Diputados dio media sanción al proyecto que expropia Cromañón

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles por unanimidad (207 afirmativos) y dio media sanción, enviando al Senado el proyecto que busca expropiar el edificio donde funcionó el boliche 'República Cromañón', donde murieron 194 jóvenes y centenares sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria. Tras esto, varios diputados se levantaron del recinto y la presidenta Cecilia Moreau dijo que no había quórum para continuar con la sesión y votar sobre las cuestiones de privilegio de la Izquierda.

Además, por amplia mayoría, votó a favor de la reforma a la Ley Nº 27.453 de Integración socio-urbana de Barrios Populares y la de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que contempla beneficios fiscales para los nuevos emprendimientos. En la sesión especial, que se lleva a adelante desde las 13, se debaten otros expedientes consensuados entre el oficialismo y la oposición.

La reforma la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana tuvo sanción por 227 votos afirmativos, que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos sufragios negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio). Ahora, el expediente pasará al Senado,

La iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobada en 2018, prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre. A su vez propone además declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

En la sesión, el diputado del Frente de Todos Lucas Godoy afirmó que “la modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4416 barrios a 5687, prorrogar la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años, declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental por 2 años e incorporar la perspectiva de género”.

Su compañero de banca Federico Fagioli señaló que “esta política surgió del pueblo y de compañeros que salieron a exigir sus derechos", a la vez que agregó que "la integración socio urbana es discutir y pensar cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio, por eso se necesita una planificación a largo plazo”.

El cierre estuvo a cargo de la diputada Natalia Zaracho, que mostró en el recinto su certificado de vivienda. "Cuando no tenés el domicilio, el correo no llega. Tampoco la ambulancia, el patrullero, la escuela, la salud", enumeró la legisladora de los movimientos sociales, añadiendo que "este papel es muy importante".

Cuando hizo uso de la palabra, el diputado del Frente de Todos Juan Marino, además de respaldar el proyecto, reclamó "discutir la situación que se vive en los barrios populares, donde hay hambre y no llegan a fin de mes". En ese marco, entre otras medidas, reclamó que el Ejecutivo otorgue una "suma fija" y se "reabran las paritarias" y al Ministerio de Economía que "instrumente la prestación monetaria extraordinaria".

Del lado de la oposición, la diputada del Pro Silvina Lospennato planteó que “toda la política tiene que hacerse cargo de haber fallado, durante muchas décadas, en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares". En ese sentido, afirmó que "esta es una verdadera política progresista y empareja la capacidad de las personas”.

A su turno, la radical Danya Tavela reflexionó que "la calidad de vida tiene que ver con tener las condiciones para quebrar el círculo de pobreza en el que naciste, tener igualdad de posibilidades, ser libres, tomemos este compromiso y trabajemos para que esta realidad se transforme".

Sobre la iniciativa, la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, destacó que "la actualización de la ley es un paso fundamental para consolidar esta política que está logrando grandes transformaciones a distintos barrios de todo el país con obras de infraestructura y el programa Mi Pieza". Asimismo, marcó que "el poder consolidar esta política con un financiamiento plurianual es un gran desafío, pero sabemos que con consenso como hasta ahora lo podemos llevar adelante para las obras en marcha y las que vendrán".

"Es sumamente importante la reforma de esta ley, por la que peleamos un montón", afirmaron a El Destape desde la Mesa Nacional de Barrios Populares. En ese sentido, esperado que "se sumen estos barrios que se salieron por un decreto", pero que "no se cubrieron en su totalidad". En ese sentido, advirtieron que "hay riesgo de desalojos si se cae la ley".  Además, subrayaron que debe haber una "perspectiva de género" para que "las compañeras tengan prioridad a la hora de discutir certificados de viviendas y propiedades".

En ese marco, desde la Mesa plantearon que "la mayoría de los barrios necesitan mejores condiciones socioambientales", reclamaron que "se contemplen los diez años" para evitar desalojos y alertaron sobre problemas en las tarifas de los servicios en barrios recientemente regularizados, ya que algunos les llegaron "boletas de 50 mil pesos", cifra mayor a los sueldos de quienes los habitan.

Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica con el fin de poder apuntalar las inversiones y desarrollo tecnológicos en las firmas del sector, con el otorgamiento de incentivos fiscales.

El expediente, que pasará al Senado nacional, tuvo 233 votos a favor, que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas, Avanza Libertad, mientras que tres legisladores de izquierda rechazaron el dictamen de mayoría..

El texto establece que las empresas pymes podrán obtener un certificado de crédito fiscal de hasta el 80% (en la primera presentación), 65% (en la segunda presentación) o 50% (desde la tercera presentación) de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica (no operativos) para ser aplicado al pago de impuestos nacionales.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos), dijo que se trata de "un proyecto que se ha trabajado en conjunto para la posibilidad de que el país siga desarrollando la innovación tecnológica". En ese marco, afirmó:"Para poder acortar la brecha que nos separa de los países centrales y desarrolladas, que no es por casualidad sino que es porque han hecho en el momento oportuno inversiones de ciencia y tecnología".

Sobre la iniciativa, precisó: "Se trata de una serie de sustituciones a la legislación vigente, entre otras cuestiones se considera que el límite del 10 por ciento contemplado para pago de tributos nacionales, resulta poco, no solo para países desarrollados, sino para otros de Latinoamérica".

En tanto, el presidente de la comisión de Ciencia, Facundo Manes, (Unión Cívica Radical) señaló que "la ley de innovación tecnológica es uno de los pilares en la materia, sancionada hace 32 años, y las modificaciones son necesarias y constituyen solo una parte de las reformas que requiere el sistema". En cuanto al proyecto, señaló que  "se aumenta el monto del crédito fiscal al 50 por ciento de la inversión y los beneficios no están destinados a empresas o sectores sino a los proyectos y con una serie de exclusiones".

Para Manes, también consideró "importante que el Ministerio de ciencia y tecnología recupera su condición de autoridad de aplicación". En ese sentido, el radical expresó: "Celebro el tratamiento de esta propuesta, ya que es un dictamen con amplio consenso, porque las modificaciones son una ejemplo de lo que debería ser una política de Estado".

Por último, el diputado de Juntos por el Cambio advirtió: "Algunos piensan que la Ciencia se compra cuando uno la necesita, y solo se puede comprar lo que otro país puede vendernos, y nadie vende nada que es clave para su propia capacidad y desarrollo".

Otros temas

Por otra parte, el plenario legislativo debatió el proyecto que propone declarar de utilidad pública y expropiación al edificio donde funcionó el establecimiento "República Cromañón", en el barrio porteño de Balvanera, para convertirlo en un espacio dedicada a la memoria. La Cámara Baja lo aprobó por unanimidad (207 afirmativos) y lo envió al Senado para que se expida.

“Se trata del hecho más luctuoso de nuestra historia democrática reciente, del que el Estado como responsable debe hacerse cargo, no solo de la reparación económica de daños, sino también de una obligación como lo es la reparación simbólica”, planteó desde el oficialismo el diputado Hernán Pérez Araujo.

Por el lado de Juntos por el Cambio, María Luján Rey sostuvo: “Debemos tener en claro qué pasó y por qué pasó, para que no vengan otros funcionarios corruptos, organizadores y dueños de boliches sin escrúpulos, que arrastren a nuestros hijos a la muerte”.

El tratamiento del expediente contó con la presencia en las tribunas de familiares de víctimas de Cromañón. En ese establecimiento, el 30 de diciembre del 2004, en un recital de la banda Callejeros,fallecieron 194 personas y más 1.500 quedaron heridas.

En el primer tramo de la sesión, el plenario legislativo aceptó la renuncia de la diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, quien asumirá mañana como ministra de Desarrollo Social. La reemplazante de Juan Zabaleta destacó "la enorme responsabilidad" que asumirá en el Poder Ejecutivo. "Las convicciones son las mismas y el compromiso con el que asumo mi tarea política y de gestión está intacto", expresó la dirigente de La Plata a través de sus redes.

En lugar de Tolosa Paz, asumió su banca en el bloque oficialista Micaela Morán. Perteneciente al Frente Renovador, la legisladora del municipio bonaerense de Zárate se desempeñaba como subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte y completará el mandato que vence el 9 de diciembre del 2025.

Otro punto del temario será el tratamiento del proyecto que declara de utilidad pública y expropiación a la "Casa Grande", ubicada en Chacras de Coria, provincia de Mendoza; la modificación del nombre del Parque Nacional Traslasierra por el de Parque Nacional Pinas y una reforma a la Ley Nacional del Deporte sobre asociaciones civiles y deportivas superiores.

Por último, se contempla el abordaje de la iniciativa que prevé la obligatoriedad de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en todos los partidos de fútbol de carácter internacional en todos los estadios del país en el que jueguen equipos de la Primera División.

Al inicio de la jornada, la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, informó que por acuerdo parlamentario de los bloques se postergó el tratamiento del proyecto que modifica el Régimen de Contrato de Trabajo sobre el "deber de no concurrencia". También, los legisladores rindieron homenaje al exdirigente socialista Héctor Polino y al exintendente de Corrientes y exlegislador y dirigente del Frente de Todos, Fabián Ríos, fallecidos recientemente.

Con información de Télam