La advertencia de Lousteau, la mala praxis de La Libertad Avanza y la agenda opositora

El Senado y Diputados están desconectados. También lo que hicieron los radicales en la Cámara Alta y lo que se especula harán en la Baja para definir el capítulo final de la ley Bases y el paquete fiscal. Los senadores pidieron, después de que el jefe del bloque en Diputados manifestara su intención de restituir capítulos eliminados, que se respeten las modificaciones trabajadas "con actitud propositiva y en línea con las esperanzas de cambio".

Después de enumerar, en un comunicado, las horas de trabajo invertidas en el debate, los senadores destacaron las "modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de Privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal; al RIGI, con el objetivo de contener e impulsar a las PyMEs y a las economías regionales; y al apartado de Modernización Laboral".

En relación al paquete fiscal, el más polémico, se resaltó la mejora en el apartado del blanqueo de capitales y los retoques impositivos, como Ganancias y Bienes Personales. Por eso, le pidieron a Diputados que "evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva".

El gobierno se reunió con bloques amigos para afinar la postura que le permita corregir los cambios indeseados. En esa línea, en las últimas horas, Rodrigo De Loredo salió con fuerza a marcar su intención de colaborar con las necesidades y demandas del gobierno al asegurar que, si el Ejecutivo lo pide, le darán la resucitación del impuesto a las Ganancias, rechazado en Senado. También se habla de su pretensión por no abandonar ciertas privatizaciones. 

 “Los que no somos parte de ese acuerdo político podemos votar como se nos cante”, lanzó un diputado sobre este escenario y advirtió que quienes “construyeron ese acuerdo político, lo tienen que respetar, porque, si no, después no van a poder aprobar ninguna ley”. Algo de eso se vio en declaraciones de Rodrigo de Loredo en redes sociales.

El jefe de bloque de la UCR aseguró que, en la cuestión Ganancias, "Si ese es el plan económico del gobierno, en buena hora le tenemos que dar esa herramienta, le tenemos que dar esta previsión de recaudación  para que pueda llevar adelante su plan".

Por cumplir algunos acuerdos políticos, el gobierno debería mantener los retoques puntuales, aquellos que fueron aceptados por la Rosada durante la negociación. Esa fue la posición que la oposición dialoguista tomó cuando se reunió, la semana pasada, con Guillermo Francos y Martín Menem en Diputados: sostener lo que fue avalado por el oficialismo y sacar lo que llegó “de prepo”, como la eliminación de Ganancias y Bienes Personales. Como un loop, de vuelta a la discusión jurídica planteada anteriormente.

Más allá de las exigencias, ya está superada la instancia de la Ley Bases en el Senado y ahora se abre la posibilidad, para la oposición, de instalar una agenda parlamentaria propia en lugar de correr detrás de las propuestas del oficialismo. La Cámara Alta está en condiciones de comenzar a tratar la nueva movilidad jubilatoria, con media sanción de Diputados, y éstos tienen en agenda el avance sobre el presupuesto educativo. Por ahora, los tiempos no parecieran apremiar, aunque la falta de cumplimiento de acuerdos políticos, por parte del gobierno, puede ser un condimento interesante.

El macrismo ya entró en el período diferenciación. En los próximos días, aún sin fecha, Mauricio volverá a encontrar a su tropa, con la que habla bastante seguido, para marcar un camino propio. Así como ya se empezaron a impulsar proyectos de interés propio para los amarillos, también comenzó el operativo despegue.

En CNN, María Eugenia Vidal marcó la distancia con el mileísmo. Según detalló la diputada, desde el PRO nunca se planteó “que el ajuste se hacía sin afectar a las personas y que era un ajuste de la casta. Eso lo dijo LLA”. Para la ex gobernadora, la “casta” todavía tiene espacio para ser ajustada, “y está bien” pero, advirtió, “eso no te va a resolver el problema económico de la Argentina”, marcando los límites del discurso oficialista.

En el Congreso, ya empiezan a sonar proyectos propios del macrismo, como la esencialidad en la educación –también en acuerdo con la UCR–, la iniciativa de ficha limpia y la boleta única, que está dormida en el Senado. Pero también otros desde la oposición, como la movilidad jubilatoria.

Además de Unión por la Patria, el otro espacio político que se mostró muy preocupado por construir consensos para lograr avances para los jubilados fue la UCR. Con la intención de quedarse con la victoria simbólica, los centenarios negociaron con el peronismo para llevarse el título en Diputados, pero por ahora, pese a que “su” proyecto fue el que finalmente obtuvo la media aprobación, en el Senado aún no están pidiendo la movilidad.

Se aseguró que el bloque trabaja el tema pero lo cierto es que las comisiones de Presupuesto y Previsión social están comandadas por La Libertad Avanza y por el PRO, no por la UCR como para apurar el tratamiento para llegar al recinto más temprano que tarde. Sin embargo, se espera que su debate no se demore mucho más.

En el caso del presupuesto universitario, el sector de Martín Lousteau trabaja, en Diputados, bajo la cabeza de Danya Tavela. Minutos antes de la sesión que logró el primer acuerdo opositor para mejorar las jubilaciones, los legisladores de la UCR solicitaron un nuevo debate en el recinto para el 3 de julio con la intención de debatir este tema y la restitución del FONID.

En principio, no se apurarán los tiempos sino que se le dará prioridad a esa sesión solicitada también, entre otros, por Rodrigo de Loredo. El tiempo entre el pedido y la concreción de dicho debate permitió avanzar en otros consensos, en este caso con el macrismo, para también dictaminar un proyecto, tanto del PRO como de la UCR, que declare a la educación como servicio esencial.

La intención de los radicales es garantizar el presupuesto para pagar sueldos en los colegios – FONID – y para asegurar el funcionamiento universitario. En ambos casos, en base a determinados parámetros objetivos. Con la limitación del derecho a huelga, la intención es mantener los 190 días de clases con una guardia obligatoria de personal docente y no docente, cuya cantidad se calculará según la cantidad de días que se extienda la medida de fuerza: 30% para una o dos jornadas y un 50% para tres o más.

Sin embargo, el otro debate que se avecina, y que tal vez se lleve las miradas estos días, antes que cualquier discusión en el recinto, se dará en Diputados. Como ya contó El Destape la semana pasada, se desató una batalla jurídica para determinar si los artículos rechazados en el Senado están efectivamente fuera de competencia o si pueden volver a reinsertarse en la Cámara Baja.

Los que consideran que puede restituirse, plantean que la supresión del artículo o capítulo – como el caso de Bienes Personales y Ganancias – es un “cambio” y no un rechazo. Quienes plantean que ya no pueden volver a debatirse esgrimen que ninguna iniciativa rebatida por una de las dos Cámaras debe continuar discutiéndose por el plazo de un año.

El problema fue alertado por Lousteau durante el debate de en el Senado. Se lo dijo a Victoria Villarruel, a Bartolomé Abdala y a Ezequiel Atauche, pero no escucharon. El porteño les explicó que, más allá de que les guste o no la redacción de sus propuestas, si no votaban el artículo incluido en el dictamen de minoría iban a tener problemas en Diputados.

Por supuesto, desde La Libertad Avanza no hicieron caso a esa advertencia y se optó por exponer artículos sin apoyo para que sientan el rigor del rechazo. Esa decisión trajo aparejada una discusión jurídica muy compleja, y fue vista como un capítulo más de la mala praxis legislativa del gobierno. 

No se descarta que al oficialismo le importe poco este debate y que quiera reinstalar segmentos eliminados de la ley. Al tratarse de un sistema parlamentario bicameral, los proyectos, para sancionarse, necesitan de la aprobación de ambas Cámaras, por eso se entiende que los apartados rechazados por una de ella no deberían ver la luz.

Desde la Cámara Baja se aseguró que con la ley Bases no debería haber problemas, pero que sí se mantienen charlas sobre el pacto fiscal, donde están Ganancias y Bienes Personales. Los radicales fueron los que impulsaron la mayor cantidad de cambios y, si bien hubo contactos entre los senadores radicales y los diputados, las charlas más formales con el gobierno llegaron después del paso por el Senado, por lo que no se estableció un pacto para mantener modificaciones.

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