La marcha en defensa del financiamiento universitario mostró una importante transversalidad, no sólo social sino también política. En las calles del Congreso de la Nación se pudo ver a dirigentes sociales, del peronismo, del radicalismo, de la Coalición Cívica e, incluso, algunos del PRO para apoyar el reclamo de la educación pública. Hoy, el presidente Javier Milei no tiene garantizados los 87 votos necesarios en Diputados para blindar el veto total.
La UCR, según manifestaron tanto Martín Lousteau como Martín Tetaz en diálogo con El Destape, está preparada para defender el financiamiento de las universidades. Los 33 votos boina blanca deberían mantenerse a favor de la educación, a diferencia de lo que sucedió con la movilidad jubilatoria, cuando cinco legisladores se dieron vuelta y pasaron de apoyar la mejora en los haberes a sostener el veto presidencial.
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En Encuentro Federal, los 16 diputados que maneja Miguel Ángel Pichetto también se manifestaron abroquelados detrás del sostenimiento de la ley aprobada por el Congreso hace sólo unas semanas. De hecho, en la marcha se pudo ver al socialista Esteban Paulón, pero también a Nicolás Massot y a Emilio Monzó que sostuvieron, en todos los casos, que van a bancar la norma sancionada por el parlamento.
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Otro de los sectores clave por su predisposición al diálogo es el de Innovación Federal de fuerte ascendente provincial. Se trata de ocho votos importantes para definir el destino del veto de la Casa Rosada. Tres de ellos, salteños, ya se expresaron en favor de insistir con la ley. Los otros cinco todavía no se pronunciaron y se supone que lo harán más cerca de la fecha de la sesión, que se estima podría ser el miércoles que viene. Se trata de misioneros y rionegrinos cuyos gobernadores, hasta el momento, practicaron una buena relación con el gobierno y esta será una prueba de fuego.
La Coalición Cívica también estuvo presente en la marcha. Elisa Carrió fue parte del grupo que concentró en el Palacio Pizzurno. Otros seis votos centrales para rechazar el veto de Milei.
Según se confió desde una banca dialoguista, el gobierno hoy no tiene garantizados los 87 votos para sostener el veto y por eso empezó a presionar discursivamente a algunos sectores que podrían contribuir con esa misión. Probablemente, se interpretó, no vaya a buscar voluntades positivas a la medida presidencial, sino ausencias, reducir la cantidad de presentes que estén a favor de insistir con la ley.
El PRO, otra historia
En el PRO la situación es un poco más complicada. El macrismo tiene dos banderas que, en este momento, se cruzan y se contradicen. Por un lado, más allá de las diferencias que pueda tener en la discusión con el peronismo, el partido amarillo está a favor de la educación pública y de la universidad pública, pero también está a favor del ordenamiento de las cuentas y del déficit cero. Son dos discursos que no pueden convivir en la discusión a la que se abocará el parlamento.
En el PRO se está trabajando para conseguir votos en favor del veto, tanto dentro del propio bloque como en otros espacios. Sin embargo, aparecieron dos argumentos que hacen difícil obtener un resultado positivo para esa tarea. Uno de ellos indica que el conflicto salarial universitario se podría resolver con muy poco dinero. Representa solo el 0,14% del Producto Bruto Interno.
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El otro argumento sostiene que el gobierno debería empezar a trabajar más y dar la cara en este tipo de negociaciones. Si no, pareciera ser que siempre son los macristas los encargados de hacer el trabajo sucio. A eso se le suma que corren serios riesgos de perder la votación. ¿Cuál es la ganancia política de semejante movimiento?
El PRO no tiene resuelto lo que va a hacer con el veto presidencial y probablemente haya una nueva división. El larretismo ya se mostró en favor de sostener el financiamiento universitario y si bien habrá otros que decidan que es necesario seguir apoyando al gobierno para que le vaya bien, puede haber más fisuras.
El gobierno no pudo, no supo, no quiso resolver el conflicto universitario antes como se lo venía advirtiendo el partido de Mauricio Macri. Lejos de no escalar un conflicto de estas características en la previa, el Gobierno profundizó la confrontación intentando construir un nuevo enemigo, no la educación sino los sindicatos, con números falsos que ni los más amigables consideraron serios.
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