En los últimos años y ante las consecuencias del cambio climático, los humedales del país y del mundo sufren fuertes presiones ante el avance del sector minero, forestal y de la ganadería industrial. Los incendios juegan un rol preponderante por el avance del fuego. Ante esta situación, desde el Frente de Todos volvieron a impulsar la Ley de Protección de Humedales.
Un nuevo proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados, con la propuesta de adaptar algunas prácticas de los agricultores, como la quema y la cosecha, a "pautas que sean respetuosas de las capacidades ecosistémicas" de esos sectores clave para la biodiversidad y el ambiente. Fue realizado por el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, integrante del Frente de Todos y se presentó en el Anexo de la Cámara de Diputados, con el respaldo de diversas organizaciones y otros legisladores nacionales.
Es el cuarto proyecto de ley que se presenta sobre el tema desde el 2011. El anterior había perdido estado parlamentario en diciembre último. “Este es un proyecto en el cual todos los sectores involucrados fueron escuchados en audiencias públicas y todos hicieron su aporte", sostuvo Grosso que luego agregó: "Por eso construimos el mejor proyecto de ley y tiene un consenso unánime: desde la ciencia, las organizaciones ambientales, las comunidades territoriales y los sectores productivos”.
"Los humedales tienen una importancia central, son aliados en la lucha contra el cambio climático", señaló el legislador y destacó que se trata de un proyecto "que tiene un gran consenso porque fue producto de mucho debate; cientos de organizaciones, científicos y empresarios aportaron sus ideas para construir el mejor proyecto de ley de protección de humedales".
"Realizamos cuatro audiencias públicas en las cuales expusieron todos los sectores involucrados y, además, conformamos distintas mesas de trabajo entre los distintos actores interesados para que se logre un proyecto uniforme", recordó el diputado.
Tras la presentación el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, señaló que "la iniciativa es necesaria". En este sentido, agregó que "se requiere una herramienta adicional para llevar a cabo una política en materia de humedales. Lo que hemos estado viendo es muchas veces la supeditación del bien común a intereses particulares. La Ley de Humedales tiene que ser un instrumento más de una política pública".
Por el Conicet, la investigadora Maristella Svampa puso de relieve que "la Ley de Humedales apunta a regular en el sentido de que busca proteger. Es una ley que se propone proteger a los humedales, en pos de crear una nueva institucionalidad ambiental que tanto necesitamos".
Entre los diputados presentes, la oficialista Blanca Osuna dijo que "la propuesta tiene una mirada federal sobre la realidad de todos los humedales de la región y su rica biodiversidad, que configuran el 21% del territorio nacional, con definiciones y objetivos concretos en cuanto a su preservación y restauración, su uso racional y sostenible, y el reconocimiento de su identidad y su valor". Además, Mara Brawer, también del FdT, "el proyecto va a lograr la sanción a partir de un voto transversal a todos los bloques, aunque con mayor resistencia de aquellos espacios políticos que representan los intereses de los sectores concentrados de la economía".
El proyecto propone, entre otras cuestiones, penalizar los incendios intencionales en estos territorios, y regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas. Hubo 50 asambleas en todo el territorio nacional en defensa de los humedales: fueron protagonizadas por colectivos y organizaciones en estado de movilización permanente con acciones y movilizaciones en más de 15 provincias del país.
La iniciativa también crea un Inventario Nacional de Humedales, que consiste en un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar.
La sanción de una norma que proteja y regule el uso de los humedales -que representan el 21% del territorio nacional- es reclamada además por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, Amnistía Internacional, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Eco House, entre otras.
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