La visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores condenados por la Última Dictadura Cívico Militar al penal de Ezeiza comenzó escalar y a tornarse un escándalo, a raíz de la falta de repudios y respuestas institucionales por parte del gobierno del presidente Javier Milei y el bloque oficialista.
Ante esa situación, el bloque de Unión por la Patria presentó a las autoridades de la Cámara dos proyectos de resolución para expulsar a los legisladores que fueron a visitar a Ezeiza a los represores, entre los que se encontraban Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason (hijo) y Adolfo Donda.
Uno de ellos plantea que ante estos hechos, se insta al Cuerpo a "proceder a la constitución de una Comisión Especial para evaluar la conducta de dichos diputados, de conformidad lo autoriza el Artículo 188 del Reglamento de esta Cámara y lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional". Luego, solicitar a los bloques políticos Cámara la propuesta de diputados para "la integración de la comisión mencionada, respetando la proporcionalidad de los bloques del cuerpo".
Los legisladores en cuestión son Beltran Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocía Bonacci. El proyecto de resolución sostiene que los motivos de la visita "son contrarios al respeto de los valores intrínsecos de nuestro ordenamiento jurídico y de la vida democrática".
Finalmente, se requiere "establecer que en el plazo de 20 días la Comisión Especial determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande, tanto de los arriba mencionados como de otros que pudieran haber participado, acompañado y/o facilitado recursos". En los considerandos, el expediente del bloque que comanda Germán Martínez marcó que "desde que terminó la última dictadura en Argentina, la sociedad ha mostrado de manera continua una búsqueda en la realización de justicia por los crímenes ocurridos durante ese período".
"Los organismos de Derechos Humanos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares y sobrevivientes lucharon contra la impunidad de los represores. Actos como la detención ilegal seguida de tortura o abuso sexual, la desaparición forzada de personas, el robo de bebés y la manipulación de identidades fueron perpetrados en el marco de la interrupción del proceso democrático. En ese sentido, se han generado políticas públicas para la Memoria orientadas a hacer efectivos el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos", indicaron.
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Desde Unión por la Patria surgió otro expediente, redactado por la diputada nacional Gisela Marziotta, que exige "excluir a los diputados" mencionados, también en base al "artículo 66 de la Constitución Nacional, en razón de sus actividades reñidas al orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos".
El proyecto señala que de comprobarse los hechos sería de "suma gravedad" que "representantes elegidos por elección popular e integrantes de un cuerpo legislativo de la democracia, acuden a la atención y promoción de represores que atentaron contra la democracia y fueron partícipes de crímenes de lesa humanidad que incluyeron secuestros, torturas y desapariciones de compatriotas".
"La doctrina indica al respecto que la expulsión es la medida mas grave que puede tomar la Cámara sobre uno de sus miembros. Que los motivos que dan lugar a esta medida puede ser la comisión de delitos, pero también, según los precedentes de esta misma Casa, las declaraciones públicas, participación en escándalos públicos o privados de trascendencia pública o por desorden de conducta pueden motivar la expulsión", remarcaron.
El proyecto de Marziotta recordó, además, que "también importa recordar medidas similares que tomaron sobre diputados electos que tuvieron responsabilidades en delitos de lesa humanidad", como en el caso de los represores "Antonio Bussi y Luis Abelardo Patti a quienes se le impugnó si diploma por sus antecedentes criminales y no pudieron asumir la banca".
Según se indicó, este expediente cuenta con las firmas de La iniciativa cuenta con las firmas de los diputados y diputadas de Unión por la Patria Ricardo Herrera, Jorge Araujo, Lorena Pokoik, Hilda Aguirre, Blanca Osuna, Jorge Romero, Martín Aveiro, Daniel Gollan, Gabriela Pedrali, Ana María Ianni, Victoria Tolosa Paz, Jorge Antonio Romero, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, Sabrina Selva, Carolina Gaillard, Carlos Cisneros, Roberto Mirabella, Andrea Freites, Ernesto “Pipi” Ali, Eugenia Alianiello, Natalia Zabala Chacur, Roxana Monzón, entre otros.
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Por iniciativa de Benedit, los legisladores fueron al penal de Ezeiza. Pese a que generó bronca en el seno de la bancada de LLA, el legislador por Entre Ríos justificó la visita a los genocidas. El hecho le fue reprochado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por parte del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.
Desde la Casa Rosada, el vocero Presidencial no avaló pero tampoco repudió la visita. “Es una agenda personal de los diputados, además de que por supuesto ni representan la totalidad del bloque ni pertenecen al Poder Ejecutivo, es parte del Poder Legislativo”, respondió.
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