Los tiempos del debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados se estiran en el segundo día de sesión y los legisladores ya dudan de que pueda llegar a votarse este jueves, incluso en general. En paralelo, siguen las negociaciones por los artículos en particular, con las privatizaciones como el punto más álgido.
La cuestión pasa por la larga lista de oradores, que se fue alargando con el correr de las horas. Mientras que ayer, en el cuarto intermedio, quedaban 115 diputados por hablar, hoy al mediodía ese número se había ampliado a 142, y a 168 contando las cuestiones de privilegio concedidas previo al inicio del debate de la ley propiamente dicha. La mayoría de ellas, de protesta contra el operativo de seguridad montado por la ministra del área, Patricia Bullrich, ayer frente al Congreso, que terminó con varios manifestantes detenidos.
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De este modo, los tiempos no dan para que se vote en general antes de las 2 de la mañana. En verdad, dado que cada diputado suele estirar su discurso más de los 5 minutos reglamentarios, informalmente calculan que la votación no podría ser antes de las 4 de la madrugada.
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En este marco, desde los bloques no oficialistas, ya sea de la oposición frontal de Unión por la Patria como de la oposición dialoguista del PRO o Hacemos Coalición Federal, apuntan a que es probable que haya un cuarto intermedio antes incluso de la votación en general. En cualquier caso, el tratamiento y la votación en particular quedarían para mañana o quizás, apuntan algunos, para el fin de semana.
Mientras todavía no aparece el expediente final a votar, siguen las negociaciones tras bastidores para terminar de negociar algunos puntos álgidos, sobre todo las privatizaciones. Se especulaba con que alrededor de las 15 horas iniciaría el encuentro de los referentes del blolque PRO con referentes de La Libertad Avanza. Hasta ahora, otros bloques no habían sido invitados al convite, pero desde la UCR y desde Hacemos Coalición Federal se mostraban dispuestos a asistir ante un eventual llamado del oficialismo.
El PRO es, por el momento, el bloque más predipuesto a acompañar, aceptando votar a favor de la ley en general aun sin acuerdos en particular. Desde otros bloques dialoguistas ya anticipaban que no sería la primera vez que se llegue a una votación en particular sin preacuerdo, resolviéndose in situ y en vivo qué postura prevalece numéricamente.
Por supuesto que, en definitiva, una cosa tiene que ver con la otra, y la visión prevaleciente es que La Libertad Avanza va a intentar manejar los cuartos intermedios y sus tiempos según los acuerdos que logre hacer en paralelo, para no tener que llegar a la votación en particular sin seguridades.
En el tema de las privatizaciones sigue sin haber un consenso claro entre el oficialismo y la oposición dialoguista. Es decir, no se sabe qué postura terminará imperando. Si la de simplemente quitar varias empresas del listado (empezando por el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica, además de obviamente YPF), la de que deba luego aprobarse la privatización final empresa por empresa o la de que la aprobación deba surgir de una bicameral.
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Los acuerdos sobre este punto se complican porque ni siquiera hay postura unificada dentro del interbloque Hacemos Coalición Federal. En el PRO, por su parte, se hacen menos complicaciones y asumen que la ley podría salir simplemente sacando algunas empresas de la lista.
El bloque que conduce Cristian Ritondo también están conformes con el sostenimiento de las delegaciones al Poder Ejecutivo en las seis materias que quedaron: económica, financiera, energética, tarifaria, administrativa y en seguridad. En la UCR, en cambio, todavía tienen dudas sobre esta última, sobre todo por la superposición de jurisdicciones entre fuerzas nacionales y provinciales.
La otra terminal de negociaciones es la de los gobernadores. Todavía persisten algunas dudas sobre si habrá más cambios en el impuesto PAIS, ayer retirado del proyecto o la ley de hidrocarburos, entre otros puntos. En ese marco, de la oposición dialoguista surgió la versión de que el Gobierno podría dar a conocer, en las próximas horas, un nuevo paquete fiscal a tratar en el Parlamento más adelante y de forma separada, con el objetivo de asegurarse el apoyo de los gobernadores y de evitar posteriores sorpresas cuando el proyecto pase al Senado.
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