La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Abordaje Integral del Crimen Organizado, denominada "ley antimafia". Al igual que el proyecto de regularización de la tenencia de armas de fuego, este expediente fue impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El expediente del oficialismo fue aprobado por 137 votos a favor y 92 en contra. El expediente pasará al Senado.
"Todos los paises que sintieron el terror de tener a estas organizaciones generaron legislaciones que le permitieron defenderse", señaló la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, que ejerció de miembro informante del dictámen de mayoría.
Según planteó, el proyecto propone "desalentar la integración de estas organizaciones porque se aumenta y comparte las penas", "sacarle los fondos de manera anticipada", "ampliar las órdenes de allanamiento e interceptar comunicaciones de los miembros de la banda", "bajo órdenes judiciales" y establecer una "colaboración interjurisdiccional".
Unión por la Patria insistió con un dictámen de minoría, en el que proponían el rechazo. "En los articulos no hay una referencia a la mafia, por lo que no es lo que se ha querido regular. Estamos frente a una ley ni ni, porque no es una mafia ni una organización criminal o asociación ilícita", planteó el diputado nacional Ramiro Gutiérrez.
"Le queremos dar superpoderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza Congreso, con brutales actos de represión injustificados y la detención de 34 personas inocentes, acusados de terroristas y golpistas", se preguntó el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés, aludiendo a Bullrich.
También exhibió una foto del gas pimienta, recordando que las fuerzas de seguridad de Bullrich reprimieron a una niña de 10 años durante el tratamiento del aumento a jubilados.
"Si los fiscales quedan sueltos, es dificil trabajar. La demostración de la fiscalía antimafia italiana demuestra la consolidación de equipos especializados contra estos delitos", planteó el jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, que, más allá de cuestionamientos, respaldó el proyecto. En ese contexto, se preguntó: "¿Por qué hay narcos que le dan juicios abreviados?".
El proyecto aprobado estipula que "la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial, en los términos de esta ley, la que deberá ser declarada por la autoridad judicial competente"
Una vez declarada esta necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden "detener a una persona hasta por cuarenta y ocho (48) horas por una averiguación por la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 2º con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente" en el caso de que "la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia trasnacional, la detención tendrá una duración máxima de quince (15) días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial".
Otro de los puntos que aparece en el artículo 6, señala que se podrán "interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley" y se aclara: "si la urgencia lo justificare, con el fin de no malograr una pesquisa, se podrá continuar la cadena de interceptaciones que surjan de las comunicaciones previamente interceptadas, con autorización del Ministerio Público Fiscal y dando noticia inmediata a la autoridad judicial competente, a disposición de la cual debe ponerse la pesquisa dentro de las veinticuatro (24) horas".
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