas ocasiones "no hay plata" para cubrir las demandas que les planteaban. Con todo, los mandatarios se fueron satisfechos con que al menos los habían convocado y escuchado. A partir de ahí se encontraron con todos hechos consumados, entre las más de 300 leyes que deroga y modifica el DNU y los más de 600 artículos de la ley ómnibus. Para la redacción no recibieron ninguna consulta, ni siquiera cuando se trata de producciones regionales. No sólo eso, sino que reciben la persistente advertencia posterior de Milei acerca de que deben votarle las normas cuando antes, bajo el riesgo de ser responsables de cualquier estallido económico que pudiera ocurrir.
Quintela fue el primer gobernador en presentarse ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad del DNU. "Nuestros legisladores van a rechazar de plano esta política extorsiva", adelantó ayer en diálogo con El Destape Radio. Reiteró que la mayoría de los gobernadores no quería que se volviera a aplicarle el impuesto a las Ganancias a los trabajadores sino que pretenden que sea el Estado quien ceda recursos coparticipando gravámenes como el que se cobra a los cheques y a la compra de dólares. Además, reclamó que se pusieran en marcha áreas claves de la administración para tener certezas sobre la política educativa, de salud, de obras públicas o servicios públicos, oficinas por ahora vacías o mudas.
Los mandatarios de Unión por la Patria participaban de una reunión con los bloques legislativos en el Congreso cuando se enteraron del ingreso de la ley ómnibus. Plantearon una oposición clara a la avanza desreguladora de la Rosada. “En la provincia de Buenos Aires ganamos las elecciones con posicionamientos firmes en defensa de la producción, la educación y la salud: tenemos muy claro que debemos defender nuestra industria ante las políticas económicas del Gobierno Nacional”, sostuvo el bonaerense Axel Kicillof en su mensaje de fin de año.
Pero el rechazo de los gobernadores de Unión por la Patria y de sus legisladores podía darse como un hecho, más dudas había acerca de la posición de las demás fuerzas opositoras: el radicalismo, el macrismo y partidos provinciales. Varios de ellos habían firmado el petitorio por la coparticipación de los impuestos al cheque y Pais, en cuya redcción participó el macrsita Rogelio Frigerio, pero ese reclamo ya tiene unos días. Algunos manifestaron su rechazo a los artículos que afectan productos regionales aunque avalaron la dirección general de las propuestas como el mendocino Alfredo Cornejo, muy cercano a Patricia Bullrich. "Lo de los hidrocarburos es claramente inconstitucional", sostuvo. En todas las provincias hubo quejas por la suba de las retenciones a la producción local que Sergio Massa había quitado.
Pero la sorpresa vino ayer por lado de los patagónicos que sacaron un duro comunicado con el título: "En defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera". Entre los firmantes hay dos que pertenecen a partidos provinciales -el neuquino Rolo Figueroa y el rionegrino Alberto Weretilneck-, un sindicalista -el santacruceño Claudio Vidal-, uno del PRO -el chubutense Nacho Torres- y uno de Unión por la Patria -el fueguino Gustavo Melella-.
Estos mandatarios de diferentes procedencias coincidieron en rechazar varios puntos de la ley ómnibus que, de ponerse en marcha, "tendrán consecuencias devastadores para la totalidad de la industria pesquera de nuestras provincias, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica". Mientras Milei se mantiene en su intransigencia y falta de diálogo, de a poco empieza a conformarse una masa de descontento entre los opositores, aún en aquellos que consideran que "no se deja ayudar".
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