Ante los senadores, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que "no está en la política pública del Gobierno avanzar con expropiaciones" de empresas y destacó que el caso Vicentin se trata de "un rescate" de una firma "que estaba quebrada y que había dejado a miles de familias de productores sin pagarles".
La respuesta fue para la pregunta de la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado. Según la legisladora, las palabras previas de Cafiero dejaron entrever que se podría avanzar en nuevas expropiaciones, algo que desmintió el funcionario.
El 8 de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la cerealera y anticipó el envío de un proyecto de ley para su expropiación.
La decisión busca garantizar la continuidad de la sexta empresa del país por volumen de ventas externas agroindustriales, que representa el 9% del total, y la primera entre las exportadoras del complejo sojero que, para el año 2019, concentraba el 19% del total de exportaciones del país, en el caso de harina y pellets de soja, y el 22%, en el de aceite de soja.
También, tal como lo planteó Fernández, pone fin a la incertidumbre que pesaba sobre las fuentes de empleo de los trabajadores de la firma, unos 2.195 de la industria aceitera, 1.000 de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola y 2.057 de la planta frigorífica.